Diplomáticos recibirán puntaje por cumplir con metas y “conductas” como la “reserva”, “apariencia personal”, “disciplina” o “liderazgo”

El nuevo sistema de calificaciones modifica un decreto del año 1978 —que en el pasado fue modificado varias veces— y determina que los funcionarios diplomáticos comenzarán a recibir un puntaje por cada una de sus conductas y también por el cumplimiento de metas y objetivos, si están en concordancia con aquellos dispuestos por las misiones diplomáticas y la Cancillería.

Asimismo, se puntuará a los miembros del cuerpo diplomático por el cumplimiento de un conjunto de “tareas individuales” que estén en consonancia con las metas y objetivos de la institución.

Cada año, los funcionarios del Servicio Exterior serán evaluados por su superior inmediato y luego una Junta de Calificaciones estudiará cada caso y establecerá un resultado final. Esa junta está integrada por los directores del Ministerio, un delegado de los funcionarios y el director de personal. Aquellos cuyo escalafón es de los más altos —los que tienen el grado de embajador, ministro y ministro consejero— serán, por el contrario, evaluados por una reunión del ministro, el subsecretario y el director general de Secretaría.

Ese puntaje pasará a formar parte del legajo del trabajador, algo fundamental para que los diplomáticos puedan ascender en su carrera.

Conductas.

Si bien son funcionarios públicos, por la información que manejan y las tareas que realizan quienes forman parte del llamado “escalafón M” —el Servicio Exterior— se rigen por criterios diferentes al resto de los trabajadores del Estado y por lo tanto se les exigen determinados comportamientos o actitudes que no son exigidos en otras áreas.

Por eso, el nuevo decreto indica que la “evaluación de las competencias conductuales” de cada individuo representará el 70% del puntaje.

Ese número surgirá, a su vez, de la suma de puntajes que obtenga cada trabajador en distintas áreas. Según establece el decreto, se evaluará como positivo si el funcionario logra “adaptarse a la función”, lo que es definido como “la capacidad de anticipar y enfrentar de manera oportuna, efectiva y eficiente, los cambios de funciones, nuevos ambientes y situaciones”.

También se evaluarán “aspectos relativos a la discreción y la reserva, la corrección en los procederes, cumplimiento de las instrucciones y normas vigentes, corrección en la apariencia personal, tacto y sociabilidad, relaciones con los compañeros de trabajo y actitud para trabajar con nuevos funcionarios”.

Los diplomáticos suelen manejar información clasificada como confidencial y por tanto se considera un demérito cuando esta es divulgada. De hecho, la filtración de información ha revelado algunas crisis que si bien existían, no habían tomado estado público. Un ejemplo fue la difusión de las dificultades que existieron en la negociación que diplomáticos y representantes políticos llevaban adelante en la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) para concretar la profundización del dragado del Canal Martín García, algo que aún no se concretó.

Otro aspecto que será evaluado será la “Iniciativa y liderazgo”. “Se considerará la proposición de ideas útiles y oportunas que permitan soluciones adecuadas para resolver las situaciones planteadas”, se indica en el decreto.

Entre otros aspectos, la Cancillería busca medir las habilidades de sus funcionarios para la “comunicación y negociación”, definida como la “habilidad del funcionario para expresarse con precisión, de manera directa y efectiva, presentando con consistencia y coherencia sus argumentos y demostrando conocimiento de normas legales y reglamentarias”.

Metas.

El aspecto “más novedoso” —aseguran en la Cancillería— es aquel por el que se puntuarán las “tareas individuales en base a metas y objetivos”, que representará un 30% de la calificación total del funcionario.

Según explicaron fuentes de la Cancillería, el nuevo decreto pretende asegurar que los funcionarios concreten metas “alineadas a los objetivos de cada embajada o del Ministerio”.

Así, cada funcionario recibirá como máximo “cuatro tareas relevantes” en línea con las metas y objetivos definidos por la institución. “Al momento de definir las tareas relevantes, el evaluador primario deberán indicar respecto de cada una de estas, la incidencia porcentual que cada una tiene sobre el total de las asignadas”, establece el decreto.

A partir de eso, el evaluador de cada funcionario seleccionará, para cada tarea, una alternativa que va desde “no cumple” —lo que equivale a cero punto— a “obtiene resultados superiores a lo esperado” —que equivale a 120 puntos.

De acuerdo a la nueva normativa, cada funcionario debe ser notificado de forma anual del puntaje obtenido y esa calificación podrá ser impugnada.