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A fines del año pasado, el presidente Tabaré Vázquez anunció que pondría en marcha una promesa de campaña: el Diálogo Social. Se trata de un programa que pretende, según las palabras del propio mandatario, generar “un encuentro amplio y participativo” entre la sociedad civil y el sector público, para “pensar el país del futuro”. El Uruguay del 2030 y 2050. Para eso el gobierno convocó a unas tres mil personas, entre las que están incluidas las cámaras comerciales, industriales y empresariales, sindicatos, organismos educativos, organizaciones religiosas, uruguayos en el exterior y hasta medios de comunicación. Está previsto que en marzo de este año se instalen los grupos temáticos que girarán sobre desarrollo e inserción internacional, protección social y políticas transversales.
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Ayer miércoles 3 el diputado blanco Rodrigo Goñi presentó ante el Parlamento un pedido de informes sobre este tema. Al diputado le “preocupa” que la discusión del Diálogo Social pueda “distraer” al gobierno de sus “responsabilidades actuales”. Y por otra parte remarcó la “falta de oportunidad” con la que el Poder Ejecutivo realiza esta intervención pública. Dijo que el gobierno exhibe “falta de conciencia” sobre la incidencia que tienen los problemas actuales en el futuro del Uruguay. “Es un grave desacierto dejar de relacionar un Diálogo Social del futuro con los problemas del Uruguay actual”, subrayó. Además señaló que las “inconsistencias y contradicciones” en relación a la naturaleza del Diálogo Social, “la ausencia de reglas claras, la subvaloración de los temas a la vez urgentes e importantes, y las confusiones exhibidas en relación a los roles institucionales, alertan sobre la necesidad de prevenir una participación estatal excesivamente ideologizada”.
En diálogo con Búsqueda, Goñi dijo que sabe que su reclamo puede resultar “políticamente incorrecto” o que plantea una “verdad incómoda”. Pero aseguró que debe advertir los “riesgos” que conlleva este proceso. “Lo que hay que advertir es que de no desarrollarse acompañado de señales concretas para abordar simultáneamente lo urgente e importante, existe la posibilidad de que el Diálogo Social se transforme en una nueva excusa para eludir y diluir la responsabilidad que el gobierno tiene para resolver los desafíos de hoy”, afirmó. A su juicio, la “ausencia de un marco institucional preciso” que fije los límites dentro del cual se desarrollará el Diálogo Social y el “desconocimiento de reglas claras que regirán cada una de las etapas de dicho proceso”, se presta a “continuar y dar rienda suelta a la doctrina antirrepublicana de lo político sobre lo jurídico”.
Para Goñi, de no cumplirse con los requerimientos que sugieren las lecciones aprendidas en experiencias locales e internacionales, el Diálogo Social puede terminar en algo “frustrante”.
18 preguntas.
Según Goñi, el programa impulsado por Vázquez requiere la “necesaria atención y seguimiento” de los diputados y senadores. “Es función del Parlamento hacer un seguimiento para asegurar que los derechos de las organizaciones sociales sean respetados plenamente, en particular que pueda manifestarse libremente en todos y cada uno de los ámbitos a crearse en el Diálogo Social, sin cercenamiento alguno para expresar sus opiniones y desacuerdos, y sin temor a ningún tipo de represalia”. El pedido de informes presentado ayer por Goñi tiene 18 preguntas. En resumen, el diputado cuestiona cuál será el marco institucional dentro del cual se desarrollará el Diálogo Social; si será solo consultivo, o también tendrá naturaleza resolutiva de la cual resulten recomendaciones y acuerdos.