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La falta de transparencia de los gobiernos preocupa al diputado frenteamplista Daniel Caggiani (Espacio 609). Desde hace semanas que busca junto a su “barra” la manera de cambiar esta percepción y que no se vaya camino al “descreimiento en el sistema político”. Por eso, cree que los políticos deben tomar la iniciativa y poner transparente ante la ciudadanía todo lo que relacione dinero y política: sus patrimonios, el financiamiento de sus campañas y sus actividades antes y después de ejercer un cargo en el ámbito público.
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Con el respaldo del Espacio 609, el sector mayoritario dentro del oficialismo, Caggiani presentará tres proyectos de ley con el foco puesto en “rendir cuentas”. “Somos un poder del Estado que tomamos decisiones que afectan intereses de unos y de otros. Y el control ciudadano tiene que llegar a nosotros”, afirma.
La primera iniciativa consiste en extender la lista de quienes divulgan las declaraciones juradas de sus patrimonios. Hoy la Ley de Anticorrupción establece que las declaraciones del presidente y vicepresidente sean publicadas en el “Diario Oficial”. Caggiani quiere que esa práctica alcance también a los diputados, senadores, ministros de Estado, ministros de la Suprema Corte de Justicia, ministros de los tribunales de Apelaciones, ministros del tribunal de Cuentas, ministros de la Corte Electoral. “Es decir, todos los cargos públicos de jerarquía tienen que hacer su declaración jurada y que la ciudadanía pueda conocer cuáles son los patrimonios y su evolución”, explica.
La intención de Caggiani es incluir al ámbito privado. Los titulares de empresas que utilizan recursos del Estado como las mutualistas o las organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, están incluidos en el proyecto de ley y sus declaraciones juradas serán públicas si se aprueba la norma.
“Tenemos que ser transparentes y no esperar a que, como ha pasado en otros países, haya una percepción de la población de no creer en la política por dudas con sus financiamientos”, dice.
El escándalo destapado por las filtraciones de los llamados “Panama Papers” donde se ve cómo políticos y empresarios usan para su provecho las bajas restricciones de los países considerados paraísos fiscales es otro punto en el que se apoya Caggiani para promover sus propuestas.
Cada año, según el diputado, empresas offshore son usadas para evitar el pago de impuestos, lo que representa 130.000 millones de euros que los estados no recaudan. “Si existen legisladores uruguayos que tienen cuentas o empresas en paraísos fiscales deberían rendir cuentas a la población de por qué lo hacen. Nosotros creamos leyes que crean impuestos para que la gente aporte a políticas públicas y no está bien que quienes obligamos a otros tengamos empresas en otros países para eludir impuestos. Hay una señal que dar”, dice.
Los fondos.
El segundo proyecto de ley apunta directamente a lograr más claridad en el origen del dinero con que se sustentan los partidos y sus campañas políticas. Caggiani pretende llegar a que los candidatos fundamenten de dónde surgen sus fondos y que la obligación de informar no dependa de la cantidad, sino del origen. También ve necesario mejorar los controles porque, en su opinión, la Corte Electoral hoy “apenas recibe la información de los partidos y no se corrobora que sea cierta”. “Y hubo casos en que declaran gastar poco y nada en publicidad y luego ves las calles tapadas de carteles. No cierra”, dice.
Esta iniciativa estaría acompañada de un capítulo sobre el manejo de la propaganda electoral. Es el mayor costo que tienen los políticos en sus campañas y Caggiani asegura que ahí hay un pilar fundamental para sostener la igualdad en las posibilidades. Resalta el avance que hubo en limitar los días en que se puede hacer campaña así como los espacios gratuitos que crea la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Pero aspira a dar un paso más: establecer un límite de publicidad, tanto oficial como privada, para los partidos políticos.
Su intención es crear, a su vez, un organismo intermedio que sea el que reciba las solicitudes de los partidos, las distribuya a los diferentes medios y lleve el control para que no se den diferencias.
“Los canales de televisión han cobrado precios distintos según el partido y eso termina siendo una donación encubierta a quienes se les cobra menos”, asegura el diputado.
De todos modos, la mayor amenaza para Caggiani está en los outsiders de la política y cómo en otros países el dinero del narcotráfico termina incidiendo en las elecciones, de México, entre otros. “En Uruguay no queremos que eso pase y si no cuidamos que quienes ingresan a hacer política compitan de manera equitativa, podemos correr el riesgo de que esos dineros terminen en un candidato”, agrega.
Puertas giratorias.
El tercer proyecto que tiene en carpeta pretende evitar lo que en otros países se denomina “puertas giratorias”. Se busca prohibir que quienes ejercen cargos jerárquicos en el gobierno luego de dejarlo puedan asumir en el ámbito privado. El impedimento regiría por un determinado período de años y evitaría que saquen provecho de su anterior ocupación pública.
“Uno no puede ser presidente de una telefónica y después ir a trabajar a la competencia”, plantea Caggiani. Aunque aún no definió cuál será la propuesta concreta en este caso para convertirla en una ley.
