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    Descordinación entre AFE y el Poder Ejecutivo por UPM genera una investigación administrativa, quejas de vecinos y denuncia policial

    Aunque la posibilidad de que UPM instale una nueva planta de celulosa pone al decaído ferrocarril uruguayo ante una oportunidad histórica, AFE parece ajena al intenso trabajo que el Poder Ejecutivo y la empresa finlandesa llevan adelante para terminar de comprometer la inversión. En los últimos días, el aislamiento del ente ferroviario comenzó a traducirse en asperezas políticas y administrativas en la interna del gobierno.

    El episodio más claro se generó el pasado martes 27 en la reunión de Directorio de AFE. Ese día los tres directores en unanimidad decidieron iniciar una investigación administrativa que tiene como centro al referente del ente en los grupos de trabajo del Poder Ejecutivo y UPM, el gerente de Infraestructura, Carlos León.

    El hecho que motivó la resolución fue planteado por el director en representación del Partido Nacional, Alfonso Lereté. El jerarca, que durante el gobierno pasado fue edil en Canelones, contó a Búsqueda que entre el 9 y el 12 junio recibió quejas de tres vecinos de ese departamento porque sin autorización trabajadores de una empresa habían entrado a sus predios a hacer estudios en el suelo. En esa zona, entre las estaciones Margat y 25 de Agosto, está proyectado hacer un by pass para evitar el impacto del tráfico en Santa Lucía.

    Cuando los propietarios pidieron explicaciones, les dijeron que estaban contratados por UPM para hacer cateos para analizar el nuevo trazado de la vía y mostraron una carta a nombre de AFE que estaba firmada por el ingeniero León.

    Tras confirmar que ni el presidente, Wilfredo Rodríguez, ni el vicepresidente, Luis Rivero, habían intervenido en la decisión, Lereté decidió proponer abrir una investigación administrativa. Sus compañeros estuvieron de acuerdo.

    “AFE no tiene contrato con ninguna empresa para realizar ese tipo de cateos. Votamos para ver de dónde surge el tema y si hay responsabilidades porque pudo haber hecho caer en responsabilidad civil a la Administración. Queremos tener bien claro qué pasó”, dijo Rivero a Búsqueda.

    Uno de los tres vecinos de Canelones que se comunicó con Lereté hizo la denuncia policial el 16 de junio. El propietario alegó que como consecuencia del trabajo se le había afectado parte del alambrado y algunos postes.

    Lereté aclaró que la investigación no busca castigar a León, quien a su juicio es un “excelente funcionario” que quedó como “víctima” de la “descoordinación”.

    “Por un lado recibe directivas del subsecretario del Ministerio de Transporte, Jorge Setelich, y del ministro Víctor Rossi, y hay temas de confidencialidad. Pero por otro lado debe responder al Directorio de AFE”, describió.

    Para Lereté hay una decisión deliberada de dejar a AFE al margen del proceso. El caso, en su opinión, dejó a la vista “un grado de improvisación muy importante” y preocupante en la previa de procesos más complejos, como la expropiación.

    De cara a lo que sigue, el director reclamó que el gobierno respete el lugar que le corresponde al organismo. “La licitación y todos los pliegos licitatorios para la refacción de vía tienen que pasar por AFE”, advirtió.

    El ministro de Transporte, Víctor Rossi, consultado por Búsqueda, reconoció que pudieron existir “dificultades de comunicación” y las atribuyó a la necesidad de hacer estudios con celeridad para confirmar la viabilidad de algunas obras.

    Más allá del desencuentro, dijo que “el ingeniero León es un buen ejemplo de que AFE está presente en el proceso”.

    Este episodio fue el segundo en menos de una semana que sorprendió a los directores del ente. El pasado viernes 23 Rivero dijo a El País que el Directorio quedó “muy molesto” por no haber sido invitado a un evento en Durazno en el que se habló de las obras planificadas. Ese día estuvieron, entre diversos técnicos, el intendente Carmelo Vidalín, y Setelich. “Todo el mundo dispone de las cosas de AFE, pero AFE nada”, se quejaba.

    Rivero aclaró a Búsqueda que sus declaraciones no iban dirigidas al Ministerio de Transporte sino a otra empresa contratada por UPM, en este caso para estudios ambientales, que fue la que promovió el encuentro. “De repente toman a AFE como bienes de difunto y creen que pueden hacer cualquier cosa. Si somos un país confiable tenemos que hacer respetar la institucionalidad”, subrayó.

    Información Nacional
    2017-06-29T00:00:00