Deterioro español

La columna de Raúl Ronzoni

5 minutos

Nº 2272 - 18 al 24 de Abril de 2024

Resulta difícil dejar de lado los comentarios sobre cuestiones locales porque antes que de cuestiones de fondo la mayoría de los lectores uruguayos está pendiente de los teleteatros políticos internos y las descalificaciones entre uno y otro bando.

Sin embargo, una reciente conversación con una exjueza me condujo inevitablemente a España, un país que en los últimos años ha sufrido un progresivo deterioro político, social y en la dirigencia deportiva, cuando otrora se tomó como ejemplo, en especial luego de la caída de la dictadura de Francisco Franco.

Esta jueza me comentaba su satisfacción de haber asistido, como muchas de sus colegas, a una beca de estudios mediante un convenio entre ambos países. Destacaba la calidad académica de la enseñanza recibida en España, pero de ahí no pasaba. Cuando intenté sacarla de ese carril y le pregunté por el deterioro ético-judicial en el sistema español, levantó las manos y me dijo: “De eso no hablo”.

En ese reino Borbón la corrupción política se ha multiplicado en los últimos tiempos y parece no tener fin. Nadie se libra. La mayoría de los corruptos pertenecen a las dos mayores colectividades partidarias: el gobernante Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular. El estiércol no se quedó solo en sus integrantes de segundo o tercer orden sino que en algunos casos llegó hasta las cúpulas o alrededor de ellas.

Tampoco hay que engañarse y creer que eso ocurre solo en la capital madrileña porque se han producido en las 17 comunidades autónomas en las que los partidos locales pelean por el poder.

Según un estudio del Grupo de los Verdes de la Eurocámara, España pierde más de 90.000 millones de euros al año por la corrupción, equivalentes a casi 8% de su Producto Interno Bruto, por detrás de Italia, Francia y Alemania. Sí, leyó bien, no es un error: pierde 90.000 millones de euros. Esto no significa que los corruptos se metan ese dinero en el bolsillo, sino que refiere a los efectos colaterales.

Como es de esperar en una batalla partidaria descarnada, ningún partido intenta en serio y drásticamente poner coto a los abusos de sus integrantes. Por el contrario, en muchos casos los defienden o aprovechan para sacar leña de los árboles caídos del partido rival como renta electoral.

A ese deterioro contribuye la indisimulable manipulación de los cargos de jueces y fiscales que los gobernantes intentan (muchas veces lo logran) ubicar según su conveniencia.

El colmo queda reflejado en que las normas habilitan a que jueces y fiscales, montados en una puerta giratoria, puedan dejar sus cargos de magistrados en reserva y pasen a ocupar cargos políticos; la lista es larga.

Según la Constitución, jueces y fiscales deben ser “independientes, inamovibles, responsables y sometidos a únicamente al imperio de la ley”. Pero la Constitución también dice que eso ocurrirá “mientras se hallen en activo”. Verbigracia: licencia (lo que implica que dejan de estar en activo), pasan a un cargo político o legislativo y, cuando se termina, vuelven al despacho judicial. ¿Qué garantías pueden tener los justiciables sobre los fallos de esos magistrados? Casi ninguna, porque las sospechas de parcialidad son obvias, pero a nadie se le mueve un pelo. Ni en esto ni para manifestar en contra de los corruptos; en ese terreno las organizaciones sociales y los sindicatos miran para otro lado mientras la gente sigue pendiente del jamón o la paella.

La semana pasada observaba la infantil batallita publicitaria entre dirigentes de Peñarol y Nacional y —siempre comparando con España— enfrentamientos tan menores como el deporte uruguayo.

Luis Rubiales, que hasta el año pasado fuera poderoso presidente de la Real Federación Española de Fútbol y vicepresidente de la UEFA, fue suspendido durante tres años por la FIFA por besar en la boca a la jugadora española de fútbol Jennifer Hermoso tras el mundial de Australia y Nueva Zelanda. Una fiscalía pidió dos años y medio de prisión por ese beso no consentido propinado en un escenario en medio de la algarabía del festejo.

No es el único golpe. Una fiscalía anticorrupción lo investiga junto al futbolista Gerard Piqué por negociar el cobro de una comisión de 24 millones de euros en una negociación que —al margen de la federación— terminó con la venta de la Supercopa de España a Arabia Saudí. La denuncia incluye los delitos de corrupción entre particulares, corrupción en los negocios, administración desleal y cohecho.

En consecuencia, mientras Rubiales espera una decisión judicial definitiva, ha sido sustituido en el cargo por el vicepresidente Pedro Rocha, el único candidato para ser elegido presidente interino hasta setiembre, cuando habrá elecciones definitivas.

La semana pasada Rocha compareció en el juzgado para declarar como testigo sobre los hechos relacionados con Rubiales y Arabia Saudí. Vestido como para una fiesta y con una amplia sonrisa, ingresó al juzgado como un hombre libre. Cuando salió ya no era porque dejó de ser solo un testigo sin responsabilidad. El juzgado anunció que volverá a declarar como investigado por los mismos delitos que Rubiales.

Por otra parte, el Tribunal Administrativo del Deporte inició una investigación sobre las actuaciones de Rocha como vicepresidente de la federación.

Como en política, la mafia en el fútbol estalla a cada paso.