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El Banco Central (BCU) ha tenido idas y vueltas en su participación en la Red Internacional de Educación Financiera (INFE, por su sigla en inglés) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Se integró en 2012 como miembro “regular” y al año siguiente pasó a la categoría de “pleno”, que con una resolución de 2016 dio marcha atrás. Ahora, el Directorio aprobó que vuelva a ser miembro pleno.
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La INFE tiene como propósito recopilar datos y pruebas comparables, desarrollar metodologías para medir el impacto, compartir experiencias y buenas prácticas, desarrollar investigaciones y análisis comparativos, diseñar instrumentos de política y promover la implementación y el seguimiento efectivos. La red tiene una estructura de membresía consistente en una calidad de miembro regular —instituciones que tienen el interés de estar informadas de las actividades y los documentos públicos sin desempeñar ningún rol activo— y una membresía plena, que abarca actualmente a 280 organizaciones de 130 países. Con el interés de tener un rol activo, estas últimas deben contribuir con dinero y adquieren ciertos derechos como “tener un acceso más amplio a la información, el conocimiento y al intercambio y discusión con otros pares para la identificación de las mejores prácticas y definición de políticas en materia de educación financiera y protección al consumidor”, señala la resolución del BCU. La autoridad monetaria estima que, a partir del cambio de estatus, el año próximo deberá contribuir con 6.720 euros anuales.