“Reiteramos nuestra objeción a que el Ministerio de Ganadería (MGAP) presida tanto el gabinete como la comisión de gestión de los recursos genéticos; la Presidencia debería ser rotativa o de lo contrario compartida con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma), en virtud de las competencias que nuestro Ministerio tiene en el área ambiental y entendiendo el tema de acceso y participación de los beneficios de los recursos genéticos como asociado a la conservación y protección de la biodiversidad”.
Con esos y otros argumentos los delegados del Mvotma en el comité de Recursos Fitogenéticos, Alicia Aguerre y Víctor Canton, plantearon sus discrepancias con la redacción de un anteproyecto de ley sobre Recursos Genéticos y Conocimientos Tradicionales Asociados, redactado en 2012 pero que hasta ahora no fue enviado al Parlamento por el Poder Ejecutivo debido a la falta de acuerdo en el gobierno.
Sugirieron, además, “la conveniencia de la participación del Ministerio de Educación en el gabinete y en la comisión de gestión de los recursos genéticos”.
Los técnicos manifestaron su “inquietud” en cuanto a la participación de los sectores públicos y pidieron generar un “amplio marco de consulta”, basándose en las audiencias públicas y manifiestos que son las instancias utilizadas habitualmente.
“Si supiera cómo destrabar esto ya lo habría hecho hace bastante tiempo”, dijo el subsecretario de Ganadería, Enzo Benech, en el marco de un seminario sobre recursos fitogenéticos, organizado por la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR) el viernes 12 en Minas.
Ante los presentes, ese jerarca admitió que la ley en cuestión “es uno de los deberes pendientes” que me han quedado, “pero políticamente se trabaja”.
En alusión al anteproyecto de ley, Benech comentó: “Esta propuesta salió en 2012, en la gestión anterior de gobierno, trabajamos en el Ministerio con (el actual senador y ex ministro de Ganadería) Ernesto Agazzi, que está de acuerdo y el (ex) presidente (José) Mujica también, pero no se pudo, no hubo las voluntades para firmar y mandar esto al Parlamento”.
Para el subsecretario, los cambios planteados por los técnicos del Mvotma “no son los más importantes” porque “tienen que ver con la Presidencia y la integración de algún gabinete”.
“Vamos a seguir trabajando en este tema, (que) políticamente es muy importante”, agregó.
Indicó: “Espero que tengamos la suficiente madurez como para avanzar en esto”.
Sin profundizar en el tema, Benech consideró que en recursos fitogenéticos Uruguay “tiene fortalezas pero también muchas debilidades”.
Interés general y patrimonio
De acuerdo con la exposición de motivos que acompaña al texto del anteproyecto de ley, al que accedió Campo, los recursos genéticos comprenden “todo material de origen vegetal, animal, microbiano o de otro tipo que contenga unidades funcionales de la herencia que luego fue modificada por cualquier material genético de origen vegetal, que tenga valor real o potencial para la agricultura y la alimentación”.
El primer acuerdo no vinculante para regular los recursos fitogenéticos fue en 1983 en un compromiso internacional establecido en el marco de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). El objetivo de ese acuerdo fue asegurar la prospección, recolección, conservación, evaluación, utilización y disponibilidad de los recursos genéticos, considerando que “son patrimonio de la humanidad y por lo tanto, su disponibilidad no debía ser restringida”.
Según el documento en cuestión, los países proveedores de recursos fitogenéticos empezaron a reivindicar el control de la soberanía sobre estos productos, y los usuarios reclaman el derecho a protegar la propiedad intelectual sobre las mejoras obtenidas en función del germoplasma original utilizado y la biotecnología moderna.
El anteproyecto de ley establece en su primer artículo que “el material genético y sus derivados que contengan material genético o bioquímico de origen vegetal, animal, microbiano o de otro tipo, tanto de especies autóctonas, domesticadas —en que se han desarrollado variedades o razas localmente adaptadas (criollas)—, y naturalizadas o subespontáneas; que se encuentren en el territorio nacional in situ o ex situ, se declaran de interés general”.
Esa misma declaración dispone para “los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica”.
La norma legal prevista alcanzará los recursos genéticos que se encuentren en el territorio uruguayo, su mar territorial, zona económica exclusiva y plataforma continental, así como los conocimientos culturales y tradicionales asociados a estos recursos. Esa legislación “no se aplicará al material genético y bioquímico humano”, indica.
El anteproyecto menciona la creación de una estructura similar a la del Gabinete de Bioseguridad, que evalúa y autoriza la utilización de eventos genéticamente modificados en vegetales, en cuanto a la conformación de un Gabinete de Recursos Genéticos y una Comisión de Gestón en esa área, que en ambos casos sería presidida por el MGAP.
En un país que vive de las exportaciones del agro, la producción se basa 100%, ya sea por los cereales o por el pasto que comen los animales, en los recursos fitogenéticos, destacó el delegado de la comisión de usuarios de semillas en el Instituto Nacional de Semillas, Alejandro Henry, en el seminario realizado en Minas.
Para dar una idea de la importancia que tienen las semillas en la economía mundial, ese productor mencionó las recientes ofertas que hizo la multinacional Monsanto para la compra de la empresa semillera Syngenta, de origen suizo.
“Que una empresa sea capaz de comprar otra por U$S 45.000 millones, que equivale a cuatro veces (el monto de)las exportaciones de Uruguay, demuestra los intereses desmedidos” en ese sector, advirtió.
Henry, al hablar en representación de la CNFR, cuestionó la decisión del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria de liberar variedades de semillas y específicamente, el convenio de mejoramiento genético de gramíneas forrajeras (raigrás y festuca) que firmó ese organismo con algunas empresas privadas, como el caso de la firma PGG Wrightson y Grasslands Innovation, ambas de origen neozelandés.
El objetivo de ese acuerdo, firmado en 2007, es combinar las respectivas capacidades de Grasslands Innovation, PGG Wrightson Seeds e INIA para mejorar el material genético y desarrollar nuevas variedades de raigrás, festuca y sus híbridos que resulten apropiadas para su uso en Uruguay, Argentina y Brasil, según un comunicado de ese instituto. Indica que en el documento se establece que PGG Wrightson Seeds tendrá los derechos de comercialización de las nuevas variedades en el mundo.
Para el delegado de la CNFR ese convenio implica “una forma monopólica de entregar las variedades” de semillas gramíneas.
