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Tras la lectura del Libro La fuerza de las ideas del Dr. J. M. Sanguinetti, desearía realizar algunas objeciones a este dejando en claro el respeto que me merece quien por dos veces presidió nuestro país. El asunto es estrictamente histórico. Es imposible por razones de espacio referirnos a las anotaciones que hemos realizado al mencionado libro, pero vistas las numerosas alusiones negativas (u omisiones de méritos) a las figuras del Brig. Gral. Manuel Oribe y al Dr. Luis Alberto de Herrera nos vemos en la obligación de referiremos, aunque sea mínimamente, al tema. A esos efectos trataremos de sintetizar dos casos puntuales, que aparecen en las páginas 64 y 146, respectivamente.
Página 64. Dr. Sanguinetti: “Esa variante del Estado democrático, de raíz liberal, pero con una intervención fuerte en la seguridad social y el desarrollo económico, resultaba inédita”. El autor se viene refiriendo al Partido Colorado, y hay una seria omisión, ya que la “intervención fuerte en la seguridad social y el desarrollo económico” que resultaba “inaudita” la había llevado a cabo Oribe. Y no solo su intervención fue fuerte, sino que además fundó dicho sistema en 1835.
Como es lógico comienza por atender los casos de los militares, que en esa época y desde las luchas de la independencia era el sector más sufrido y expuesto a mayores riesgos. Existían numerosísimos hogares deshechos por la muerte del padre de familia en cumplimiento del deber, y allí llegó la ley. Ya en 1838 estableció la jubilación para los empleados civiles.
Veamos las leyes sancionadas por el fundador del partido blanco:
— 1835. Ley de pensiones a viudas y menores de militares (19/3); ley que fija los sueldos de jefes y oficiales retirados (3/6); ley de retiro de jefes y oficiales (16/6).
— 1837. Ley que reforma el régimen de pensiones con amplios beneficios para las viudas e hijos de militares fallecidos (3/5).
— 1838. Ley de jubilación, retiro y montepío para empleados civiles (5/5).
Simultáneamente, Oribe se aboca a abolir la esclavitud (otro hecho inédito) con leyes sancionadas desde su primer gobierno y logra finalmente su concreción en 1846 durante el gobierno del Cerrito, es esta sin ningún lugar a dudas una de las obras sociales y humanitarias más importantes de la historia del país. Esto le generó innumerables problemas, incluso internos. Fue la abolición una de las causas fundamentales que lo llevaron a caer en 1851, por el golpe que significó a los hacendados brasileños que se quedaron sin mano de obra gratuita, quedando expuesta su notoria connivencia con el gobierno norteño.
Estos dos ejemplos bastan para calibrar la dimensión de su pensamiento social. Quisiéramos saber en qué país de nuestra América, en esa época, se dieron semejantes avances. Pero simultáneamente Oribe, y esto agiganta su obra, a partir de julio del 36 tuvo que defender la legalidad ante la rebelión riverista apoyada por unitarios argentinos, a los que se le sumó la marina de guerra francesa, y en el Cerrito vérselas con colorados, ingleses, franceses y garibaldinos.
Pasadas muchas décadas, en 1894, dos legisladores nacionalistas, Evaristo Ciganda y el Dr. Alberto Palomeque volverán sobre tan delicado asunto presentando ante la Cámara de Representantes un proyecto de ley de jubilaciones y pensiones para los docentes.
Página 146. Dr. Sanguinetti: “Cuando esa república, democrática y liberal, adquiera la dimensión social de un Estado compensador de las inevitables desigualdades de la economía de mercado, nos encontramos con esa denominación que en Europa se llama socialdemocracia. No nos enredamos con las palabras. No son conceptos antagónicos. Se superponen y se enriquecen. En Uruguay todo eso quiere decir Estado batllista, esa expresión tan repetida y simplificada. Contra esta concepción aparecerá la del llamado liberalismo conservador, el de Luis Alberto de Herrera, de clara inspiración anglosajona”.
Es archisabido que el primer proyecto de legislación obrera en nuestro país lo presentaron los legisladores blancos Dr. Luis A. de Herrera y Carlos Roxlo el 23 de febrero de 1905. Y no era un proyecto liviano, constaba de 58 artículos divididos en 7 capítulos, que atendía integralmente todos los problemas del trabajador, sus derechos, otorgándole garantías, reducción de horas de trabajo, jornadas libres, seguro de accidentes, exigencias de higiene en los talleres.
Un manto de silencio cubrió esa noble aspiración, ante lo cual el Dr. Herrera, varios meses después, dijera (crónica parlamentaria): “Es simplemente para manifestar que recabaría de la Comisión de Legislación que apresure el despacho de un proyecto que fue presentado hace varios meses con un distinguido colega, el señor diputado Roxlo, sobre legislación obrera. Yo no sé si ese programa resuelve las dificultades gremiales, pero sí sé que señala el primer apoyo oficial serio para abordarlas y resolverlas (…)” (Pelfort, Orígenes de nuestra legislación laboral).
Todo siguió igual, y algunos legisladores blancos, de los pocos que había, adhirieron al proyecto y enriquecieron con sus aportes en favor de los trabajadores. ¿Y por qué eran pocos?: por la ley batllista que se conoció con el nombre de “mal tercio”, que atentaba contra la representación de las minorías.
El 22 de junio, Herrera y Roxlo completan el proyecto inicial con otro de 41 artículos referentes a contratos de trabajo individuales y colectivos y organización sindical, y el 28 proponen en ocho artículos una reforma del régimen carcelario.
Eduardo Víctor Haedo explica lo ocurrido posteriormente: “Batlle había comprendido la importancia de los proyectos presentados y el amplio efecto electoral que les aguardaba. Hace elaborar entonces un proyecto sustitutivo y los diputados oficialistas lo informan favorablemente relegando los presentados por Herrera y Roxlo. Herrera protesta en nota al Dr. Paullier publicada en La Democracia el 2 de febrero de 1907” (Herrera. Caudillo Oriental).
