En un hecho “inédito”, el Poder Ejecutivo y las 19 intendencias departamentales se alinearon en la defensa de la constitucionalidad de la ley 18.876, que creó el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR), y pidieron a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que rechace una acción de inconstitucionalidad en contra de esa norma legal con el argumento de que las empresas privadas no tienen “legitimación” para cuestionar la supuesta violación de la autonomía municipal.
jueves 23 de abril de 2026
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