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La decisión de la mayoría del Tribunal de Cuentas (TCR) de aprobar, por segunda vez, una resolución que pone en jaque un proyecto del Poder Ejecutivo en seguridad pública provocó malestar en el oficialismo, que nuevamente quedó en minoría en el organismo de contralor.
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Según una resolución a la que accedió Búsqueda, el tribunal decidió mantener una observación formulada el año pasado para licitar el Sistema Único Integral de Identificación de Personas, con el cual el Ministerio del Interior prevé construir de cero el sistema de Identificación Civil al implantar en todas sus oficinas una nueva plataforma tecnológica que sostenga la emisión de pasaportes y cédulas de identidad.
La presidenta del TCR, Susana Díaz (neutral), y los tres ministros designados por el Frente Amplio —Miguel Aumento, Enrique Cabrera y Diana Marcos— consideran que en la licitación el ministerio no aplicó correctamente los criterios objetivos de evaluación. Contrarios a esa postura son los representantes oficialistas Álvaro Ezcurra, Francisco Gallinal y Darwin Machado. Esta misma división de cuatro ministros contra tres se dio en diciembre y enero cuando el tribunal confirmó la observación sobre una licitación pública de la Dirección de Aduanas para comprar tres escáneres por US$ 42 millones que detecten drogas en el Puerto de Montevideo.
Para el gobierno, el tribunal “se aleja cada vez más de lo técnico para tomar decisiones con tinte partidario”, dijo a Búsqueda una fuente del Poder Ejecutivo.
Esa mirada crítica había quedado explicitada en un comunicado que emitió el Ministerio de Economía cuando anunció que avanzaría con la compra de los escáneres pese a las observaciones del TCR. La secretaría de Estado argumentó que fue un procedimiento transparente y ajustado a derecho y avalado por reportes de Jurídica del Tribunal de Cuentas “que fueron desconocidos por la mayoría política del organismo de contralor”.
El segundo fallo
El año pasado el Centro Nacional de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática realizó una auditoría de 150 páginas donde recomendó las medidas a tomarse para impedir un ataque de ciberseguridad como el que sufrió la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC) a fines de 2020, que comprometió los datos personales de 84.001 personas. El análisis afirmó que en el organismo la política de contraseñas era tan débil que muchos funcionarios ingresaban al sistema central, que maneja millones de datos personales de todos los ciudadanos del país, con un password básico como 1234.
El Ministerio del Interior, de quien depende la DNIC, abrió un llamado internacional al que se presentaron dos empresas y del que resultó ganador en julio la chilena Sonda, una de las multinacionales más importantes de la tecnología de la información en Latinoamérica. El nuevo sistema será elaborado por un precio aproximado de US$ 4,2 millones. Se trata de una solución llave en mano, con hardware y software, que brinda garantía y mantenimiento por cinco años y que abarca hasta 120 terminales de enrolamiento incluyendo los dispositivos para la toma de datos biométricos: cámaras fotográficas, lectores de huellas dactilares, tabletas de firmas y escáneres de digitalización de documentos.
La empresa perdedora Thales Dis Brasil —parte de un grupo francés dedicado a soluciones aeroespaciales, de defensa y seguridad— fue desestimada en el llamado por un “apartamiento insubsanable de ciertos presupuestos del pliego de bases y condiciones particulares” referentes a los servicios de garantía, soporte y mantenimiento y a las horas de desarrollo.
Esta decisión del Ministerio del Interior fue observada en abril por el Tribunal de Cuentas. El ministerio reiteró el gasto y en diciembre el tribunal mantuvo la observación. Entre otras cosas, asegura que “si bien los criterios de evaluación prevén un mecanismo particular para calificar los ítems ponderables, no aplica de igual forma para los ítems obligatorios, respecto de los cuales no existe una fórmula objetiva de puntuación para llegar al mínimo establecido”, lo cual se aparta del texto ordenado de contabilidad y administración financiera (Tocaf). “La administración no aporta nuevos elementos que ameriten el levantamiento de la observación formulada”, concluyó la resolución.
El fallo, con los votos de Díaz, Aumento, Cabrera y Marcos, dejó de lado un informe elaborado en noviembre por la División Jurídica del TCR. En este informe se apoyaron Machado, Ezcurra y Gallinal para su voto discorde.
De acuerdo a la División Jurídica, el ministerio actuó conforme a derecho al permitir “ver con claridad su accionar” y respetando la igualdad de los oferentes, dotándolos de todas las garantías en las distintas instancias del procedimiento. Entre otras cosas, la División Jurídica del Tribunal de Cuentas afirma que el gobierno especificó el cumplimiento por parte de la empresa Sonda de los requerimientos obligatorios, así como el cumplimiento de distintos ítems ponderables, por lo cual los 55 puntos que obtuvo Sonda resultan de la suma de los 36 puntos de requerimientos obligatorios más los ponderables. El informe admite que no se especificó la puntuación que obtuvo Thales Dis Brasil para no alcanzar el mínimo de admisibilidad, pero eso no modifica el resultado final.
“Se ha dado cumplimiento a los requisitos vigentes en materia de licitaciones públicas internacionales. Los argumentos esgrimidos por la administración ameritan el levantamiento de la observación formulada”, fue la recomendación final.
Interior prevé seguir adelante con la licitación otorgada a Sonda, dijeron a Búsqueda fuentes del gobierno.
