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    Derechos humanos es “mucho más” que hablar del “pasado reciente” y en Uruguay “falta mucho por hacer” para asegurar su cumplimiento

    Cuando en 2011 fue elegida en representación de los países latinoamericanos para presidir el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, se dijo que la diplomática Laura Dupuy ocuparía uno de los cargos más altos a los que Uruguay ha llegado en materia internacional en las últimas décadas.

    Un año y medio y varias crisis humanitarias después —entre ellas el derrocamiento del ex dictador Muamar Gadafi en Libia o la guerra civil que aún perdura en Siria—, la funcionaria de la Cancillería considera que el “protagonismo” que obtuvo Uruguay con esa Presidencia ayudó a fortalecer su “imagen país”.

    En entrevista telefónica con Búsqueda desde Ginebra, Dupuy afirmó que aspira a que “se haya visibilizado que derechos humanos es mucho más” que hablar “del pasado reciente” y agregó que al país le “falta mucho por hacer” en varias áreas, por ejemplo en los casos de violencia doméstica, de la trata de personas y del derecho de los niños, en particular en relación con la administración de la Justicia para menores.

    Tras dejar su cargo, la diplomática contó además detalles de la función que ejerció, de su “costado frustrante”, de las “presiones” que percibió y de los equilibrios que requirió.

    Lo que sigue es un resumen de la entrevista.

    —Varios aseguran que el cargo que asumió durante 2011 y 2012 ha sido de los más importantes que tuvo Uruguay en su posicionamiento internacional. ¿Cuál cree que es el activo más importante que le quedó al país?

    —Es la visibilidad que obtuvo Uruguay, de ocupar un cargo de esa importancia en el sistema de las Naciones Unidas. Ganó en imagen país no solamente en cuanto a cómo se posiciona como delegación sino cómo se pudo actuar para dirigir estos trabajos y representar al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, así como facilitar consultas o que se logren resultados mejores. La disposición a juntar las partes, a encontrar consensos, a respetar los estándares internacionales de derechos humanos, eso quedó bien visible. El hecho de ofrecerles un trato igualitario a todas las partes también fue algo apreciado. No todos los países están tan dispuestos a escuchar por ejemplo a la sociedad civil. Uruguay desde la Presidencia también apoyó esa participación activa de la sociedad civil, cuya voz tiene que ser oída. También se fue muy firme en cuanto a que no se dieran casos de represalias e intimidaciones ante la participación de la sociedad civil en las sesiones del Consejo o eventos paralelos para tratar de desestimular su participación.

    —¿Considera que esta Presidencia sirvió para reforzar la “imagen país” a la que hizo referencia?

    —Sí, porque aunque si bien yo me debía a la institución y al Consejo de Derechos Humanos —que es un órgano intergubernamental, que tiene sus reglas— después para todo lo extra, uno lleva consigo todo el bagaje nacional. Y ese respeto a la libertad de expresión, por ejemplo, era algo que naturalmente Uruguay iba a promover, siendo un país democrático.

    —Durante su Presidencia hubo varias crisis humanitarias. Por ejemplo, los casos de Libia o de Siria. ¿Qué evaluación hace de esas situaciones teniendo en cuenta que el Consejo no toma resoluciones de carácter coercitivo?

    —Hay un costado un tanto frustrante de las posibilidades que uno tiene como órgano intergubernamental que no puede ir al terreno más allá de las recomendaciones, de recabar información para eventualmente utilizarla a futuro en ámbitos judiciales, nacionales o internacionales. La presión política es lo que tiene el Consejo de momento y depende de la buena voluntad de las partes. La comisión de investigación de Siria informa y recaba información sobre los eventuales responsables de crímenes internacionales o de violaciones de derechos humanos.

    —¿Existe el peligro de que el organismo se vacíe de contenido si los países no permiten el acceso a la información o el ingreso de los enviados a determinados lugares?

    —Ese es uno de los retos que tiene el organismo. Intentar involucrar, comprometer al Estado para que se sienta responsable y dispuesto a mejorar. Pero si no hay voluntad política queda solo la presión política. Seguir haciendo esas evaluaciones técnicas, las recomendaciones, esas condenas políticas si hay que hacerlas. O sugerir a otros órganos que actúen también, si tienen otras competencias.

    —En relación con varios temas que son tratados en organismos internacionales y en particular en Naciones Unidas suele hacerse una crítica con relación al multilateralismo y a su falta de capacidad para generar cosas concretas o resolver cosas. ¿Qué opina sobre esa crítica?

    —Es que hay temas que son globales por naturaleza y no cabe otra búsqueda de solución que no sea internacional. La crítica que se suele hacer es sobre la inefectividad o la burocracia. Es verdad que hay muchos discursos o resoluciones que no tienen luego la implementación deseada a nivel nacional. Por poner un ejemplo un poco sensible: Uruguay coordina el tema junto con la Unión Europea, en nombre del Grulac (Grupo América Latina y el Caribe) sobre los derechos del niño. Y el año pasado organizó el panel, un debate anual sobre niños y administración de Justicia. Y es uno de los temas donde Uruguay todavía tiene por hacer.

    —Hoy hacía referencia al protagonismo que adoptó el país en este año y medio de Presidencia. Eso también se vio en Uruguay. ¿Cómo vio los debates políticos que hubo sobre su actuación o sobre la delegación uruguaya allá?

    —La gente en general fue respetuosa hacia el desempeño en el cargo. Aspiro a que se haya visibilizado que derechos humanos es mucho más que hablar de los derechos civiles y políticos o, en el caso de Uruguay, del pasado reciente. Que no es un tema exclusivo. Con la visita del relator especial para la tortura quedó claro que la privación de libertad es uno de los temas. Pero también pudieron visitarnos, por suerte, la relatora especial sobre agua y saneamiento, sobre un derecho económico, social. También está el tema de la trata de personas, que está bastante verde, no muy visible todavía. Si vemos en violencia doméstica o en la trata de mujeres, nos damos cuenta que falta mucho por hacer. En lo político la Unión Interparlamentaria nos tiene además como uno de los países con menos representatividad de mujeres en el Parlamento. En el tema mujeres no tenemos tan buen récord.

    —Usted ha manifestado que durante su cargo recibió “presiones”. ¿De qué tipo y en qué casos tuvo que enfrentarlas?

    —Las presiones surgen cuando se tocan temas más sensibles, que por más que son de derechos humanos tienen aristas políticas. No siempre son directas. Tratan de moderarse porque nadie quiere aparecer como ejerciendo una presión indebida en la Presidencia de un órgano como este. Pero se tratan de manifestar de una forma u otra.

    —En diciembre, usted hizo referencia al principio de “gradualidad” en las decisiones tomadas. Incluso Uruguay justificó decisiones tomadas haciendo alusión a que es necesario no “marcar políticamente a los países” al tomar una u otra definición. ¿En los hechos, el Consejo de Derechos Humanos actúa como un catalizador de otras diferencias ideológicas o alineamientos de países?

    —Siempre va a haber motivaciones políticas, pero se supone que nos anima a todos los Estados aquí el objetivo de promover y proteger los derechos humanos. Ahora bien, hay que buscar cuál es el mecanismo más apropiado. Hay veces que los países están dispuestos a invitar a la Alta Comisionada pero no tener un “relator país”. Esa es la posición de algunos que se sienten señalados. Además, hay una serie de países que rechazan que existan “resoluciones país” porque entienden que todo debe ser con la cooperación del país concernido, cosa que no siempre logramos. Lo que ven esos mismos países es que hay del otro lado otras naciones, potencias mundiales, que se posicionan como líderes pero también cometen violaciones de derechos humanos, pero que nadie presenta resolución en su contra. Ellos podrían tener la iniciativa; no lo hacen porque tendrían un costo político alto.

    —En Uruguay generaron repercusión varios posicionamientos que tomó la delegación uruguaya en el Consejo, por ejemplo abstenciones o votos a favor o en contra en temas relacionados con Irán o Israel, entre otros. ¿A qué lo atribuye?

    —No es fácil verlo desde afuera con una información fragmentada, y entender. Toda vez que se trata una situación país es mucho más sensible del punto de vista internacional y la gente se posiciona, los países se posicionan. En el caso de Israel, por ejemplo en el tema asentamientos ilegales, la comunidad internacional ha sido muy clara en cuanto a que no son aceptables y los llamados han existido de todas partes, incluyendo de Estados Unidos. La última ocasión que generó debate en Uruguay fue la creación de una misión de establecimiento de los impactos en derechos humanos de los asentamientos israelíes. No es nada novedoso porque esos impactos son bien conocidos. Fue una solicitud de los países de la subregión a pedido de Palestina de volver a llamar la atención sobre el tema.

    —Luego de eso Israel cortó relaciones con el Consejo. ¿En qué situación está eso?

    —Antes de terminar la Presidencia y en virtud de que ahora en enero le corresponde pasar el examen periódico universal, que todos los países pasan cada cuatro años y medio, los invité a rever esa posición de no cooperación. El presidente entrante también ha hecho sus contactos. Verbalmente, Israel había manifestado la necesidad de más tiempo, pero sin definición de fecha concreta. Entonces se va a esperar al 29 de enero para ver si se presenta o se define en cuanto a retomar relaciones.

    —¿Y si no lo hace qué pasa?

    —Esa es una definición que el Consejo va a tener que tomar este año porque sería el primer caso de no cooperación clara sobre el examen periódico universal.