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    Dos estacioneros evalúan denuncia penal a ministra de Industria por traslado de punto de venta en trámite

    La ministra Elisa Facio afirma que una decisión se tomará en breve y rechaza que se tome “en cuenta el nombre del propietario de la estación” para resolver una relocalización, como señalan sobre estos casos los empresarios que se sienten afectados

    El cambio en la decisión que el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) está considerando, vinculado a dar luz verde a los traslados de algunas estaciones de servicio que la cartera anuló luego de que fueran autorizados por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), está generando entre los actores involucrados “fuegos cruzados” y advertencias de parte de privados de llevar a la Justicia penal a la jerarca de la cartera.

    En marzo, el columnista del programa Nada que perder de M24 Eduardo Preve denunció que estaban en construcción estaciones de servicio de forma “ilegal o irregular” y que en algunos casos pertenecían a dirigentes del Partido Nacional. Aludió a un caso en Young (Río Negro), por parte de un sobrino del intendente Omar Lafluf, a otro en Santa Rosa (Canelones), por parte de Adrián Silva, senador suplente de Javier García, y a un tercero también en la capital canaria. En los tres casos, el MIEM anuló en setiembre pasado la autorización de la Ursea, a partir de recursos presentados por estacioneros de la zona. Pero, según el periodista, las obras siguieron adelante.

    El lunes 8, en rueda de prensa, la titular del MIEM, Elisa Facio, declaró que “en estos días” habría varias resoluciones para autorizar nuevos permisos y traslados de estaciones, que tratarían de “destrabar la situación” para que el sector “se mueva”. Para eso, dijo en relación a los casos de Canelones y Río Negro, se estaban tomando en cuenta otros elementos, como el hecho de que hay alguna “inversión muy grande” ya realizada.

    Uno de los casos de Canelones corresponde a una solicitud de Ferbra S.R.L. —cuyo titular es Silva—, que pretende trasladar la estación de Santa Rosa a la Ruta 11.

    “No existe fundamento legal alguno para aprobar este traslado, deshaciendo o contrariando la decisión estrictamente apegada a derecho que había adoptado (Omar) Paganini” como ministro de Industria, dijo a Búsqueda el abogado de BDB Ltda. y Mans S.R.L., Pablo Donnángelo. Esas empresas son propietarias de estaciones ubicadas en la zona de influencia, la primera en la Ruta 11, a 19 kilómetros del puesto de venta que se aprobaría el traslado de la que posee Ferbra, del senador suplente blanco; la estación de Mans quedaría a una distancia de 11,8 kilómetros del nuevo puesto, según Donnángelo.

    “Lo que uno ve al final de todo este periplo es que existe la intención de la ministra de, aun contraviniendo la ley, aprobar un traslado en beneficio de un correligionario político”, afirmó. Y advirtió que, de aprobarse el traslado, “no se descarta la presentación de una denuncia penal por abuso innominado de funciones” contra Facio. “Entendemos que es una conducta grave, con las características de una decisión arbitraria (…), porque puede ser una coincidencia o algo que no tenga que ver con la decisión de la ministra. Pero aun cuando se trate del senador suplente de la Lista 40 o de ‘Juan Pérez’, cuando la decisión no tiene respaldo legal de ninguna especie, es susceptible de ser controlada por la Justicia”, alegó.

    El abogado sostuvo que la eventual autorización no se apegaría a la reglamentación que rige porque se instalaría a una distancia de las estaciones ya activas que no está permitida. Consideró que además de causar un perjuicio directo a sus representados sentaría un “precedente negativo” y pondría “en jaque” la regulación del sector porque sería un “apartamiento arbitrario” de la normativa.

    Consultada por Búsqueda, Facio dijo que hay tres casos de traslados donde el proceso fue parecido, en los cuales el MIEM —con Paganini al frente— anuló la aprobación de la Ursea por “razones administrativas”. Señaló que luego los interesados en lograr el traslado recurrieron la anulación y en ese escrito presentaron “nuevos elementos”. Agregó que se trata de “temas de seguridad, medio ambiente y las inversiones realizadas”.

    “Hay otros elementos, y son los que se valoraron”, señaló la ministra, y admitió: “Esa es la razón por la cual estamos considerando modificar la decisión. Aún no se resolvió”, aunque ello ocurriría “en breve”.

    Facio apuntó que las solicitudes de traslado en cuestión son anteriores a la reglamentación definitiva dictada por la Ursea, donde se estipula la distancia entre un puesto y otro —en ruta— de 20 kilómetros. Aseguró que “en ningún caso se toma en cuenta el nombre del propietario de la estación cuando se analiza un expediente”, sino que se realiza un “análisis normativo y de responsabilidad del ministerio, sin considerar cuáles son las personas” que hay detrás. Y añadió: “Este ecosistema es muy complejo, ellos son todos amigos, se recurren entre ellos, es increíble cómo llegan recursos… O sea, Juan recurre lo que le dice a Pedro y Pedro lo que le dice María y María lo que le dice a Juan. Es como que son todos cercanos y siempre reclaman su posición. Esto es común, (…) pero en este sector de estaciones hay muchos intereses en juego y evidentemente se presentan recursos de todo tipo y los estudiamos con la mayor seriedad. Son como fuegos cruzados”.