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Aquejado del mal de Parkinson, paso muchas horas en mi habitación de la Asociación Española recordando mi ya larga vida y pensando en aquellas personas que durante la misma me ayudaron en difíciles circunstancias que he atravesado a lo largo de mi tránsito por este mundo.
Así, los eminentes juristas Justino Jiménez de Aréchaga, Ramón Valdés Costa y Daniel Hugo Martins. También, los ya fallecidos Dr. Carlos Dubra, exministro de la Suprema Corte de Justicia, y el recordado Gral. Abdón Raimúndez. Ambos me ayudaron en la ardua situación que me tocó vivir tras mi procesamiento por la Justicia militar, en razón de haber cometido un supuesto delito de atentado a la fuerza moral de las Fuerzas Armadas, por haber defendido a Wilson en virtud de calumnias publicadas en el desaparecido vespertino El Diario, el 23 de noviembre de 1979.
Esa misma noche, me detuvieron en mi casa militares subalternos disfrazados de civiles que me llevaron a un cuartel y de allí me sacaron encapuchado para el cuartel del Batallón Florida, actualmente demolido, del cual fui trasladado al hoy publicitado cuartel del Batallón Nº 13, donde estuve detenido entre el 24 de noviembre y el 23 de diciembre de 1979.
Como era de precepto en aquella época nefasta, mi procesamiento por dicho inexistente delito fue comunicado por la Justicia militar a la Corte de Justicia de la época —como se la llamaba en aquel entonces— a los fines de la suspensión en el ejercicio de la profesión de abogado.
Al enterarme de ello, fui a la Corte de Justicia para evitarlo y hablé con sus cinco ministros. Solo tuve éxito con el Dr. Carlos Dubra, que era el único que había sido designado con arreglo a la Constitución. El Dr. Dubra me dijo que mientras él permaneciera en el cargo, no iba a concretarse tal suspensión, para lo cual iba a pedir informes sobre el alcance de mi procesamiento a la Justicia militar. Con ello logró desde el año 80 al 82 evitar que la Corte me suspendiera en el ejercicio de mi profesión. En el año 82, a 10 años de su nombramiento, el Dr. Dubra cesó en su cargo.
El mes de su cese en el cargo dicha Corte de “Injusticia” me suspendió el título, como lo solicitaba el Supremo Tribunal Militar.
Así las cosas, el Gral. Raimúndez, a quien conocí cuando era presidente de la Comaspo y que logró la sanción de la Ley de Partidos Políticos que permitió la celebración de las elecciones internas de los partidos en noviembre de 1982, me vio en Maroñas el 6 de enero de 1984, cuando ya estaba aquejado de la leucemia que lo llevó a la tumba. Díjome entonces que era un manifiesto exceso que yo siguiera procesado por la Justicia militar y que él iba a obtener del Supremo Tribunal Militar el sobreseimiento de mi causa.
Y así lo hizo rápidamente. Gratitud eterna, pues, de mi parte, al Dr. Carlos Dubra y al Gral. Raimúndez.
