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El Estado es inmune a crisis y pandemias. Ni la fuga de la mitad de los depósitos bancarios en el 2002, ni la fiebre aftosa, ni la crisis del 2008, ni el déficit fiscal, ni el corona virus hacen mella alguna entre oficinas y empleados públicos.
Quienes más sufren ante estas adversidades son los emprendedores; y cuánto más chicos o incipientes, peor. El jardinero, el electricista, el verdulero, el fletero y todos aquellos que viven por su cuenta verán mermar sus ingresos sin compensación alguna.
Estos emprendedores, que no le piden nada a nadie, que generan empleos y pagan impuestos para otros, no tienen ni licencia, ni aguinaldo, ni salario vacacional, ni seguro de desempleo y tampoco por enfermedad. Son un engranaje clave en la economía, pero nadie se preocupa que esos engranajes estén siempre bien lubricados.
Los que siguen en la lista de sacrificados son las empresas del sector privado. Los empleados dependientes tienen sus sistemas de cobertura, pero el empresario tendrá que recurrir a sus ahorros, a reducir ganancias o a endeudarse para paliar la baja en los ingresos. De cualquier manera, patrones y empleados privados terminarán negociando condiciones laborales para equilibrar pérdidas que ambos sufrirán.
Quienes no tendrán ningún problema, serán —una vez más— los empleados públicos. Ninguno de ellos verá reducir sus ingresos, ni sus horas trabajadas, ni sus días de licencia, ni sus beneficios y —ni qué decir— ninguno de ellos irá al seguro de paro ni perderá un solo empleo. Pero cobrarán sus salarios con puntualidad inglesa.
Esta situación es sumamente injusta y nadie parece notarlo. El Estado seguirá recaudando con igual o mayor voracidad con que lo hacía antes de la llegada del virus. Como las arcas estatales están en rojo y se avecinan gastos imprevistos, habrá que cerrar tal brecha con alguno de estos mecanismos: a) bajando el gasto público, reduciendo sueldos, cargos y proyectos secundarios; b) endeudándose más (con riesgo de perder el grado inversor); c) emitiendo pesos (que traerá más inflación); o d) aumentando impuestos. ¿Qué cree que es lo hay que hacer y qué cree que es lo más fácil de hacer?
Es hora de que el esfuerzo lo hagan los privilegiados empleados públicos. Deberían reducirse sus sueldos en 25%, dejar de cobrar aguinaldo por tres años, reducir los días de licencias pagas y dejar de cobrar premios y beneficios de cualquier tipo.
Para los empleados públicos es una excelente oportunidad de mostrar un poco de solidaridad y empatía con los privados. Y para los políticos es una excelente oportunidad de demostrar que lo del ahorro estatal va en serio.
Durante la crisis del 2002 se perdió la oportunidad de iniciar “la madre de todas las reformas”. Hagámoslo ahora con esta pandemia, y así podamos decir, dentro de algunos años: “no hay mal que por bien no venga”.
