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Cecily y Mahienour: cuando lo personal y lo político se superponen. Dos recientes causas judiciales —la de Mahienour El-Massry en Egipto y la otra de Cecily McMillan en Nueva York— demuestran cómo puede haber abusos de autoridades en dos sociedades aparentemente opuestas en términos democráticos. A pesar de las diferencias entre la actual sociedad cerrada de Egipto y la aparentemente liberal y democrática de Estado Unidos, existen áreas en las cuales la cultura norteamericana ha olvidado su sana tradición de férreo respeto por los derechos individuales como resultado de la política de “seguridad nacional” que ha ganado cada vez más terreno desde el ataque terrorista que destruyera el Word Trade Center, matando a 3.000 personas, el 11 de setiembre de 2001.
Esta semana, Mahienour El-Massry — conocida como “la voz de la revolución egipcia”— fue sentenciada a dos años de prisión por protestar contra recientes violaciones a los derechos humanos y civiles en su país. Abogada de 28 años de edad, Mahienour fue condenada a prisión por tomar parte en una manifestación el 3 de diciembre de 2013, violando la así llamada “Ley de Protesta”. Mahienour ha sido juzgada y convicta bajo nuevas y cada vez más represivas leyes implementadas por las autoridades en su país con el objetivo de callar y minar el entusiasmo de los que claman por un futuro verdaderamente democrático en Egipto, leyes que se caracterizan por su amplísima definición de “terrorismo”. Y es aquí donde, con muy poca imaginación, uno puede ver el paralelo entre el paso de Mahienour y el de Cecily McMillan en Nueva York.
El 19 de mayo próximo pasado, Cecily fue sentenciada en una corte de Manhattan por golpear a un policía quien intentaba detenerla mientras ejecutaba órdenes de reprimir una manifestación del grupo de protesta social Occupy Wall Street el 17 de marzo de 2012. Testimonios en el juicio contra Cecily — estudiante de posgrado y pionera en el movimiento de protesta contra los turbios negocios que llevaran al crac bursátil de 2007 que dejara sin trabajo, sin techo y sin ahorros a millones de norteamericanos— indicaron que la joven había reaccionado al ser atrapada sorpresivamente desde atrás por un policía quien intentaba inmovilizarla agarrándola del seno derecho, y que, después de haberlo herido a su atacante al golpearlo en el ojo con su codo, Cecily fue golpeada por un grupo de colegas del agente herido, quienes luego a ella le negaron atención médica inmediata cuando sufrió un ataque de convulsiones, aduciendo que “fingía”. No obstante la confusión sobre quién atacaba a quién, Cecily fue sentenciada por una corte en Manhattan por el máximo cargo por el cual podía ser procesada y fue condenada a tres meses de cárcel y cinco años de libertad condicional. Al enjuiciarla, la corte no dio lugar a evidencias que podrían haber esclarecido las circunstancias confusas del arresto de la joven y de su supuesta “agresión” contra el policía, ni sobre prácticas abusivas utilizadas por la policía de la ciudad de Nueva York a la hora de controlar las manifestaciones, ni tampoco sobre otras instancias de abuso por parte del agente, quien resultó con heridas leves.
Aunque los 90 días de cárcel a los cuales Cecily fue sentenciada pudieron parecer a algunos una condena “leve” —ya que, dada la severidad del cargo por el cual fue procesada, podría haber purgado entre dos y siete años de prisión— tanto activistas por los derechos humanos como el equipo de abogados de la joven afirman que, bajo las circunstancias, la corte podría (y debía) haberla procesado por un cargo mucho menor que no involucrara encarcelamiento alguno. Además, advierten, el aspecto más severo de la condena no son los 90 días de cárcel, sino los cinco años de libertad condicional, dado que, por la seriedad tanto del cargo como de la condena, la joven activista por los derechos sociales y civiles quedará marcada como delincuente durante el resto de su vida.
Habrá quienes argumenten que tanto Mahienour El-Massry en Egipto como Cecily McMillan en Nueva York simplemente fueron procesadas y sentenciadas bajo las leyes vigentes de los lugares donde residen. Pero en ambos casos, habría que ejercer cierto grado de intencionalidad como para aceptar una interpretación tan blanco y negro de la verdad sin vislumbrar motivo político alguno. Un punto de vista más liberal y democrático no puede sino enfocarse en cómo una definición cada vez más amplia de la palabra “terrorismo” ejerce su efecto no solo en Medio Oriente cada vez más inestable, sino también en la Nueva York de la era marcada por los ataques terroristas del 11 de setiembre de 2001, que amplía de manera paralela la definición de “autoridad pública” y de “seguridad del Estado”. Según Martin Stolar, jefe del equipo legal de Cecily, cada vez más las autoridades ven a los manifestantes contra las políticas del Estado “como terroristas o terroristas potenciales”.
A quienes dirían que un juicio llevado a cabo en un sistema autoritario como el de Egipto no debe ser comparado con uno que tenga lugar en una corte de Nueva York, esto es precisamente el intríngulis: debería haber una diferencia abismal, pero en la práctica, el paralelo resulta inevitable. En ambos casos, el trato recibido de parte de la justicia transmite un mensaje tácito pero apenas velado respecto de lo que pasa a los activistas que llevan a la calle su lucha por los derechos de todos. Y en Estados Unidos, donde tal actitud parece ir en contra de su larga tradición de democracia liberal donde los derechos individuales siempre fueran preciados por encima del poder del Estado, la prevalencia de la política de seguridad por sobre la de los derechos civiles ¿no sería un triunfo contundente para el terrorismo internacional?
