Todas las cargas de mercadería en tránsito por el territorio nacional y bajo control aduanero deben llevar un precinto electrónico que reporta información a la Dirección Nacional de Aduanas (DNA). A partir de 2012, cuando dicho organismo puso en práctica esta exigencia como parte del programa “Uruguay tránsito seguro”, cerca de media docena de empresas empezaron a ofrecer el servicio de instalación de los equipos, y una más se quiso sumar al mercado este año.
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Pero el nuevo jugador duró poco: Orobel SA fue homologada por la DNA en noviembre de 2014 para poder instalar precintos electrónicos y en enero pasado comenzó a prestar servicios, aunque dejó de hacerlo tres meses después al quitársele la habilitación debido a “deficiencias en la operativa”, según entendió el Área de Control y Gestión de Riesgo del organismo de contralor del comercio exterior. La empresa inició una acción de amparo —rechazada en mayo por un juez en lo Contencioso Administrativo y que será apelada en estos días—, y en el marco de las audiencias el ejecutivo de una industria declaró que tres firmas que instalan precintos parecen funcionar como un pool. Esa percepción también surgió en otro testimonio de un despachante de aduanas.
Tal “acusación es absoluta y totalmente falsa”, señaló el titular de la DNA, Enrique Canon, consultado por Búsqueda.
En los últimos días también Jovellanos perdió la autorización dado que el Área de Control y Gestión de Riesgo comprobó que esa firma cuenta con “solo cuatro personas” y, por tanto, “no se encuentra en condiciones de cumplir la universalidad del servicio que se exige a los operadores homologados”. La resolución, fechada el 22 de mayo y firmada por Canon, asegura que no se presentaron descargos.
Acción de amparo
En los últimos años el comercio exterior uruguayo mostró gran dinamismo, y marcó récord en volúmenes y montos. La vía terrestre es, junto con la marítima, la más relevante; en todo 2014, por camiones se movilizaron 8.467.508 toneladas de mercaderías por U$S 3.245 millones, conforme a datos de la DNA.
Como parte de su reforma, esa dependencia del Ministerio de Economía implementó el programa “Uruguay tránsito seguro” exigiendo que todos los productos que pasan por el territorio nacional ya sea en contenedores o en camiones enlonados y con carga suelta lleven precintos electrónicos. Esos aparatos con GPS que reportan datos a la DNA, desde orígen a destino, solamente pueden ser provistos e instalados por empresas homologadas y autorizadas por dicho organismo. Se cobra en torno a U$S 170 por cada servicio, en el caso de las distancias más largas, informaron despachantes.
En 2012 fueron habilitadas Easy Mail, Bidafox (Colsa Uruguay), Global Recovery (Lo-Jack), Selefyr y Jovellanos, BodyPal a mediados de 2013, mientras que en noviembre de 2014 se homologó a Orobel.
Esta última empresa inició sus actividades el 5 de enero pasado con un solo corredor de transporte a Rivera, y luego fue incorporando otros, para lo cual contrató personal poco a poco. Cuando estuvo en actividad, hasta que se le quitó el permiso el 6 de abril, había instalado precintos electrónicos a 417 contenedores, 209 enlonados y 29 furgones, según documentación de la empresa proporcionada a Búsqueda.
Orobel perdió la autorización porque, según la Gerencia de Control y Gestión de Riesgo de la DNA, hubo “deficiencias en la operativa de la firma como ser: existencia de cuatro funcionarios para atender el servicio en todo el país; que dicha empresa asimismo está vinculada a personas que ejercen la profesión de despachantes de aduana; que también está vinculada a empresas de transporte internacional de carga; que no posee los dispositivos necesarios para brindar el servicio homologado y además está utilizando personal para la operación de precintado y desprecintado ajeno” a su plantilla.
Orobel promovió una acción de amparo contra el Ministerio de Economía y Aduanas como “único remedio efectivo; todo lo contrario significaría lisa y llanamente el desmantelamiento y la muerte de la empresa, y la pérdida de importantes fuentes de trabajo”, afirmó en el escrito.
Agregó que su actividad “se desarrolló normalmente, incluso todos los clientes elogiaban su eficiencia y jamás existió un incumplimiento u observación de parte de los mismos”. Relató que, sin embargo, a raíz de un servicio solicitado por un despachante de aduanas, la DNA “mal interpretando a esa persona respecto a supuestos incumplimientos” que le atribuye a Orobel, elaboró “actas de lo sucedido” en base a “conversaciones prácticamente informales”, “desvirtuándolas completamente” para dictar la resolución del 6 de abril.
Orobel cuestionó en su acción de amparo por “manifiestamente ilegítima” el retiro de la homologación como prestador de servicios de precintado. Alegó, entre otras cosas, que los incumplimientos que se le atribuyen son “falsos, irreales o no se fundamentan en ninguna normativa”.
Por un lado, señaló que “en ningún momento se reconoce deficiencia en el servicio prestado por la firma, y añadió que no existen normas que indiquen cuál es el personal mínimo con el que deben contar las empresas del rubro. Además, sostuvo que la DNA se basó en una planilla de control de trabajo de agosto de 2014 (cuando Orobel aún no había empezado a operar) para dictaminar que solo tenía cuatro empleados.
Respecto al vínculo de dos despachantes de aduana con la empresa (que luego tomaron distancia formalmente de Orobel), en la acción de amparo aseguró que la normativa no marca ninguna incompatibilidad expresa entre esa actividad e integrar una firma que precinte carga. Desde Orobel se alegó además que nunca se ocultó que esas personas pertenecían a la firma y, de hecho, tuvieron participación directa en la gestión de la homologación. Sus dueños manejan como otro elemento de prueba un correo electrónico enviado por uno de ellos a Canon —integrante de Banderas de Líber, una de las agrupaciones del Frente Líber Seregni— comunicándole que Orobel realizó un aporte para solventar la campaña del Frente Amplio para las últimas elecciones.
En el amparo, alegó asimismo que la normativa tampoco prohíbe expresamente que una firma que realiza el precintado electrónico tenga como empleado a una persona que a su vez administra una compañía de transportes (pese a lo cual también fue cesado por Orobel, atendiendo los cuestionamientos de la DNA).
La empresa rechazó también que haya tenido dificultades técnicas para precintar; eso es “completamente irreal” ya que —asegura— cuenta con 110 precintos y 3.200 metros de lingas.
Además, sostuvo que “no existe una sola prueba en todo el expediente administrativo que tienda a probar someramente que Orobel ha actuado con personal ajeno, (...) salvo que se esté refiriendo a otra empresa que presta los mismos servicios”.
Remarcó que, al quitarle la homologación, se incurre en una “afectación directa a la libertad de empresa y al derecho al trabajo, tanto para con el director y accionistas de la sociedad como de su personal dependiente”, que asegura ronda la veintena. Además, señaló que el castigo máximo aplicado a Orobel carece de “razonabilidad y proporcionalidad”, y plantea que Easy Mail y Bidafox recibieron sanciones más leves cuando incurrieron en incumplimientos graves.
Durante una audiencia en el juzgado en el Contencioso Administrativo efectuada el 15 de mayo, un despechante de aduanas declaró: “Yo contrataba con Easy Mail por lo general. Pero a veces iban otras empresas como Colsa y Lo-Jack, pero siempre manejé todo con Easy Mail; no sé si funcionan en conjunto”.
“Yo tengo experiencia en el trabajo del puerto y veía que se podía complicar el tema de la competencia entre empresas y decidí continuar trabajando con la empresa Easy Mail”, agregó.
“Hay varias empresas que operan en forma conjunta, y yo no tenía la posibilidad de elegir”, testificó por su parte el gerente de compras y logística de Kemira Uruguay, una empresa que produce químicos para la planta de UPM y Montes del Plata, entre otros clientes. “No sé si operan en forma de pool, pero mi percepción es que sí, y sé que se prestan precintos y empleados entre ellos”, añadió.
En la audiencia judicial, el gerente de Control y Gestión de Riesgo de la DNA, Jorge Iribarnegaray, defendió lo actuado respecto a Orobel y Jovellanos, e informó que a una tercera empresa se le revocaría la homologación dado que nunca llegó a operar.
“El marco sancionatorio establecido en el decreto para incumplimiento de las empresas nos ata de manos en cuanto al tipo de sanción a aplicar y la sancion prevista es el cese de la homologación”, reconoció el jerarca aduanero en su declaración ante el juez.
