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Unos 200 casos de denuncias sobre beneficiarios que accedieron irregularmente a apoyos o exoneraciones como productores familiares fueron recibidos por la Dirección de Desarrollo Rural en los últimos años. Y de ese total casi la mitad fueron comprobados y las personas involucradas fueron “dadas de baja” del registro correspondiente en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), dijeron a Búsqueda fuentes oficiales.
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Comentaron que entre los infractores figuran empresarios, gerentes portuarios, grupos religiosos y hasta funcionarios de esa secretaría de Estado que estaban registrados para poder acogerse a una serie de beneficios que otorga el gobierno a los pequeños y medianos productores rurales. En varios de esos casos se pudo comprobar que en la unidad productiva registrada sus integrantes recibían ingresos extraprediales, como jubilaciones y donaciones, que superan el tope previsto en la normativa vigente de unas 14 bases de prestaciones y contribuciones (BPC), unos $ 53.872.
Para asegurarse de que las medidas determinadas por la administración central para apoyar al renglón de productores del agro de menores recursos llegaran efectivamente a los destinatarios objetivo y no sean favorecidas otras personas, el MGAP depuró el registro de productores al repasar y verificar cada información, y en algunos casos a partir de denuncias recibidas.
Fue así que se llegó a detectar que funcionarios de Ganadería también estaban registrados irregularmente, ya que si bien en algún caso pertenecen a un núcleo familiar de productores familiares, además contaban con ingresos extraprediales superiores a los estipulados, señalaron las fuentes. Contaron que eso pasó con una funcionaria que se desempeñaba en el entorno del entonces ministro de Ganadería Tabaré Aguerre y que figuró en listados de productores beneficiarios por las políticas diferenciadas.
La herramienta utilizada hasta el momento para corroborar datos de los productores es el Sistema de Información Integrada del Área Social (SIIAS), que opera en el Ministerio de Desarrollo Social y que permite el intercambio de informaciones entre diferentes organismos del Estado, para mejorar la eficiencia y la eficacia en la gestión.
Activos
Hay 21.206 registros activos de unidades productivas familiares en Uruguay que involucran a 53.031 personas, de las cuales 36.071 cuentan con la condición de productor/a familiar, es decir que son mayores de 18 años y realizan tareas en la unidad productiva y, por lo tanto, son potenciales beneficiarios de las políticas públicas diferenciadas, según datos del MGAP.
El promedio de edad de los productores familiares es de 49 años, mientras que el del resto de los integrantes del núcleo familiar es de 29. Por sexo, el 43,7% de los productores familiares son mujeres y el porcentaje sube al 54% al considerar al resto de los integrantes de la unidad productiva.
Una cuarta parte de los ruralistas registrados se ubica en Canelones y si se suman a los de San José, Cerro Largo, Colonia y Lavalleja, acumulan la mitad de las unidades productivas familiares del total, conforme a la información del MGAP.
