En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
¡Hola !
En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
+
Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad
Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.
Suscribite a Búsqueda
DESDE
UYU
299
/mes*
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
¡Hola !
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
El ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, envió al Parlamento y al Ministerio del Interior dos informes según los cuales el proyecto de “ley orgánica policial” contiene artículos que chocan con la Constitución, según lo confirmó el propio jerarca a Búsqueda.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
Fernández Huidobro remitió los documentos hace aproximadamente tres semanas, luego de que mantuvo reuniones por separado con los comandantes en jefe del Ejército, Pedro Aguerre, y de la Fuerza Aérea, Washington Martínez.
En ambos encuentros, los jefes de las fuerzas de tierra y de aire coincidieron en manifestar su inquietud sobre el “alcance” de algunas de las disposiciones incluidas en el proyecto de ley que ya está a estudio del Poder Legislativo, y que a su juicio podrían implicar superposiciones de responsabilidades.
Por otra parte, Aguerre y Martínez compartieron con Fernández Huidobro su “preocupación” por el carácter “inconsulto” del proyecto, dado que antes de remitirlo al Parlamento no se les concedió posibilidad de emitir opiniones y de esa forma subsanar lo que consideran inconstitucionalidades antes de su ingreso al Palacio Legislativo, dijeron por su parte otras fuentes del ámbito de Defensa que consultó Búsqueda.
Fernández Huidobro estuvo de acuerdo con los planteos de los jefes militares. Sobre esa base, explicó, fue que decidió enviar informes a la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Diputados y al propio Ministerio del Interior, en los cuales se advierte sobre la “posible colisión” entre el proyecto y algunas disposiciones constitucionales.
Uno de los ejes de la controversia es el artículo cuarto del proyecto de ley, donde se enumeran los “cometidos de la Policía Nacional como Policía Administrativa”.
Entre ellos se encuentran: “participar en los operativos que determinen las autoridades competentes en casos de grave riesgo, catástrofe o en materia de protección del medio ambiente y recursos naturales; efectuar la vigilancia aérea, utilizando el espacio aéreo exclusivamente para tareas de observación y apoyo a las operaciones policiales en tierra, de conformidad con el ordenamiento jurídico internacional y nacional que rige la materia y la reglamentación que al respecto se dicte; combatir al terrorismo, así como los delitos y crímenes de lesa humanidad, promoviendo el respeto por los derechos humanos”.
Estos puntos podrían, a juicio de Defensa, implicar una superposición imprecisa de misiones entre la Policía y las que en la actualidad ejercen las Fuerzas Armadas o incluso su concentración exclusiva en Interior.
De hecho, en el documento enviado a ese organismo Defensa señala que el Ejército ha adquirido “capacidades” para el combate antiterrorista con el paso de los años, con una unidad especializada con equipamiento e instrucción específicas. En contraste —argumenta— si el combate antiterrorista pasa a ser responsabilidad única de la Policía, eso generaría una “importante asimetría favorable” a quienes pretendan cometer atentados terroristas en el país, explicaron las fuentes.
En el artículo 7 del proyecto se dispone: “Para el cumplimiento de su función, la Policía Nacional podrá requerir la colaboración del resto de las autoridades y funcionarios públicos, quienes deberán prestarla de conformidad. Las personas y entidades que ejerzan funciones de vigilancia, seguridad o custodia, referidas a personas, bienes o servicios, conforme a la normativa vigente, deberán colaborar con la Policía Nacional en el cumplimiento de sus cometidos”. Según las fuentes, el Ministerio entiende que este artículo podría traducirse en una eventual subordinación militar a la Policía, lo que a su juicio también es inconstitucional.
El último artículo del proyecto, el 93, determina: “Deróganse aquellas disposiciones que se opongan o contravengan a lo establecido en la presente ley”, algo que también preocupa al Ministerio de Defensa y a los jefes militares.
“Flagrante politización”.
Luego de que el Poder Ejecutivo enviara el proyecto al Parlamento, la Comisión Directiva del Círculo Policial, que nuclea a oficiales retirados y en actividad, emitió un comunicado para cuestionar varios aspectos de la propuesta.
El Círculo Policial criticó en primer lugar “la forma arbitraria en la que las autoridades manejaron” la elaboración del proyecto “a espaldas del personal policial”.
En cuanto al contenido, los oficiales denunciaron que el Poder Ejecutivo apunta a la “profundización” de la “flagrante politización de la Policía Nacional que viene llevando a cabo el actual gobierno, afiliándose más al criterio de la Policía de partido, que al de la Policía del Estado, que es donde constitucionalmente nos corresponde estar”.
La organización “rechaza total y absolutamente” la “transformación de la mayoría de los cargos de dirección de las Unidades Ejecutoras de la Policía Nacional, en cargos de ‘particular confianza’, politizando los mismos al habilitar que sean ocupados por civiles y eliminando las legítimas aspiraciones del personal policial de ocupar los mismos, con un criterio profesional y no político”, se afirma en el comunicado.
El Círculo Policial sostuvo que la iniciativa legal incluye un artículo que supone un “nuevo amordazamiento del personal policial” al no permitirles a los policías disentir o criticar públicamente las decisiones de las autoridades sobre “organización, estructura, gestión y políticas”, lo que “se presenta como un sojuzgamiento arbitrario del personal policial.
Consultado acerca de algunos de esos cuestionamientos, el ministro Eduardo Bonomi afirmó que “todos los mandos policiales” elegidos hasta el momento fueron designados por su “capacidad profesional” y no por su militancia partidaria.
“La actual gestión no tiene nada que ver con una policía de partido. Ahora, los partidos gobiernan y en determinado momento son los que conducen el Estado”, subrayó (Búsqueda Nº 1.692).
