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El Ministerio del Interior adoptó este año un enfoque más analítico en su combate al crimen, marcado tanto desde el comando policial como del ministerial. La base de esta estrategia es un documento con medidas a corto, mediano y largo plazo que apunta a una seguridad pública preventiva. Entre esas medidas se encuentra la mediación, bajada a tierra en un programa adoptado en otros países que consiste en captar líderes barriales —a veces expresidiarios—, que con su conocimiento de la comunidad y el mundo delictivo buscan “interrumpir” en las bandas de narcotráfico comportamientos violentos como los ajustes de cuentas.
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Esta semana ese tipo de mediación fue recomendada en una investigación académica como una de las tres estrategias para reducir los homicidios en Uruguay. Una segunda recomendación es el uso de la disuasión focalizada. En este caso, el Ministerio del Interior no tiene aún un plan formal y oficializado como el de la mediación, pero fuentes de la cartera dijeron a Búsqueda que se analiza su posible aplicación y que a partir de la investigación se iniciaron contactos con Fiscalía para intercambiar opiniones.
El informe, denominado Diagnóstico de los homicidios en Uruguay (2012-2022), fue elaborado por Emiliano Rojido, Ignacio Cano y Doriam Borges y es financiado por un fondo sobre seguridad que impulsan la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y el Ministerio del Interior. Durante su presentación el lunes 10, Diego Sanjurjo, asesor del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, señaló en conferencia de prensa que muchas de las sugerencias que plantea el estudio son conocidas por las autoridades “ya hace un semestre”, por lo cual el ministerio “empezó a transitar el camino” en algunas de ellas.
La disuasión focalizada es definida en la investigación académica como una herramienta que se enfoca en los ofensores y grupos violentos más prolíficos y que pretende aumentar los costos de cometer homicidios, difundiendo entre los posibles autores la focalización del Estado en este tipo de crimen. Por ejemplo, al comunicar el Estado directamente a los infractores de las consecuencias legales de sus acciones.
“La focalización se relaciona, así, con el perfil de riesgo de los potenciales perpetradores y con el tipo de crimen. El objetivo de la disuasión focalizada no es eliminar los grupos o detener todas sus actividades, sino controlar algunos tipos de crímenes, como los homicidios. En este sentido, pueden ser entendidas como políticas de reducción de daños”, afirman los investigadores.
Un documento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) explica que en la disuasión focalizada intervienen la Policía, la Fiscalía, el Poder Judicial y el sistema penitenciario para, mediante análisis e inteligencia, “identificar a los grupos y a los cabecillas que reiteran comportamientos violentos”, estén en libertad o encarcelados. Luego estos individuos “pasan a ser objeto de una iniciativa de comunicación orientada a informarles que están bajo un constante escrutinio, que no se tolerarán nuevos episodios de violencia, y que en caso de reincidencia se aplicará todo el peso de la ley”.
El trabajo académico alerta justamente que la disuasión focalizada puede suponer dilemas éticos, sobre todo cuando se responsabilizan a ciertos líderes por la conducta de otros miembros de la banda. “Dos problemas se plantean aquí: el supuesto de que el líder tiene control o ascendencia suficiente sobre los otros miembros del grupo; y la fragilidad de las pruebas que frecuentemente vinculan un homicidio a determinado grupo criminal. La tentación de basar las decisiones administrativas (como trasladar a un recluso a otra cárcel) en meras sospechas puede llevar a castigar a personas equivocadas, lo que además de injusto, podría generar efectos perversos como cometer homicidios para atribuir la responsabilidad a grupos rivales”.
