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Cinco mil sacos de portland, vitamina “E” en pastillas, pescado y pollo fresco, insumos informáticos, 20 garrafas de gas comprimido, un autoelevador, servicios de consultoría, confección de 300 uniformes, son algunos de los productos y servicios que el Estado compró en semanas recientes. Un marco normativo que tiene ya algunos años de vigencia prevé que determinado porcentaje sea adquirido a empresas nacionales de reducido porte, pero las autoridades presumen que eso no se está cumpliendo y pretenden que sí se haga, porque el mercado interno “ha demostado ser un reaseguro importante frente a las crisis externas”.
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Para ello el Poder Ejecutivo procurará el cumplimiento de la normativa relativa a las compras públicas que establece una “reserva de mercado” de 10% para las pequeñas y medianas empresas (Pymes) nacionales, además de márgenes de preferencia de hasta 16% en el precio de aquellos bienes y servicios cuando compiten con compañías extranjeras por ser proveedoras del Estado, informó a Búsqueda el director Nacional de Industrias, Sebastián Torres.
Asimismo, el jerarca adelantó que se creará un programa específico para las compras de productos de la industria farmacéutica, buscando apoyar a este sector.
En las últimas semanas empezó a reunirse la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado (ACCE), un órgano desconcentrado de la Presidencia de la República creado por la ley de Rendición de Cuentas de 2010 y cuyos cinco integrantes fueron designados en mayo por el presidente José Mujica. Ese órgano se integra por dos representantes de la Agesic, uno por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y otros dos por los ministerios de Economía y de Industria. La ACCE redactará este año un nuevo pliego general de condiciones para las licitaciones estatales, que sustituirá el que está vigente desde 1993.
Hoy no se dispone de datos sistematizados por lo que resulta difícil de evaluar el grado de cumplimiento y efectividad del marco vigente que busca apoyar a la producción nacional, señalaron fuentes de la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic), que gestiona un portal de compras estatales.
Sin embargo, algunos jerarcas intuyen que la reserva de mercado no se está cumpliendo a cabalidad.
Eso mismo piensa Enrique Clerici, quien preside una comisión relativa al comercio interno que asesora al Consejo Directivo de la Cámara de Industrias (CIU). Un decreto aprobado en 2010 que buscó apoyar a las Pymes en las compras públicas “no está funcionando” y cada vez más industrias apelan a la importación de mercaderías para “subsistir” ante los altos costos de producción en Uruguay, según dijo a Búsqueda.
Un “reaseguro”.
El ministro de Industria, Roberto Kreimerman, dijo el 20 de junio en un almuerzo organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing que el gobierno apoyará “fuertemente” a las firmas que dirijan su producción a proveer al mercado interno: “Vamos a continuar con medidas que apoyen fuertemente al desarrollo del mercado interno y a las industrias que están dirigidas al mercado interno, porque ha demostrado ser un reaseguro importante frente a las crisis externas”.
Torres explicó que desde esa cartera de Estado se apunta a “trabajar fuerte” en el “cumplimiento de la normativa de compras estatales” que está en vigor y que se procura “reforzar, sobre todo mientras se mantenga la incertidumbre a nivel de los mercados extranjeros”.
Torres apuntó que la ACCE, entre otras tareas, deberá contar con los datos acerca de cuánto compra cada organismo público, de forma de hacer una “valoración” de las cifras y ver si se cumple la “reserva de mercado” establecida en el marco vigente para las empresas nacionales, ya que esa información hoy no está sistematizada.
En 2011 la administración central gastó algo más de U$S 1.000 millones en la adquisición de bienes de uso, consumo y servicios no personales, según el proyecto de Rendición de Cuentas enviado al Parlamento el sábado 30.
Según un trabajo académico realizado por Nicolás Reig y Torres, publicado en 2009 por la Universidad Católica, las compras estatales alcanzaron en 2007 a 10% del Producto Bruto Interno, lo que las “convierte en una oportunidad significativa” para el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas.
Vereda de enfrente.
Clerici, de la CIU, identificó varios aspectos por los cuales las fábricas no se ven beneficiadas con la reserva de mercado prevista en la normativa vigente, y que ya fueron planteados a las autoridades. “Hay cosas que con muy poco esfuerzo se pueden solucionar”, sostuvo.
Por un lado, indicó que mientras un producto puede ser categorizado como uruguayo y circular así dentro del Mercosur si cumple con el “salto de partida arancelaria” o con determinado porcentaje de valor agregado nacional, para que el mismo se beneficie del marco de compras públicas vigente se le exige que cumpla ambos requisitos a la vez.
“No se puede ser más restrictivo en lo interno que en lo externo. Cuando todos los países del Mercosur están tomando medidas para que el ‘compre nacional’ sea el dinamizador de la industria local, nosotros nos ponemos en la vereda de enfrente”, cuestionó.
Por otra parte, dijo que no se entiende por qué se compara el precio del producto fabricado en Uruguay con el Impuesto al Valor Agregado y el importado sin tributos.
El empresario añadió como otra de las dificultades que cuando se trata de grandes proyectos, como la planta de sulfurización que realizó la Ancap, las empresas locales casi no acceden a ser abastecedoras del adjudicatario. Afirmó que en los hechos esa obra se hizo “casi sin valor agregado nacional”. Explicó que en esos casos el Estado licita todo el proyecto “llave en mano” y el privado que la ejecuta elabora una lista de proveedores en donde prácticamente “no se incluyen” bienes fabricados en el país.
“Son pliegos licitatorios monstruosos que normalmente compran multinacionales y nosotros no tenemos acceso o nos enteramos tarde”, se lamentó Clerici.
