Durante su anterior gobierno, Antía habilitó a una empresa a pagar menos del canon al que se había comprometido por publicidad

Una vez cumplido el plazo, la Intendencia de Maldonado llamó a licitación para otorgar únicamente la explotación de la publicidad en vía pública, sin la exigencia de que hicieran el mantenimiento de la infraestructura desde 2016 hasta julio de 2020. Un primer intento terminó con la licitación declarada desierta, ya que los tres oferentes que se presentaron lo hicieron dando montos inferiores a los US$ 50.000 anuales de canon. Satenil S.A. resultó la ganadora, pero por lo bajo de la oferta la comuna decidió echar para atrás y realizar un nuevo llamado.

Un jerarca de la Intendencia de Maldonado dijo a Búsqueda que Satenil S.A. pagó menos de lo acordado “porque hubo menos sitios de explotación de los que se habían previsto inicialmente o menos locaciones para explotar”. En este sentido, agregó que “no es la situación actual, porque ahora la intendencia está en el marco de otra licitación y seguramente va a preparar a futuro lo que son las licitaciones para este periodo de gobierno”. Y explicó que se decidió extender su contrato, al igual que todos, “para darles continuidad a todos los contratos que tenía la administración de julio al final del período de gobierno”.

Empresa cuestionada

La contratación de Satenil S.A. fue lo que separó a los principales movimientos frenteamplistas en Maldonado. El líder de la Liga Federal, Darío Pérez, pidió firmemente que se dejara sin efecto su contratación por considerarlo una cuestión de “valores”. “La campaña del Frente se basó en la cristalinidad y en la transparencia. Ese fue nuestro gran valor. Y para nosotros esta es una cuestión de valores y de coherencia”, afirmó Pérez durante una reunión con dirigentes de primera línea en enero de 2007.

Incluso, en diciembre de 2006 cinco ediles que respondían a Pérez acompañaron a los 11 blancos y con 15 votos la Junta Departamental declaró nulo el contrato entre la comuna y Satenil S.A., pero el entonces intendente frenteamplista Oscar de los Santos vetó esa decisión. De los Santos dijo en conferencia de prensa que en la defensa del contrato con Netcom “está en juego el papel del partido de gobierno en el proyecto para Maldonado, al que la fuerza política se comprometió”. Ese diferendo político comenzó como un enfrentamiento entre dirigentes locales y se transformó en un problema nacional para el Frente Amplio, que lejos de resolverse se agravó con una irreconciliable disputa entre Pérez y De los Santos.

Pero además, el tema pasó a la Justicia luego de que tras la culminación de una Comisión Investigadora en la Junta Departamental y severos cuestionamientos del Tribunal de Cuentas de la República, tres ediles blancos presentaran una denuncia penal contra De los Santos. Tres años y cuatro meses después, la jueza penal de 2º turno de Maldonado, Adriana Graziuso, decidió archivar la denuncia.

Sin bicicletas ni foodtruck

Desde los últimos años del gobierno de De los Santos el banco Itaú instaló como un beneficio para quienes estuvieran en Punta del Este el servicio de préstamo de bicicletas. Lo continuó un año durante la primera administración de Antía, pero a partir de 2018 dejó de hacerlo. No porque fuera mal valorado o porque tuviera intención de retirarlo, sino porque la comuna, junto con Satenil S.A., no se lo permitió. Si bien el pliego de la licitación establece que la empresa tendrá la explotación de los refugios y las paletas publicitarias, en los hechos la comuna avaló que Satenil S.A. figurara con los derechos por cualquier acción publicitaria en la vía pública. Y la empresa lo aprovechó para exigir que cualquier tipo de acción debía realizarse con su permiso y pagándole por su uso.

Otro de los casos que relataron a Búsqueda varios empresarios fue el de un foodtruck que quiso instalar la firma Sarubbi y que fue impedido por Satenil S.A., así como el de una campaña que pretendía hacer McDonald’s en vallas flotantes en diversas playas de Punta del Este, pese a que fuera jurisdicción de Prefectura por ser cercano al agua. En todos los casos, personal de la Intendencia de Maldonado se presentó en el lugar y les exigió que retiraran la publicidad aduciendo que para estar en la vía pública debían acordar con Satenil S.A. Incluso, en el caso del banco Itaú, se lo obligó a retirar un puesto de sombrillas que tenían al frente de una de sus sucursales bajo el mismo argumento.

Esta situación llevó a que la Asociación de Marketing Promocional del Uruguay (Ampro) presentara un recurso de reposición y apelación en subsidio contra la comuna. “Con absoluta sorpresa el 6 de junio de 2019 fuimos notificados vía telefónica de la resolución Act. 8 mediante la cual la Intendencia de Maldonado realiza un inesperado pronunciamiento que parecería avalar una situación ilegítima que se viene produciendo en torno a la empresa Satenil S.A. (Netcom) y las indebidas potestades que esta se atribuye (y al parecer la intendencia le reconoce) para actuar como intermediario frente a cualquier actividad promocional que se desarrolla en el departamento de Maldonado”, comienza diciendo el escrito.

La Ampro sostiene que, en su opinión, el reparto de folletos o las actividades lúdicas con las marcas son acciones que no implican la utilización de cartelería y “no deberían estar dentro del ámbito de facultades de Satenil S.A.”. Agrega que la organización dio cuenta de que la empresa “se apersona ante los asociados como intermediario forzoso y cobra un canon frente a cualquier actividad promocional, no vinculada al uso de cartelería o pantallas móviles”.

Ante la consulta de Búsqueda sobre si Satenil S.A. posee la exclusividad en el manejo de la publicidad en vía pública, las fuentes de la comuna fernandina indicaron que no de forma “absoluta” y que existen diferentes convenios y licitaciones para explotar paradores, por ejemplo.