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El Municipio C, que abarca los barrios Capurro, Prado y Aires Puros, entre otros, instaló meses atrás un monumento donado por el escultor uruguayo Octavio Podestá, en la intersección de las calles General Flores y Bulevar Artigas.
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Sin embargo, el presidente de la Comisión de Nomenclatura de la Junta Departamental de Montevideo (JDM), el edil de Cabildo Abierto Gustavo Zúñiga, afirmó que la medida se llevó adelante sin autorización. Además, cuestionó que la instalación de la escultura, de casi 10 metros de altura y realizada en acero, costó US$ 37.000.
“Cualquier monumento, escultura o placa tiene que ser evaluada por la Junta y contar con al menos 21 votos para poder instalarse”, dijo Zúñiga a Búsqueda. Según lo establecido en la Ley Orgánica Municipal, “queda prohibido a los intendentes levantar monumentos o estatuas o autorizar su erección en sitios de uso público, salvo que así lo resolviesen los dos tercios de la JDM”, una limitante que también rige para los municipios.
El edil realizó un pedido de informes al municipio con el fin de conocer bajo qué fundamento legal se autorizó la instalación del monumento. Una arquitecta asesora del Municipio C respondió que “se trata de un espacio público que no es, por sus dimensiones, de competencia departamental”.
“Integra el grupo de espacios públicos que se mantienen y se acondicionan con recursos económicos del Municipio C. Es el gobierno municipal quien decide cómo ejecutar el gasto que le es asignado cada año”, indica el documento al que accedió Búsqueda.
Además, la arquitecta sostuvo que debido a que la obra “no tiene nombre, no refiere a ningún acontecimiento histórico y no recuerda ni homenajea a nadie”, no requiere la intervención de la JDM.
“Lo que indica es un error y no incluye ningún justificativo legal”, afirmó Zúñiga. A su juicio, la Intendencia de Montevideo debe retirar la escultura, tal como lo hizo con el monolito instalado sin autorización por el movimiento Un Solo Uruguay, o intentar subsanar la situación con un proyecto de decreto que sea votado en la Junta.
El legislador departamental aseguró que buscarán determinar las responsabilidades de este acto, que entiende recae sobre el alcalde y su consejo municipal. El expediente también pasó por la intendencia, a la que acusa de no haber realizado los controles necesarios.
“Ese dinero se debería haber utilizado para cubrir otras necesidades: hay basurales y calles para reparar. Que no se utilicen los recursos en lo que realmente importa, muestra que las prioridades están equivocadas”, cerró.
