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A diferencia de lo que se proyectaba, el juicio que iniciaron los inversores de la minera Aratirí contra el Estado uruguayo entrará ahora en su recta final. La demanda millonaria que la empresa de capitales indios presentó tendrá una pronta resolución, que incluso puede llegar antes de que se instale el gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou, dijeron a Búsqueda fuentes vinculadas al litigio.
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En enero próximo está previsto que se realicen las audiencias con los testigos de ambas partes, en Washington. Entre la delegación uruguaya se encuentran varios exjerarcas del gobierno de José Mujica —como el exministro de Industria, Energía y Minería Roberto Kreimerman— y técnicos de diversas secretarías de Estado que participaron en la negociación del proyecto minero. De acuerdo a los informantes, luego de las declaraciones y las argumentaciones, se espera que en el transcurso de febrero se pronuncie el tribunal arbitral conformado en el ámbito de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (Uncitral, por su sigla en inglés). Según una de las fuentes, ese cronograma, con el propósito de tener cerrado el litigio antes del cambio de gobierno, fue definido a instancias de las partes.
A mediados de 2017 Búsqueda informó sobre el inicio de esta demanda millonaria que supera los US$ 3.500 millones por concepto de daños y perjuicios. Luego la empresa expresó a través de un comunicado que la base del reclamo era “la conducta arbitraria y no transparente del gobierno uruguayo, contraria a las legítimas expectativas de los inversores en el Proyecto Valentines”.
Aratirí aseguraba que el gobierno “incentivó a los inversores desde el comienzo a que desarrollaran el proyecto. Incluso se llegaron a negociar, y estuvieron a punto de firmarse, varios acuerdos para facilitar su implementación”. Y por eso, sostuvo, “invirtieron cientos de millones de dólares en el país en su desarrollo”.
Aratirí pasó de ser el proyecto que se convertiría en la inversión privada más grande de la historia uruguaya, a terminar en un remate de sus bienes en agosto de 2018.
Las etapas de prospección y exploración fueron meteóricas, y hasta se construyó un hotel cuatro estrellas por la demanda que se preveía para cuando estuviera en explotación la mina. Pero finalmente la empresa abandonó el proyecto, según señaló, debido a la ley de megaminería que fijó nuevos topes al negocio minero, además de sucesivos cambios para la localización de la que sería su terminal portuaria.
Por otro lado, se produjo una caída del precio internacional del hierro, mientras el proyecto se demoraba ante los cambios resueltos por el gobierno y la lentitud de Aratirí en presentar los estudios medioambientales.