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Un conjunto de medidas aprobadas por la Junta Departamental de Río Negro, que flexibilizaron los límites para construir en la ciudad y sobre algunas rutas, provocaron un enfrentamiento político en el departamento. Los 13 ediles del Frente Amplio acudieron días atrás al Parlamento para presentar un recurso de apelación en contra de las modificaciones, que impactan en el ordenamiento territorial de varias localidades.
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El decreto cuestionado, que fue enviado por la Intendencia de Río Negro y aprobado con los votos de los ediles oficialistas, habilitó a construir sobre las rutas 25 y 3 del departamento —antes no estaba permitido en los retiros— y aumentó los límites de altura autorizados para las edificaciones en calles centrales de Young. Además, amplió el cementerio y recategorizó el suelo urbano en algunas zonas. También permite fraccionamientos de superficies menores a 200 m² en Nuevo Berlín y en San Javier, lo que es una excepción a la actual normativa departamental.
Las medidas provocaron malestar entre los ediles de la oposición, que argumentaron ante el Parlamento que la aprobación del decreto “avala acciones fuera de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible” del departamento.
La edila frenteamplista Karina Sánchez explicó que para implementar los cambios se invocaron medidas cautelares, cuando en realidad se trata de “modificaciones sustanciales” al plan de ordenamiento territorial vigente, “desconociendo que su revisión tiene mecanismos previstos por la ley”.
Además, la delegación planteó que la suspensión de los retiros sobre los que no se permite construir están comprendidos en la Ley de Calificación y Jurisdicción de Caminos, por lo que puede impactar “en la logística a nivel nacional”.
La arquitecta Cecilia Rodríguez, asesora de los ediles, analizó el decreto y se refirió a algunos puntos que observa como problemáticos. Por ejemplo, señaló que “una medida cautelar no puede hacer una modificación sustancial” como recategorizar en calidad de residencial una zona destinada a la actividad industrial o permitir actuaciones en áreas definidas como rurales. Opinó que para aprobarse algo así se deberían transitar los pasos previstos en la Ley de Ordenamiento, entre ellos, la audiencia pública, la evaluación ambiental estratégica y la consulta a los ministerios involucrados.
En cuanto a las modificaciones a los límites para las construcciones en Young, la arquitecta dijo que se duplica la altura permitida en dos de las principales arterias de la ciudad. El plan de ordenamiento de la ciudad establece que para aprobar mayores alturas se debería formar una comisión asesora y elaborar un estudio técnico específico, señaló.
En tanto, el asesor legal de la delegación, Diego Pastorín, aclaró que los ediles frenteamplistas que recurrieron el decreto “no cuestionan la legitimidad ni la competencia del gobierno departamental en la definición del uso del suelo”, sino que la cuestión de fondo es que “no se usa” el procedimiento establecido en la Ley de Ordenamiento Territorial.
Según dijo, la preocupación central es que el decreto “vulnera todo el procedimiento de elaboración de planes de ordenamiento y de usos del suelo”. Si esto prospera, agregó, “puede suceder que ningún otro intendente haga instrumentos de ordenamiento territorial de acuerdo al proceso porque es mucho más cómodo ir por esta vía”; de lo contrario, se debería realizar un proceso de audiencias públicas, de consultas y de puestas de manifiesto, entre otros procedimientos que permiten el involucramiento de la comunidad, argumentó.
“Si la Intendencia de Río Negro entiende legítimamente que aparecieron inversiones nuevas que deben ser contempladas, se debería haber ido al proceso de revisión que en seis o siete meses se podía haber llevado a cabo y no hacerlo mediante un decreto, vulnerando todo el sistema de ordenamiento territorial que nos rige”, cuestionó Pastorín. Al mismo tiempo, señaló que esta situación podría generar una gran incertidumbre jurídica en el departamento.
Oportunidades
El intendente nacionalista de Río Negro, Omar Lafluf, también concurrió al Parlamento junto con otras autoridades departamentales para defender la normativa. El jerarca dijo que se consideraba “un profundo defensor del ordenamiento territorial” y afirmó que el paquete de medidas cautelares aprobado “fue en bien del desarrollo de una región”. Pero, sobre todo, argumentó que las modificaciones permitirían la construcción de un edificio sobre la ruta nacional de la localidad “que no va a molestar a nadie”.
“Yo no puedo hacer ninguna actividad en Young porque no hay hoteles. Y este es un edificio que no molesta a nadie, que no perjudica nada y que va a funcionar como apartamentos y apart hotel”, indicó Lafluf. En esa línea, dijo que tiene “la necesidad como intendente de tener la posibilidad de contar con esto”.
“Estoy hablando de una inversión de US$ 3 millones en un pueblo de 15.000 habitantes y de que hay alguien que se anima a arriesgar. Entonces, le tengo que dar por lo menos las garantías mínimas de que mañana no le van a demoler el edificio”, sostuvo.
El intendente aseguró que “no hay intención de violar nada” y criticó la presentación del recurso por parte de los ediles opositores. Es que al ser “un pueblo chico, el inversor lo supo a la media hora”, comentó, lo que le produjo “una incertidumbre fenomenal” sobre el proyecto.
“Hoy estamos en un tembladeral de si la inversión se hace o no”, lamentó el intendente. Y si bien dijo estar “de acuerdo con todos los cuestionamientos planteados”, pidió buscar la forma de que el proyecto “tenga andamiento” rápidamente.
