—¿Los números que presentaron el lunes 9 sobre el desempeño del nuevo CPP son una buena noticia para la Fiscalía?
—Las cosas que dijimos que habíamos visto en otras partes del mundo cuando pasaron del sistema inquisitivo al acusatorio pasaron en Uruguay. Las dificultades iniciales, que son naturales a un cambio de sistema, tuvieron una rápida recuperación. Tenemos un sistema más garantista y más eficiente. Hemos constatado un aumento permanente de las imputaciones en aquellos delitos que definimos como prioritarios. En un inicio se nos cuestionó el descenso del número de personas privadas de libertad, pero empezamos el código con 11.000 presos y, después de un descenso en los primeros meses, hoy estamos en más de 11.600. Por tanto, respecto al cuestionamiento de que era un sistema más benigno, o menos eficaz, los números en menos de dos años se encargaron de mostrar que eso no era así. Como dijimos siempre. También se afirmó que los delitos habían aumentado porque habían disminuido los privados de libertad; pero, ahora que aumentaron, ¿disminuyeron los delitos? La conclusión que vemos es que estamos muy por encima de lo que era 2017 y 2016. Por tanto esa relación directa de a mayor privados de libertad mayor seguridad, es, por lo menos, relativa. Otro elemento muy importante es que 70% de los presos tienen sentencia ejecutoriada y solo 30% están esperando juicio. Antes era al revés, y esa reversión es bien significativa. Son datos que hablan de un sistema que está funcionando, que fue madurando, afianzándose, y que creemos que todavía tiene un potencial muy grande por delante.
—Si bien los números reflejan una mayor eficiencia en las imputaciones, también muestran que el sistema sigue siendo muy punitivo, con la cárcel casi como única opción. La tasa de prisionización de Uruguay es de las más altas del mundo…
—Sí, 335 cada 100.000 habitantes. Es altísima.
—Pero, en lugar de bajar, creció. Y en los números divulgados esta semana se muestra que los acuerdos reparatorios y las suspensiones del proceso a prueba disminuyeron. ¿Qué pasó con aquello de que con la reforma Uruguay debía apostar más a las vías alternativas?
—Creo que hay un tema cultural de los ciudadanos, de los operadores del sistema y del propio legislador que fue estableciendo restricciones a las salidas alternativas, que evidentemente hacen que eso sea así. Tenemos el sistema de administración de Justicia penal que queremos como sociedad. Si eso está bien o está mal, si esa es la solución al problema, es otra discusión. El incremento de la población carcelaria, si no trabajamos adecuadamente con ellos, lo que hace es que la gente que se dedica al delito, que entra y sale de ese círculo vicioso, es cada vez más grande. Eso lejos de solucionar el problema seguramente lo puede terminar agravando. Es una lectura posible. El tema es que nuestro objeto de trabajo es la investigación y persecución criminal. Entonces, cuanto mayor sea la cantidad de conflictos penales que se aclaren, es mejor.
—Más allá de que el conflicto se aclare, el punto es qué solución se le da.
—Es un tema que debemos debatir como sociedad, no es un tema de la institución Fiscalía.
—Pero la aspiración de fortalecer las vías alternativas y descomprimir las cárceles estuvo en el espíritu de la reforma. Se procuraba que hubiera un cambio en eso.
–Pasa que se han restringido también las posibilidades; aquellos delitos que admiten acuerdos reparatorios o suspensiones condicionales están cada vez más limitados. Lo mismo con las soluciones alternativas, como la sustitución de la pena por libertad vigilada. Se han ido restringiendo, y eso obviamente impacta. Cuando se modificó la ley de libertad vigilada dijimos que una de las consecuencias iba a ser el incremento de la población carcelaria. Nosotros tenemos la absoluta tranquilidad de conciencia de que lo pusimos arriba de la mesa en el momento en que esas soluciones se discutían. Pero la decisión es del legislador.
—¿Le gustaría lograr un sistema menos punitivista?
—Me gustaría trabajar mucho más las salidas alternativas. Creo que podríamos resolver muchos más conflictos de los que resolvemos si usáramos salidas como el acuerdo reparatorio. Pero obviamente eso requiere trabajos de más largo plazo. Más volumen de recursos humanos y materiales y de la Defensoría Pública. Con los recursos que tenemos hacemos lo que tenemos a nuestro alcance.
—Entre los fiscales hubo un grupo que inicialmente se opuso a la reforma. ¿Hoy tiene un mayor respaldo entre los fiscales?
—No sería posible tener estos números sin el compromiso de los fiscales. Además, tuvieron una enorme renovación en muy poco tiempo, y los mecanismos de selección para el ingreso y el ascenso a través de concurso de oposición y méritos ha asegurado que esa tasa de recambio sea con un buen nivel de calidad. Veo cosas que antes no se veían, como a fiscales que van al exterior a formarse, que pagan de su bolsillo maestrías y diplomados. Además se ha feminizado, hoy el 80% son mujeres y jóvenes, y eso capaz está asociado al compromiso y la capacitación, ¿por qué no? En términos generales cada colectivo reclama por sus derechos, por tener mejores condiciones de trabajo, y son reclamos absolutamente legítimos.
—La reforma también generó resistencia en la Policía, que sintió que quedaba “atada de manos” porque debía solicitar constantemente la autorización de los fiscales para actuar. ¿Cuál es hoy la situación?
—Mejoró muchísimo. Primero, hubo una reforma del código, que apuntaba al tema de las facultades autónomas de la Policía. Segundo, hubo una instrucción general del fiscal a toda la Policía Nacional. Tercero, recorrimos todo el país con un equipo de fiscales y policías capacitando a ambos conjuntamente. Se trabajó mucho en la capacitación. Y evidentemente eso mejoró muchísimo. Tenemos que mantener esto y profundizarlo, porque fiscales y policías formamos parte del mismo equipo. Y hemos aprendido todos. Es parte de un trabajo que costó, pero que hoy está asimilado. Ahora, ruidos en la línea siempre va a haber. Porque quizás algún policía puede no quedar conforme con cómo el fiscal resolvió el caso. Esas cosas hay que hablarlas, explicarlas. No siempre el fiscal toma la decisión que le gustaría tomar; toma la que puede con los elementos que tiene. A veces eso desde la óptica policial no se entiende tanto.
—El 1º de marzo asumirá un nuevo gobierno de coalición, y muchos de sus representantes hablaron durante la campaña de la necesidad de revisar y modificar el CPP. ¿Tiene temor por lo que pueda pasar con la reforma?
—Temor no, ninguno. Está claro que en un sistema democrático hay elecciones y renovación de autoridades, y los temas se discuten y rediscuten permanentemente. Por tanto lo que resuelva el Parlamento será lo que se entienda en una sociedad democrática. El único temor que tengo, o duda, es que muchas veces uno escucha soluciones asociadas al tema procesal penal y la seguridad, que más que hacer más eficaz el sistema termina haciéndolo menos eficaz.
—¿Por ejemplo?
—La reducción del proceso abreviado. Su limitación es claramente una reforma que no apunta a hacer más eficaz el sistema, sino en cualquier caso a hacerlo un poco más garantista. Y eso tiene como consecuencia inmediata dos cosas: van a disminuir las imputaciones y va a aumentar la brecha de impunidad. Eso está claro. Sobre todo si se pretende ampliar el número de juicios orales y no se le dota a las instituciones de los recursos necesarios para eso. Si querés restringir el abreviado y aumentar el porcentaje de juicios orales, tenés que tener los recursos humanos y materiales para poder llevar adelante eso. Si no te pasa lo que pasa en otros países, que en vez de citar a juicio oral para dentro de dos meses, lo fijás para dentro de dos años. Es disfuncional. Va en contra de lo que querés, o decís querer. Ese es el único temor.
—Frente a su argumento se puede plantear que lo que se busca es mejorar la calidad de las imputaciones. Por ejemplo, que las penas sean más severas...
—Con el abreviado vos te asegurás de una cosa: hay una sentencia de condena. En el juicio oral la sentencia de condena es una eventualidad, porque se puede perder. Además, lo que hemos visto hasta ahora es que las sentencias que obtenemos en juicios orales no son sustantivamente superiores a las que tenemos en procesos abreviados. Creo que se instaló un relato que es falso.
—¿Respecto a que, con el nuevo CPP, las penas son muy leves?
—La experiencia que tenemos es que muchas veces terminamos juicios orales y no hay diferencia sustanciales en la pena de la que se obtiene en un abreviado. Ese relato instalado no tiene su fase de realidad. A veces se construye sobre determinados casos puntuales, y problemáticos, conclusiones genéricas.
—Pero ese relato también es replicado por líderes políticos, que han expresado su preocupación al respecto.
—El tema es que antes ni siquiera se sabía cuáles eran las penas. Uno de los efectos de este sistema de transparencia es que hoy sabemos cuáles son las penas y cuántas se cumplen. Antes cualquier procesado por hurto salía a los dos o tres meses. Y nadie se enteraba. Y después salía una pena de 20 meses de prisión, que nunca se cumplía. La enorme mayoría de las penas se cumplían en libertad condicional. A favor del sistema anterior está la opacidad. Lo que tiene esto es que es transparente. Entonces la población se encontró con un volumen de información que antes no disponía. Dejame con esto, ¿no?
—La revisión del CPP que anunció el nuevo gobierno reanudará el debate sobe la reforma. Usted ha sido su principal impulsor, ¿sigue con energía para estar nuevamente al frente de su defensa?
—Yo vine acá a hacer la reforma. Y siempre voy a tener fuerza para defender mis ideas. Teniendo claro que soy el fiscal de Corte, quien aprueba las leyes es el Parlamento. Como lo he tenido siempre. Pero las reformas procesales penales en América Latina han sido permanentemente revisadas. Apunta a ir mejorando cada vez más, no me parece mal.
—¿Piensa que la reforma es irreversible?
—El sistema acusatorio avanza en todo el mundo. Sería ir a contrapelo.
—¿Y cree que eso está claro entre los líderes que asumirán el nuevo gobierno?
—No lo sé. Lo que he escuchado hasta ahora va en esa dirección. Tranquilidad absoluta. Además, por suerte me quedan solo dos años (ríe).
—¿Va a terminar su mandato?
—Tengo un compromiso político de llegar al final. Fue una de las cosas que se me preguntó expresamente. Y la respuesta expresa fue que iba a terminar. Hace mucho tiempo que en Uruguay un fiscal de Corte no termina su mandato. Creo que es una buena señal desde el punto de vista democrático.
—¿Qué planes tiene para cuando termine? ¿No lo ha tentado la política?
—Voy a terminar el mandato y después veré qué hago. Mi objetivo es cumplir con la palabra empeñada.
—¿Lo contactó Luis Lacalle Pou o alguien de su equipo?
—No. He tenido los mismos contactos que tengo siempre con los distintos partidos políticos; el ejercicio de este cargo naturalmente implica un contacto permanente. La Fiscalía como institución le tiene que asegurar al gobierno un mecanismo eficaz de investigación y persecución criminal. Y a la oposición darle las garantías de que cumple esa función desde el punto de vista estrictamente constitucional, legal y objetivo.
—El futuro ministro del Interior, Jorge Larrañaga, apuesta a un endurecimiento de la respuesta estatal ante la delincuencia y una mayor libertad en el accionar de la Policía. ¿Cómo ve la posibilidad de un Ministerio del Interior más duro en la represión del delito?
—Dentro de lo que marca la Constitución y la ley, todo. No nos corresponde a nosotros modificar o cuestionar los aspectos legales. Creo que la ley de procedimiento policial requiere ajustes para adaptarse a un sistema acusatorio. Es necesario regular claramente cuáles son aquellas potestades autónomas de la Policía, es un tema que a nivel de Latinoamérica ha tenido siempre dificultades. Y obviamente si somos convocados a opinar sobre estos temas opinaremos. Acá el tema es tejer relaciones de confianza y de funcionalidad que permitan ser más exitosos en nuestro cometido. No tengo tabúes en esos temas. Lo que la población quiere es que esto funcione cada vez mejor. Nuestro trabajo es ese. Los tintes o los enfoques son cuestiones de debate, que cada ciudadano tendrá su opinión.
