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Después de tres años, Uruguay y Argentina siguen sin acordar qué parámetros ambientales medir de la planta de celulosa de UPM
En los últimos meses hubo varias reuniones políticas, lideradas por los vicecancilleres, para avanzar en acuerdos que permitan publicar durante este período los informes de monitoreo de la planta productora de celulosa
Habían pasado pocos meses desde el inicio de la administración del presidente José Mujica cuando con su colega argentina, Cristina Fernández, acordaron dejar atrás el conflicto bilateral por la instalación de la planta de celulosa de Botnia (hoy UPM), que por años enfrentó a los dos países. Juntos instalaron en la órbita de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) un comité de científicos argentinos y uruguayos con el objetivo de llevar a cabo un monitoreo conjunto de la planta y de la desembocadura del Río Gualeguaychú en el Río Uruguay.
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Así, en el organismo binacional ambos gobiernos comenzaron a negociar una de las condiciones puestas por la sentencia de la Corte Internacional de La Haya, es decir, la realización de exámenes periódicos y posterior publicación de resultados del desempeño ambiental de la planta y de la desembocadura del Gualeguaychú en el Uruguay.
Tres años después de aquel agosto de 2010, la discusión ha avanzado poco en los hechos: Uruguay y Argentina continúan debatiendo y sin terminar de acordar qué parámetros medir del desempeño ambiental de la planta —para luego publicarlos— y con qué contrastar esos resultados para saber si el desempeño de la planta es bueno o malo. Eso, pese a que la CARU acumula decenas de resultados sin publicar que llegan de laboratorios canadienses y que cada año la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) uruguaya publica resultados que indican que los niveles de contaminación de UPM están acordes a los parámetros aceptados por Uruguay.
Pese a eso, en los últimos meses ha habido un renovado avance en las cancillerías de ambos gobiernos para alcanzar un acuerdo que permita la publicación de resultados. Según contaron a Búsqueda diversas fuentes políticas, del Poder Ejecutivo y de CARU, en extrema reserva ha habido reuniones en Buenos Aires y en Montevideo lideradas por los dos vicecancilleres, Eduardo Zuaín y Luis Porto, con un objetivo: conseguir un acuerdo para la publicación de resultados en los próximos meses. El proceso había comenzado con la gestión del ex vicecanciller Roberto Conde, pese a que varios asuntos en otras áreas de la relación bilateral retrasaron los avances.
Si bien la publicación de los indicadores ambientales es un tema “prioritario” en la actualidad, no es el único que negocian ambos países relacionados con CARU. Ya lograron concretar la semana pasada un acuerdo para dragar el Río Uruguay. Aún queda pendiente definir si se permite una ampliación en la cantidad de producción de UPM, así como la habilitación de dos nuevas terminales en el puerto de Nueva Palmira, que son vitales para que Uruguay saque su producción, pero cuyos proyectos necesitan la aprobación de Argentina.
Para propiciar los acuerdos influye que los dos negociadores actuales son relativamente nuevos en el cargo y no estaban en el tema mientras se desarrollaba el conflicto binacional, por lo que no “cargan con las mochilas del pasado”, coincidieron varias fuentes consultadas.
En contraste, el desgaste que tienen los negociadores de uno y otro lado en CARU ha quedado en varias ocasiones en evidencia en los últimos años. Un ejemplo de ello fue cuando en 2012 ambas delegaciones intercambiaron comunicados en lo que se reprochaban mutuamente incumplimientos.
En las últimas reuniones, las dos cancillerías solicitaron a los científicos de los dos países que presenten propuestas de los dos lados sobre indicadores de medición. La delegación de científicos uruguayos presentó su planteo hace unos dos meses mientras que los argentinos lo hicieron en las últimas semanas. Ahora se intenta hacer “acuerdos sucesivos”, para de a poco consensuar una propuesta única, relataron las fuentes.
Sin embargo, las fuentes consultadas señalaron que todavía no está resuelto un primer paso, que es desde qué visión se presentarán los datos: si desde una mirada “antropocéntrica” por la cual importa ver el entorno que habita el hombre, o si se lleva a cabo desde una mirada “ecocéntrica”, por la que se pensará en cómo afecta la planta a todo el ecosistema.
Durante la mayor parte del tiempo transcurrido desde que se inició la negociación en 2010, la principal divergencia entre ambas delegaciones estaba relacionada a la temperatura máxima de descarga de efluentes que emite la planta Orión de UPM, que fue dispuesta por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en 37 grados, algo que no es aceptado por los representantes argentinos.
Sin embargo, a comienzos de este año los parámetros en los que no estaban de acuerdo ambas delegaciones se ampliaron a varios más, lo que complicaba la posibilidad de un avance en este período.
A lo largo de estos tres años ha habido varios momentos en los que se han explicitado las diferencias internas en la CARU y otros en los que, por lo bajo, se ha transmitido desde Uruguay desconfianza respecto a que del otro lado del río hubiera real interés por publicar los resultados. Sin embargo, ahora en el Poder Ejecutivo la sensación que persiste es de “cauto optimismo”.
