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Las tres integrantes del directorio del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) mostraron diferencias ante el Parlamento sobre cómo se debió proceder ante una eventual irregularidad de la anterior administración del organismo.
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Un mes atrás, la presidenta del Inisa, Rosanna de Olivera (Cabildo Abierto), presentó una denuncia penal por presuntas irregularidades cometidas en la administración anterior, según informó el diario El País el 12 de julio. Según explicó la jerarca, en uno de los centros del Inisa se encontró información que fue extraída de celulares incautados a los adolescentes que están recluidos allí por cometer infracciones penales. De Olivera consideró que no haber enviado esa información a la Fiscalía podía constituir una omisión de parte de las anteriores autoridades, y por eso resolvió denunciarlo en la Justicia.
La decisión causó malestar en los exintegrantes del directorio del Inisa. Entre ellos, del entonces director y actual diputado blanco Álvaro Viviano, que le tocó presidir la comisión de Población y Desarrollo del Legislativo, donde las autoridades explicaron lo que pasó.
La diputada del Frente Amplio Cecilia Cairo señaló en la instancia que quería conocer una explicación sobre la situación, de la que dijo que se había enterado por la prensa, y preguntó si la denuncia penal había sido votada por todo el directorio.
En el transcurso de la presentación de las tres directoras del Inisa, sin embargo, quedaron expuestas diferencias entre las jerarcas sobre la situación ocasionada. Tanto Sandra Etcheverry (Partido Nacional) como Andrea Venosa (Frente Amplio) no respaldaron lo realizado por De Olivera.
La asesora jurídica del Inisa, Marta Valfré, dijo en la comisión que se denunció “una situación” y no al directorio anterior. Valfré informó a los legisladores que cuando hallaron los celulares requisados se encontraron con tres problemas. Uno era qué hacer con esos teléfonos. Un segundo problema era qué hacer con el material que contenían, ya que estaba guardado en un lugar que era de acceso de todos los funcionarios. Y, en tercer lugar, comprobaron que el programa que se utilizaba para destrabar los celulares “no había sido comprado en forma legítima”.
El 10 de julio, De Olivera resolvió hacer la denuncia penal. En la comisión dijo que le comunicó su decisión a la directora Sandra Etcheverry. “Mi denuncia en ningún momento menciona la gestión anterior. La denuncia fue por los hechos presuntamente delictivos que yo estaba encontrando y por todo ese material que tenía en mi poder. La verdad, quería que alguien se encargara, que la Justicia, como corresponde, se encargue de dilucidar la situación”, explicó.
En tanto, Etcheverry aclaró a los integrantes de la comisión que “en ningún momento” pidió firmar la denuncia. “Estaba asesorada de que no debíamos firmarla porque había un debido proceso que nosotros habíamos omitido (...). Yo también me enteré por la prensa, lo cual nos trae complicaciones a todos”, sostuvo.
La directora Venosa, si bien en el momento de la denuncia no era aún parte del directorio, dijo que tampoco compartía la decisión que tomó De Olivera. “No hay hechos con apariencia delictiva en este momento. Sí puede resultar de la investigación administrativa que algún funcionario tenga que ver con delito penal”, dijo. Además, afirmó que la decisión debió tomarla el directorio y no una sola persona.
La diputada Cairo coincidió en señalar que la denuncia debió hacerla el directorio del organismo y que era preferible esperar a una investigación administrativa para conocer los resultados.
