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Los abogados del ex vicepresidente Raúl Sendic presentaron esta semana un recurso ante la Justicia de Crimen Organizado oponiéndose “enfáticamente” a la intervención de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) en la investigación sobre presuntas irregularidades en Ancap.
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El fiscal del caso, Luis Pacheco, solicitó a fines de octubre la opinión del organismo respecto a tres negocios del ente: la triangulación con la empresa Trafigura para refinar petróleo ecuatoriano, el contrato frustrado con Exor para negociar una cancelación de la deuda con PDVSA y la contratación de un remolcador a la empresa Kios.
Para la defensa del vicepresidente, sin embargo, ese organismo está “contaminado” y carece de “objetividad”.En el recurso presentado el lunes 20 ante la jueza Beatriz Larrieu, y al que accedió Búsqueda, los abogados Ignacio Durán y Gumer Pérez cuestionaron que la fiscalía solicite “asesoramiento” a un organismo que “ya se ha expresado negativamente respecto a la conducta ética” de Sendic.
La Jutep se pronunció en setiembre sobre el uso de las tarjetas corporativas de Ancap por parte de Sendic, y sostuvo que incurrió en “violaciones” a las normas de administración de fondos públicos. El dictamen fue incorporado al expediente de Crimen Organizado. “¿Qué objetividad podría tener un ‘asesoramiento’ de la Jutep a la fiscalía cuando esta ya se expresó respecto de la situación de uno de nuestros defendidos?”, plantearon.
Por otra parte, los abogados citaron las declaraciones del vicepresidente de la Jutep, Daniel Borrelli, a medios de comunicación, como muestra de su “animadversión” contra la petrolera y Sendic. En el programa La Mañana de Radio Espectador Borrelli dijo en agosto que “lo de Ancap tiene mal olor”. Y en una entrevista con El Observador publicada en noviembre, declaró que Sendic “mintió” ante la Jutep.
“La Jutep, a través de alguno de sus principales integrantes, ha venido realizando comentarios públicos y se ha expresado negativamente en distintos medios de comunicación respecto de Ancap y de nuestro defendido”, plantearon los abogados, razón por la cual “su ‘opinión’ estará absolutamente viciada, parcializada y, por consiguiente, carente de toda objetividad e imparcialidad a la hora de emitir su ‘asesoría’”.
“Entendemos que un servicio descentralizado, cuyos integrantes han preopinado y lo que es peor aún, han emitido su opinión en un dictamen que forma parte de este expediente, no parece ser el organismo adecuado para emitir una opinión”, sostuvieron en el escrito.
Abengoa.
Por otra parte, el fiscal Pacheco solicitó a la jueza que cite como indagados al senador Leonardo De León y al gerente de Alur, Manuel González, para interrogarlos “acerca de su participación en la suscripción de seis adendas o contratos modificatorios celebrados entre Alur y Abengoa”. En el momento de la firma de las adendas, De León presidía la subsidiaria de Ancap y González era el gerente general.
Abengoa ganó una licitación para construir una planta de bioetanol en Paysandú con una oferta de US$ 88 millones, aunque el costo de la obra finalmente ascendió a US$ 147 millones. El procedimiento fue cuestionado por otras empresas y fue analizado por la Comisión Investigadora del Senado que estudió los negocios de Ancap, aunque luego Unidad Popular fue el único partido de la oposición que incluyó la construcción de la planta en su denuncia en la Justicia.
En el marco de la investigación, el fiscal comenzó a interesarse por las modificaciones en el acuerdo inicial firmado entre Alur y Abengoa. El 10 de octubre el juzgado envió a Ancap un oficio en el que preguntó si la empresa tenía “antecedentes relacionados con los seis acuerdos modificatorios al contrato de diseño, suministro, construcción y puesta en operación comercial llave en mano de una planta de producción de bioetanol”.
También preguntó si hay actas o resoluciones del directorio en las que se hubieran “discutido o comunicado negociaciones” con la licenciataria para cambiar los contratos, y si el directorio o la gerencia general solicitaron informes jurídicos sobre los acuerdos modificatorios con Abengoa.
Algunos de los cambios del contrato resultaban más beneficiosos para la empresa privada que para Alur, dijo a Búsqueda una fuente vinculada al caso.
