Entre las celdas del Complejo Carcelario Santiago Vázquez, conocido como Comcar, una epidemia convive con los más de 3.400 presos. En cada uno de los módulos hay varios que la padecen. No es una enfermedad ni una dolencia física: es el analfabetismo. Son cientos los que no saben leer, no saben escribir y que cualquier suma o resta que supere los dedos de las manos les resulta un desafío imposible de superar.
No hay un censo que ponga número a la cantidad de analfabetos, pero el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, estima que el problema alcanza al menos al 15% de los reclusos. Más de 400 personas. En su mayoría arrastran además fuertes adicciones a las drogas, pero piden tomar clases para cambiar su destino. La respuesta que reciben de las autoridades: no hay cupos.
Las historias se multiplican por todo el penal. En la celda 35 del módulo 5, un joven de 25 años hizo primero de escuela pero no sabe leer ni escribir, mucho menos hacer cuentas. En la celda 16 del sector B2 del módulo 8, un hombre de 35 años hizo hasta tercero de escuela, lee y escribe con mucha dificultad y no sabe sumar ni restar. Pidió estudiar y trabajar varias veces, pero no lo consiguió.
En la celda 25 del módulo 5, otro de 28 años no sabe ni siquiera su número de cédula. Nunca fue a la escuela, pero algo lee y las operaciones matemáticas se limitan a contar con los dedos. No sabe hasta cuándo vivió con sus padres, luego fue internado en un centro del Instituto del Niño y el Adolescente, donde nunca recibió visitas. Solo repite frases sueltas de la Biblia. Tuvo varios intentos de suicidio y aunque insiste en que le gustaría estudiar, tampoco tuvo éxito.
En el módulo 11 está preso otro hombre por vender droga. Él consume y sus padres también. Nunca terminó la escuela, donde repitió muchos años mientras su padre cumplía sentencia en la cárcel. Le cuesta leer y escribir. Y en la prisión lleva 14 meses sin hacer ningún tipo de actividad.
El horizonte que proyectan estos presos es desolador. Eso es lo que constata desde hace tiempo el comisionado parlamentario y que lo llevó a dar un paso inédito el pasado lunes 15. Con el apoyo de la clínica de litigio estratégico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, Petit presentó ante el Juzgado Penal de 37º turno de Montevideo una acción de habeas corpus correctivo colectivo contra el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), para obligar al organismo a atender la formación educativa de los reclusos.
El habeas corpus es una acción que quedó establecida en el artículo 351 del nuevo Código del Proceso Penal y que supone un mecanismo de “amparo de la libertad ambulatoria contra todo acto arbitrario de cualquier autoridad administrativa”. También aplica “para la protección de la persona privada de libertad contra tortura y otros tratamientos crueles o condicionales de reclusión violatorias de la dignidad humana”.
La educación es un tema central para la recuperación de los presos y su posterior reinserción en la sociedad. Las normas internacionales sobre derechos humanos que Uruguay ratificó la colocan como “un derecho humano fundamental” que “el Estado promoverá a todos sus habitantes a lo largo de toda la vida, facilitando la continuidad educativa”. Incluso, el artículo 32 de la ley 17.684 define que en las cárceles se debe impartir enseñanza primaria obligatoria a los estudiantes analfabetos y a los que no tengan escuela terminada.
En su último informe anual, Petit lo identifica como un foco que se debe atender en forma urgente, porque “para buena parte de los internos del sistema, la privación de libertad se vuelve un espacio de tiempo sin sentido”. Y tarde o temprano saldrán a la calle nuevamente, porque en Uruguay no existe ni cadena perpetua ni pena de muerte.
El miércoles 17, la Justicia rechazó la acción de Petit alegando que el habeas corpus debe tener identificado un “responsable de un acto contra algún interno” y que el Codicen como institución no puede ser el demandado. También consideró que es “improcedente”, ya que la acción está reservada para “proteger la integridad física” de los presos y en el caso de la educación no se trata de un daño físico.
Por último, en el fallo, al que accedió Búsqueda, el juez Gonzalo Arsuaga aclara que “no desconoce” la situación de analfabetismo en las cárceles, pero insiste en que el habeas corpus “no es la vía para hacerlo valer ni corregir tal situación”. Petit adelantó a Búsqueda que apelará el fallo.
“Hacer escuela”.
En algunos casos, los prisioneros no pueden asistir a clases aun cuando hay cupos disponibles. Un hombre de 30 años lleva un año preso en la celda 15 del módulo 5. Consume pasta base desde los 14, lo que lo llevó a caer preso en el INAU a los 16. Tiene sida y recibe quimioterapia por un linfoma. Tampoco sabe leer ni escribir, pero ni bien llegó al módulo consiguió el pase para estudiar; sin embargo, hasta ahora no pisó un salón de clases, según detalla la denuncia de Petit.
Cerca de allí, en la celda 9 del módulo 3, está preso otro joven de 26 años. Nació en Pando y forma parte de una numerosa familia con diez hermanos. Sus padres fueron procesados por no cumplir con los deberes inherentes a la patria potestad, porque lo obligaban a mendigar. Jamás pisó una escuela. De niño, en lugar de estar en clases, pasaba en su barrio inhalando cemento y nafta, luego pasó a drogarse con marihuana y pasta base. Durante cinco años vivió en la calle. Pero desde que cayó en el Comcar pidió varias veces “hacer escuela” y también aprender algún oficio. Hasta ahora sin éxito.
Situaciones similares se replican por todo el Comcar. En el módulo 10, uno de los más complicados, está preso hace nueve meses un hombre de 36 años. Tiene dos hijos grandes y su mayor aspiración es trabajar con un carro de panchos cuando salga. Hizo hasta segundo año de escuela, no sabe leer ni escribir. La pasta base lo puso tras las rejas, pero quiere aprender al menos a leer y escribir para poder ayudar a su padre con el carro. Pidió para estudiar y la respuesta fue: “No hay cupos”.
Junto a él está otro hombre que no sabe su edad. No sabe escribir ni siquiera su propio nombre. Cayó preso por hurto. Estando libre fue a la escuela de recuperación, pero en la cárcel nunca estudió ni trabajó. Dice que al salir “batallará día a día” pero sabe que le iría mejor si supiera leer.
La muestra que Petit presentó en la denuncia suma 26 presos analfabetos que no recibieron atención a su situación. Sin embargo, la falta de formación educativa es un déficit que tienen prácticamente todos los reclusos del Comcar. Según datos de la Coordinación de Educación del Instituto Nacional de Rehabilitación, en octubre de 2016, de los 3.400 presos apenas 313 fueron atendidos en educación formal (asistieron a alguna actividad ese mes).
El problema se extiende a todo el sistema penitenciario. El número de estudiantes atendidos ese mes en educación formal fue de 2.126 personas, lo que representó el 21% de la población. De ellos, 1.917 fueron varones y 209 mujeres, lo cual indica que el 20% de todos los varones del sistema se encontraban realizando tareas de educación formal, mientras que en las mujeres ese porcentaje representó 37%.
Pese a que el último registro es de más de un año atrás, Petit asegura que en términos generales esa realidad no ha cambiado demasiado y que la oferta educativa sigue siendo ínfima comparada con las enormes necesidades que hay dentro de las cárceles. Aun para aquellos que saben leer y escribir, pero que no han completado el liceo o la escuela.
A la falta de cupos se suma que el personal de apoyo es escaso, que desde la organización no se busca estimular que los presos estudien, y que escasean los materiales.
A medida que el tiempo pasa se vuelve más difícil que puedan aprender. Tanto por la edad como por el deterioro de estar en la cárcel sin tener actividades. En varios módulos los presos pasan el día entero encerrados en sus celdas o en algunos casos con una hora de libertad en el patio.
En la celda 15 del módulo 5 vive un preso de 43 años que lleva los últimos dos cumpliendo condena. Dos de sus seis hermanos están presos y a unos metros, en el módulo 3, está encerrado su propio hijo. Si bien estuvo internado en el INAU desde los 15 años, llegó a completar segundo año de escuela nocturna, pero tampoco puede leer ni escribir con facilidad.
Otro hombre de 40 años está en la celda 107 del módulo 10, su hogar desde hace dos años. Hizo hasta sexto año de escuela especial, ya que padece un retraso mental, y dice saber leer y escribir, pero no logra comprender el contenido de un texto. Pidió que lo lleven a estudiar y trabajar.
Muy cerca de allí, en el módulo 11, hay otro hombre de 46 años que lleva dos cumpliendo sentencia. Cursó hasta segundo de escuela y no sabe leer, escribir, sumar ni restar. No recibe visitas porque no quiere que su familia lo vea en la cárcel. Pero insiste en que le gustaría aprender porque se siente mal de tener que pedirle a un compañero que le lea o le escriba una carta. A los tres les han dicho que no hay cupo y que por el momento no pueden tomar clases.
Información Nacional
2018-01-18T00:00:00
2018-01-18T00:00:00
