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El Comité de Derechos del Niño denunció una situación de “extrema gravedad” en centro de menores que pone en “riesgo” a los detenidos
El Inisa implementará cambios rápidos para mejorar las condiciones de reclusión que, según el comité, van desde problemas edilicios a una “limpieza muy deficiente”, nula protección contra el frío, mala alimentación y falta de contacto con familiares y abogados
El contenido del informe fue transmitido a los jueces para que estén al tanto de las “graves deficiencias en las condiciones de internación”. Foto: NDA
Uno de los centros del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) recibió duros cuestionamientos por parte del Comité de Derechos del Niño (CDN), que advirtió a jerarquías del gobierno y del Poder Judicial sobre el “riesgo” al que están expuestos los menores detenidos en él.
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Tras conocer el contenido del informe realizado por el comité luego de una recorrida por el centro, las autoridades del Inisa analizarán la situación y se propusieron implementar soluciones en menos de un mes. Buscarán mejorar las condiciones del centro con relación a la alimentación, la seguridad y las actividades socioeducativas que se brindan a los jóvenes infractores.
Hoy jueves las directoras del Inisa recibirán a las autoridades del CDN responsables del informe sobre la situación en el Centro de Ingreso de Adolescentes Mayores (CIAM), ubicado en la zona de Piedras Blancas.
La directora del Inisa Andrea Venosa adelantó a Búsqueda que planteó a sus compañeras que la dirección de Medidas Socioeducativas presente un plan de acción en no más de 15 días para implementar las recomendaciones que se plantean en el informe.
El documento también está en conocimiento de los jueces con competencia en la materia de adolescentes infractores. En setiembre pasado la Suprema Corte de Justicia envió a todos los juzgados de Adolescentes una circular para ponerlos al tanto de las “graves deficiencias en las condiciones de internación” de los jóvenes en el centro CIAM.
Al centro de ingreso son derivados adolescentes varones de entre 15 y 18 años a quienes la Justicia les impuso prisión preventiva.
“Extrema gravedad”
La visita del CDN —una coalición de organismos no gubernamentales, sociales y culturales— y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) fue realizada en julio de este año, cuando había 58 jóvenes encarcelados.
La primera conclusión del informe es que la situación del edificio es de “extrema gravedad”, ya que está en “riesgo” la “integridad física” de los jóvenes y de los funcionarios que trabajan allí.
El edificio tiene problemas de filtraciones de agua que afectan “severamente” las instalaciones eléctricas, advierte el informe.
Por otra parte, el centro se encuentra en un “estado de limpieza muy deficiente” y las celdas no poseen infraestructura de protección contra el frío “o sistema de calefacción alguna”.
“Esta situación, sumada a la ausencia de acrílico en ventanas y las humedades y goteras persistentes, genera un espacio de permanencia nocivo para la salud de los adolescentes, quienes manifestaron el día de la visita estar pasando mucho frío. Además, las frazadas que les dan desde el centro son muy finas, mostrando algunos adolescentes estar con hasta siete frazadas sin lograr el abrigo suficiente a la hora de dormir”, relata el documento.
El comité también observó la falta de vínculos de los adolescentes con un abogado. Coincidiendo con informes anteriores, señaló que es “común” que no conozcan a su abogado (en muchos casos es de oficio) o que lo hayan visto solo en las audiencias.
A esta situación ya grave se suman los efectos de la pandemia de Covid-19. Es que la rutina diaria de encierro se vio reforzada por la pandemia: se suspendieron actividades educativas, recreativas y salidas de los adolescentes.
En el documento se recogen críticas de los adolescentes sobre la comida que reciben en las celdas. Según denuncian, disminuyó la calidad de la alimentación y se recortó la cantidad que se sirve. La alimentación se basa en “ranchos”, guisos con alto cometido grasoso y aguado, mucho arroz y “no se les permite repetir”, aseguraron.
En cuanto a la salud mental, los adolescentes cuentan con atención de un psicólogo. Varios de los jóvenes narraron durante la visita que están viviendo una situación de “tristeza y angustia importantes” debido a la “profundización de su situación de encierro, las pocas actividades y la limitación de las visitas y el contacto familiar” debido a la pandemia.
El comité concluyó que la situación es de “extrema gravedad, con condiciones de reclusión que vulneran diariamente sus derechos y su dignidad humana y situaciones que causan ‘riesgo de vida’”. Reclamó por lo tanto el “cierre inmediato” de uno de los módulos del centro, que se implementen medidas alternativas a la privación de libertad en los casos que sea posible y que se garanticen las condiciones de infraestructura mínimas para la reclusión.
El comité pidió además que se promueva el desarrollo de actividades fuera del centro de privación de libertad, que los adolescentes tengan un mayor contacto con sus familias, que se promuevan actividades de educación no formal con más talleres y que se aborde la situación de salud mental de los jóvenes.
El informe contrasta con un análisis que hizo en marzo la Institución Nacional de Derechos Humanos. En ese documento se destacó el “buen clima institucional” que brindaba “un entorno adecuado para la implementación de una propuesta socioeducativa adecuada”. La institución también señaló que la oferta de actividades era “buena y ajustada” y consideró “positiva” la incorporación de un médico psiquiatra.
La directora Venosa, que integra el Inisa en representación del Frente Amplio, dijo que le llamó la atención las diferencias entre ambos informes. En el tiempo que pasó entre uno y otro, informó, hubo cambios en la dirección de Medidas Socioeducativas, en el CIAM y en la dirección de Seguridad.
Venosa expresó preocupación por la situación del centro y dijo que solicitó en el directorio del organismo que se pida un cronograma de trabajo para tomar medidas de manera rápida en tres grandes áreas: alimentación, seguridad y actividades socioeducativas.
El informe del comité marca un “retroceso” en lo que se venía trabajando, señaló Venosa, ya que algunos de los problemas detectados se consideraban hace tiempo “superados”.
En cuanto a los problemas con la alimentación, la jerarca opinó que era un problema que podía preverse a raíz de la aprobación por parte del gobierno del Decreto N° 90/020, que hizo un “recorte del 15% que afectó el rubro alimentación”.
“Aquí hay un retroceso en la calidad”, afirmó.
Sobre los problemas edilicios, Venosa reconoció que es un tema que se arrastra desde el período anterior e informó que están trabajando con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para mejorar la situación. Aseguró que ya se hizo un diagnóstico y que pronto comenzarán las reparaciones.
