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El Grupo Multidisciplinario Técnico y Científico Honorario, creado en 2021 para asesorar al Ministerio del Interior sobre temas penitenciarios y criminales, dejó de trabajar y de proporcionar insumos a esa secretaría de Estado. Fuentes del oficialismo indicaron que, ante el cierre del período de gobierno y el protagonismo de la campaña electoral, el organismo “ya cumplió con sus plazos, propuestas y cometidos previstos”, por lo cual formalmente finalizó su funcionamiento.
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El grupo mantuvo desde el inicio una actividad menor a la que había sido prevista por sus miembros y por el propio ministerio. A fines de 2022 sufrió la renuncia de su coordinadora, Martha Valfre, abogada, psicóloga e integrante del Directorio de la Academia Uruguaya de Investigación Criminal y Ciencias Forenses. Junto con ella se fue Robert Parrado, psicólogo y licenciado en Seguridad Pública.
“Desde nuestra inserción nos hemos encontrado mil inconvenientes que gradualmente han llevado a que el tiempo y la dedicación que brindamos de forma totalmente honoraria resulte desmotivante. Nos hemos sentido al margen de la información necesaria para poder brindar un asesoramiento completo que, aunque discrepa con los intereses de la administración, es el que entendemos correcto” desde el punto de vista profesional, afirmaron en una carta de renuncia Valfre y Parrado, que en simultáneo también abandonaron sus puestos en otra actividad del ministerio relacionada a personas ausentes.
Las fuentes señalaron que la naturaleza honoraria del organismo “agotó” su funcionamiento y provocó intermitencias en la frecuencia de las reuniones, ya que sus integrantes “acumularon cansancio” ante la falta de respuesta a sus iniciativas. También se refirieron a “ciertas dificultades” para trabajar, que incluyeron percances técnicos como el mal funcionamiento de la conexión a las redes de Internet del ministerio para realizar encuentros virtuales.
La creación del Grupo Multidisciplinario Técnico y Científico Honorario se previó en el artículo 87 de la Ley de Urgente Consideración (LUC) aprobada en julio de 2020, que encomienda al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) elaborar una estrategia de reforma del sistema penitenciario. Fue impulsado por el entonces ministro del Interior, Luis Alberto Heber, quien en julio de 2021 concretó su creación y lo denominó de forma coloquial como “una suerte de GACH”, en referencia al comité de expertos que asesoró al gobierno durante la pandemia por el Covid-19.
Originalmente estuvo integrado por Valfre; el comisario mayor Luis Rodríguez de León; los sociólogos María Noel Sommer y Nicolás Trajtenberg; la psicóloga Natalia Bonilla, y Diego Sanjurjo, coordinador de Estrategias Focalizadas de Prevención Policial del Delito, un programa que funciona dentro de Interior con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Además de Valfre, en 2022 renunció Sanjurjo por considerar incompatible sus tareas en el grupo con las del ministerio. Sommer se había ido antes y como reemplazo ingresó Parrado. Trajtenberg fue otro de los que se retiró antes de 2023.
Se trataba en su mayoría de profesionales con un perfil social, técnico y académico. Su labor buscó ofrecer al gobierno una mirada independiente, actualizada y especializada en distintas áreas de la seguridad pública. El trabajo se centró especialmente en la recomendación de medidas alternativas a la prisión. Parte de estos aportes se plasmaron en un informe que derivó en la transformación de la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida (OSLA) en una dirección nacional.
Ese primer informe planteó, entre otros puntos, que las autoridades debían desestimar la creencia de que las penas más duras contribuyen a bajar los delitos. También puso reparos sobre la idea de que la construcción de nuevas cárceles resolvería per se las condiciones de rehabilitación de los reclusos. Por el contrario, el grupo sugirió invertir en medidas alternativas como el arresto domiciliario, la libertad a prueba y las tareas comunitarias. En Uruguay hay más de 20.000 medidas alternativas a la reclusión vigentes.
En marzo de 2023, ya con la Dirección Nacional de Supervisión de Libertad Asistida, funcionando en reemplazo de la OSLA, se realizó la ceremonia de egreso de la primera generación de agentes de Policía formados exclusivamente para desempeñarse en medidas alternativas. Antes, los policías dedicados a esa función provenían directamente del trabajo en cárceles. En aquel evento Heber remarcó que en el ministerio no primaba “la voluntad de reclusión” y dijo que era necesario mantener la inversión en el monitoreo de personas con medidas alternativas para que “no se constituyan en una forma de libertad encubierta”.
Pese a que el ministerio tomó en cuenta algunas de las recomendaciones del GACH sobre medidas alternativas, para esa fecha de 2023 el grupo tenía problemas de organización e integración. Además, Interior estaba en plena promoción de una nueva propuesta en seguridad pública en consulta con todos los partidos políticos con representación parlamentaria, elaborada por Sanjurjo. El proceso de discusión culminó en la Estrategia de Seguridad Integral y Preventiva, que fue apoyada por el actual ministro Nicolás Martinelli y contiene iniciativas como la intervención de líderes comunitarios para desestimular los homicidios por ajustes de cuentas entre bandas criminales.
Aunque el GACH dejó de funcionar, permanece activo otro órgano asesor del ministerio que también fue creado por Heber en 2021. Se trata del Consejo de Política Criminal y Penitenciaria, convocado a instancias del artículo 88 de la LUC. Aunque trabaja de manera autónoma del Ministerio del Interior, está formado por representantes del Estado y no por profesionales independientes. Es presidido desde su comienzo por Lourdes Salinas, subdirectora nacional técnica del Instituto Nacional de Rehabilitación; además lo integran otros dos representantes de Interior, uno del Ministerio de Educación, uno de la Fiscalía General y uno del Poder Judicial.
Este consejo también ha sugerido en sus informes reestructurar la OSLA ante “el aumento progresivo de la población privada de libertad” y las “posibilidades de fortalecimiento de las medidas alternativas a la privación de libertad”.
