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La Universidad de la República (Udelar) no tiene un programa específico destinado a evaluar su centenar de carreras de grado y sus decenas de servicios, término con el que denomina a sus quince facultades y a sus diversas escuelas y centros de estudio, entre ellos el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Instituto Superior de Educación Física. Es que desde hace ocho años la Universidad no investiga periódicamente en qué medida los medios humanos y materiales utilizados, las actividades realizadas y los resultados obtenidos por cada uno de sus servicios se encuentran en correspondencia con sus objetivos.
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Sí existe el Sistema de Acreditación Regional de Carreras Universitarias (Arcusur), un mecanismo de evaluación y acreditación regional permanente, cuya meta es dar garantía pública del nivel académico y científico de distintas universidades sudamericanas. Pero es de alcance limitado al ser dependiente de las resoluciones del Mercosur, por lo que abarca menos de la mitad de los servicios y menos del 10% de las carreras de grado de la Udelar.
Para este año la Universidad se propuso terminar con el problema y desarrollar un programa de evaluación institucional que cubra a todas sus carreras. Ya dio el primer paso el 20 de diciembre, cuando el Consejo Directivo Central (CDC) aprobó una iniciativa sobre el tema elaborada por la Comisión Central de Evaluación Interna y de Acreditación. “Creo que la propuesta cae muy adecuadamente. Los principios que están contenidos en la propuesta los comparto globalmente. Estamos complementando procesos tendientes a fortificar áreas de evaluación, de información y de planteamiento estratégico”, afirmó en la sesión el rector de la Universidad, Roberto Markarian.
Desde su llegada al rectorado Markarian fue uno de los impulsores para retomar una evaluación institucional, tras la última que duró de 1998 a 2008 y quedó estancada principalmente por falta de recursos financieros. “Ese imaginario de algunos de que la Universidad no se quiere evaluar está demostrado que no es así, el espíritu de la Universidad fue siempre el de exponerse en una evaluación y solo los problemas presupuestales enlentecieron ese camino”, explicó al respecto el decano de la Facultad de Odontología, Hugo Calabria, durante el debate en el CDC. “Es un camino que cristalizó y que en este momento ahora está llenando ese hueco que quedaba en algunos servicios y en algunas áreas”, agregó.
La iniciativa de la Comisión Central de Evaluación Interna y de Acreditación pretende que en un período de cinco años, en forma progresiva, todos los servicios de la Universidad puedan completar una evaluación externa y la elaboración de un plan de mejoras de acuerdo a lo que los resultados arrojen. Aspira además a que cada servicio cuente, al finalizar el proceso, con una unidad de evaluación profesionalizada que actúe permanentemente sobre sus carreras. La intención es que en un período máximo de seis años las evaluaciones vuelvan a realizarse. “Para que sea útil, la evaluación debe mantenerse en el tiempo: la evaluación desarrollada hasta 2008 no contempló una frecuencia determinada”, afirma la propuesta.
Pretende también que todo el proceso sea obligatorio. “Los antecedentes indican que las evaluaciones como el Arcusur han sido voluntarias. Creemos que la Udelar debería tener un sistema institucionalizado y obligatorio”, añade.
Tener fondos.
En su última sesión del año del 20 de diciembre, el CDC resolvió aprobar en general el documento presentado por la Comisión Central de Evaluación Interna y de Acreditación, y solicitó analizar la viabilidad de financiar la propuesta. Por lo pronto fue descartada la posibilidad de financiar el proceso completo ya que supone demasiado dinero. “Está claro que el documento termina con una propuesta financiera que es de cuidado y por lo tanto tendría cierta delicadeza en decidir sobre cuál de estas propuestas pudiéramos tomar. Estamos reivindicando tener fondos para llevar adelante los métodos de discusión y de control de nuestro trabajo, para decirlo con una palabra aún más fuerte que ‘evaluación’ ”, advirtió Markarian.
Se analizará entonces si se realiza una evaluación que no incluye planes de mejora pero sí unidades de evaluación, o una que tampoco contemple las unidades de evaluación, pero cumpla los requisitos suficientes para que la evaluación, al menos se ponga en marcha en 2017. La intención es traer un proyecto definitivo de resolución para la próxima sesión del CDC, donde se determine con especificidad los montos que se pueden destinar al programa. “Creo que es muy difícil el financiamiento de una evaluación integral desde el punto de vista presupuestal. Tendremos que comenzar los procesos de evaluación desde la presupuestación mínima para luego, con mejores recursos presupuestales, poder ir aspirando a las formas más integrales y con planes de mejora”, valoró Álvaro Rico, decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
