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En su primera reunión del año, los integrantes del Directorio del Colegio de Abogados del Uruguay (CAU) se propusieron que en 2013 se concreten varias ideas que tienen que ver con la formación y designación de los magistrados y con la cultura jurídica de la población en general, entre otros aspectos.
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En ese marco, el presidente del CAU, Bernardino Real, informó a Búsqueda que en los próximos días la gremial enviará al Parlamento un proyecto de ley cuyo objetivo es “transparentar” la designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). El objetivo del colegio es que se instrumente un mecanismo muy similar al que se utiliza en Estados Unidos y otros países que permite un mayor conocimiento por parte de los legisladores y de la opinión pública en general de la biografía del magistrado que llega a la cúspide de la carrera. En Estados Unidos, por ejemplo, el juez debe hacer una rendición de cuentas de su carrera y suele preguntársele cuál es su posición filosófica respecto de temas que dividen a la sociedad como el aborto o la legalización de las drogas. También se observa con detalle cuál ha sido la postura jurisprudencial de ese magistrado a lo largo de su carrera y hasta se tiene en cuenta si antes de ser juez trabajó como abogado para determinadas firmas o bufetes particulares.
“Se pretende regular la facultad constitucional de la Asamblea General para la designación de estos cargos. La idea es poner al día el mecanismo de designación con el derecho comparado y con lo que sucede en muchos países en el mundo”, aseveró Real.
“Se crea un procedimiento de conocimiento público que permita que los miembros de la Asamblea General conozcan a los candidatos y se establezca un procedimiento cristalino y público”, añadió.
“Todos tuvimos la oportunidad de ver no hace mucho tiempo en la CNN las entrevistas que la comisión del senado americano les hacía a los candidatos a la Suprema Corte de Estados Unidos” a la que terminó accediendo la primera mujer hispana en ocupar ese cargo, Sonia Sotomayor, ejemplificó.
El artículo 236 de la Constitución prevé que los miembros de la SCJ serán designados por la Asamblea General por dos tercios de votos. Si pasados 90 días de la vacancia no se produce un acuerdo político que haga factible esa mayoría especial, quedará automáticamente designado el miembro de los Tribunales de Apelaciones con mayor antigüedad.
En la actualidad no está previsto mecanismo público de consulta alguno, por lo que ante cada vacante es frecuente el deambular de algunos jueces por los despachos de los legisladores y las consultas de éstos con abogados amigos para conocer la carrera de los magistrados.
Pero el plan del Colegio de Abogados es más ambicioso y no se concentra únicamente en la designación de los cargos más altos. La gremial de los abogados pretende también tener una mayor incidencia en la formación de los magistrados y en el desarrollo de su carrera.
“En la escuela judicial ha habido algunos cambios: hemos pedido y se han contratado más abogados para actuar como docentes de manera que no sean solo magistrados. Para nosotros es muy importante que los futuros jueces tengan la visión desde la abogacía y no solo de sus futuros colegas”, indicó.
Real afirmó también que han establecido contactos con la Asociación de Magistrados del Uruguay para proponerles redactar un proyecto de ley que regule el desarrollo de la carrera judicial.
“Consideramos que tal vez la ley sea el medio idóneo para establecer reglas claras de previsibilidad y razonabilidad respecto a cómo debería funcionar”, agregó, si bien reconoció que ese aspecto todavía está “un poco en pañales”.
Algunos magistrados se han quejado de que no tienen forma de prever su desarrollo profesional y hasta su vida familiar porque nunca saben con precisión a qué destino serán trasladados.
Por último la gremial de los abogados se fijó también como meta para este año mejorar la comunicación de las decisiones judiciales a la opinión pública y en general trabajar en torno a la cultura jurídica de la sociedad.
“Vemos con preocupación que hay un decaimiento general del conocimiento público de las normas de derecho y de su acatamiento, que es un principio básico de la sociedad democrática”, reflexionó.
Para ello buscarán contactarse con la Suprema Corte, la Fiscalía de Corte e incluso con los periodistas que cubren el área judicial o policial.