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    El Ejército advierte que responderá a los ataques que reciba durante la campaña electoral

    “Cuando se mienta o se ofenda a la fuerza deberemos buscar mecanismos que nos permitan reparar ese daño”, sostuvo Mario Stevenazzi

    Luego de la feria, la Justicia retoma la denuncia penal por difamación e injurias que presentó el Ministerio de Defensa Nacional contra Luis Puig, exdiputado y actual dirigente del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP). Quizás esa no sea la única instancia en 2024 en la que un fiscal deba dirimir si el honor de las instituciones militares fue mancillado.

    “¿Qué ha pasado con prácticas dentro del Liceo Militar? En el Liceo Militar hay prácticas en las que la convivencia entre los alumnos ha llevado a denuncias muy graves en materia de violación de derechos humanos. Hay una práctica sistemática de torturas que se ha realizado a algunos alumnos del Liceo Militar. Ha habido una cantidad importante de denuncias”, había dicho Puig durante el programa Esta boca es mía de Teledoce, donde argumentó las razones por las que el PVP iba a proponer la eliminación del Liceo Militar en el Congreso del Frente Amplio. Puig explicó, entre otras cosas, que es necesario evitar “una especie de ghetto a una edad tan temprana”, pero fueron sus apuntes sobre supuestas infracciones a los derechos humanos los que generaron la reacción del gobierno.

    El ministro Javier García elevó la denuncia penal por difamación e injurias en representación del Ministerio de Defensa, pero antes, el comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi, había contestado a las afirmaciones de Puig con un comunicado de prensa: “Los conceptos evidencian desconocimiento de la realidad que existe en el mencionado instituto de educación. Se está gestionando una invitación a las Comisiones de Defensa del Parlamento Nacional con la finalidad de que estos concurran al mencionado centro de estudios. Y el Ministerio de Defensa Nacional se encuentra efectuando un análisis jurídico y legal de las acusaciones realizadas”.

    La réplica oficial del Ejército no fue aislada. Reflejó una posición extendida dentro de la institución, que prevé críticas similares desde la oposición en 2024 y ahora anunció, a través del propio Stevenazzi, que está dispuesto a responder públicamente a las difamaciones. “El país estará inmerso en una campaña electoral, una más. Será un buen momento para escuchar propuestas, de eso se trata la democracia, quizás también escuchemos opiniones que no nos gusten. En su momento, las mayorías decidirán. Cuando se mienta o se ofenda a la fuerza, deberemos buscar mecanismos que nos permitan reparar ese daño hacia el público interno, pero también hacia el público externo. Así lo haremos, de la forma que elijamos dentro de lo que la ley nos permita, en la oportunidad que definamos, pero con la firmeza de siempre”, indicó el comandante en jefe en la editorial del último número de la revista oficial del Ejército, publicado la semana pasada.

    En la interna del Frente Amplio entienden que la relación con las Fuerzas Armadas es delicada de cara a las elecciones, no solo por el vínculo en un hipotético gobierno, sino por el caudal de votos que la familia militar representa. El planteo para la eliminación del Liceo Militar supuso una primera alerta.

    El liceo es un instituto de características cívico-militares que brinda capacitación de educación media superior “en un ambiente moral y físico que contribuye al desarrollo integral de la personalidad de los alumnos”, según define el Ejército. Los sectores como el PVP ya han manejado la posibilidad de que el Liceo Militar sea quitado de manera paulatina de la oferta académica pública. El último gobierno de Tabaré Vázquez descartó esa iniciativa y el Congreso del Frente Amplio, desarrollado a inicios de diciembre, decidió no expedirse al respecto, por lo que por ahora no forma parte de las bases programáticas para un gobierno de 2025 a 2029.

    Otro punto áspero entre ambas partes es el de las misiones de paz de las Naciones Unidas, consideradas elementales por el Ejército, que es la rama militar que más integrantes aporta a los cascos azules y que al participar en estas operaciones extranjeras obtiene experiencia de combate y la posibilidad de mejores salarios. El espacio Izquierda y Libertad, que reúne al PVP, Casa Grande, el Partido Socialista y la Lista 5005, define a estas misiones como “ocupaciones extranjeras que habilitan abusos de diverso tipo”, según un documento que presentó al Congreso para que fuera incluido en las bases programáticas del Frente Amplio. Estos mismos grupos también impulsan una reducción en el tamaño del Ejército, lo que derivó en abril en una respuesta de García: “¿Esta propuesta es respaldada por el Frente Amplio, Yamandú Orsi y Carolina Cosse? Nuevamente, prejuicios ideológicos y antimilitarismo dogmático”, indicó el ministro en un mensaje en la red social X.

    A nivel general del Frente Amplio, durante la actual administración, se resistió el proyecto de reforma de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, enviado por el Poder Ejecutivo en 2022 al Parlamento y actualmente a estudio de la Comisión de Defensa Nacional del Senado. El proyecto modifica algunas disposiciones de la normativa vigente, aprobada en 2019 durante el gobierno frentista. Legisladores de diversos sectores de la oposición también han criticado el costo económico del nuevo equipamiento para la Armada y la Fuerza Aérea, específicamente de dos patrulleros oceánicos y dos aviones Hércules.

    Información Nacional
    2024-01-03T22:03:00