Demora en la construcción del Juzgado de Género de Rivera “preocupa” a la Suprema Corte y motiva intervención de Argimón

Desde el Poder Ejecutivo aseguraron que el asunto también inquietó a la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, que intervino en los últimos días para intentar agilizar la gestión. No es la primera vez que lo hace. Argimón ya había actuado durante la discusión del Presupuesto, cuando lideró las negociaciones que obtuvieron los recursos para financiar los juzgados especializados en Violencia de Género. También intervino para obtener el local donde se instaló finalmente el de San Carlos y gestionó las oficinas en las que funcionará el de Rivera.

Mientras tanto, la estación de tren de pasajeros de AFE continúa en funcionamiento normal. Desde allí salen dos frecuencias semanales y viajan alrededor de 30 personas en cada una. Las sedes judiciales ocuparán cuatro habitaciones del edificio. Allí la Justicia tratará las denuncias que competen a los juzgados de Familia Especializada y, en particular, las que se reciben en el marco de la “ley de violencia hacia las mujeres”.

A mediados de octubre de 2021 se firmó el preacuerdo entre el ente ferroviario, el Poder Judicial, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Intendencia de Rivera. Los recursos económicos necesarios estaban asegurados y, en abril de este año, se definieron los trabajos arquitectónicos que se debían realizar, según indicaron desde la SCJ. En el alto tribunal causó malestar el hecho de que transcurrieran cinco meses para que recibieran la versión del pliego a corregir, lo que sucedió la semana pasada.

El ministro de Transporte, José Luis Falero, dijo a Búsqueda que comparte el “apuro” de la Corte por la instalación de los juzgados, que considera una prioridad. Acorde a su relato, la demora se debe a un “tema técnico” de arquitectura.

El director nacional de Arquitectura del Ministerio de Transporte, Santiago Borsari, negó que haya un “atraso”, aunque al mismo tiempo reconoció que se habían comprometido a realizar a mediados de agosto la adjudicación de las obras en la estación de AFE y que incumplieron. El jerarca contó que faltan “trámites”, como una intervención del Tribunal de Cuentas para autorizar el traspaso de dinero de $ 10 millones a la cartera, que es lo que costará la obra en Rivera.

Sin embargo, ese argumento fue desestimado por la SCJ, que indica que hay un convenio intervenido entre el Poder Judicial y el Ministerio de Transporte por $ 200 millones que no fue ejecutado, por lo que no es necesaria otra intervención del Tribunal de Cuentas.

La implementación integral de los tres juzgados de Género tendrá un costo aproximado de $ 25 millones anuales de funcionamiento, más $ 290 millones en sueldos de funcionarios, según indicaron fuentes de la Suprema Corte.

La Ley de Violencia hacia las Mujeres basada en Género, aprobada el 22 de diciembre de 2017, declaró como “prioritaria” la “erradicación de la violencia ejercida contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes” y estableció que el Estado debe “actuar con la debida diligencia para dicho fin”. La norma establece que en las jurisdicciones que no cuenten con juzgados especializados en Violencia de Género los casos les competen a los juzgados letrados de Primera Instancia.

La sede de San Carlos, inaugurada en febrero pasado, fue una de las tres que la Ley de Presupuesto de 2020 estableció como prioridad, junto con la de Rivera y Salto, aunque no incluyó recursos para su funcionamiento. Por esa razón, tanto el Poder Judicial como Inmujeres y la propia vicepresidenta Argimón realizaron gestiones en busca de locales en desuso que pudieran ser cedidos en comodato para poder instalar los juzgados.

Ese mecanismo utilizado provocó que la puesta en funcionamiento de los juzgados fuera más lenta de lo esperado por los actores involucrados.

En Salto las sedes funcionarán en un inmueble del Ministerio de Transporte, del que se está negociando el comodato.

Los tres destinos de juzgados prioritarios en el interior fueron seleccionados según la cantidad de denuncias de violencia doméstica que había dos años atrás. Aunque en Montevideo y Canelones la cantidad de casos es todavía mayor, no existen sedes especializadas ni se previeron en el Presupuesto. La Suprema Corte estima que serían necesarios cerca de 20 juzgados en la capital y seis en el departamento canario para atender la demanda.

El siguiente departamento con más denuncias —detrás de Rivera, Maldonado y Salto— es Paysandú, según las cifras del Ministerio del Interior de 2020. Fuentes del Poder Ejecutivo dijeron a Búsqueda que la vicepresidenta Argimón realizó gestiones en estos días para instalar una cuarta en ese departamento, en un local del Ministerio de Salud Pública.

Desde su aprobación en 2017 la Ley Integral contra la Violencia de Género no logró obtener los recursos necesarios para su aplicación. En la Ley de Presupuesto en 2020 se llegó a un acuerdo entre legisladores de la coalición con el Ministerio de Economía para poder instalar los tres juzgados de Género, tras la intervención de la vicepresidenta, quien reclamó alcanzar una solución. Fue así que el oficialismo decidió una reasignación de recursos para avanzar en el cumplimiento de la ley y de una promesa de campaña.

La directora de Inmujeres, Mónica Bottero, manifestó a Búsqueda que trabajan para que “no solamente se concreten estos tres juzgados, sino algunos otros más”. La jerarca consideró que la “inmensa mayoría de los casos denunciados de violencia doméstica se están dando en el interior del país, al igual que los femicidios”, y destacó que la experiencia en Maldonado es la “prueba más clara” de la necesidad de que existan juzgados de Género en el interior. Según dijo, “en San Carlos están pasando cosas muy buenas”.