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La descentralización no es pasarse la pelota entre organismos del Estado. Eso es desconcentración y genera más burocracia y más irresponsabilidad. La descentralización eficaz es económica y consiste en pasar la administración de recursos a los beneficiarios de las políticas públicas para que estas sean más pertinentes, no necesariamente de la mayor calidad o la mayor eficiencia.
La descentralización organizativa —en realidad, la desconcentración burocrática del Estado— hacia niveles inferiores en la jerarquía estatal ha incrementado la cantidad de funcionarios públicos por la duplicación de sus funciones y ha conducido a diluir la responsabilidad del Estado. En particular, la desconcentración burocrática hacia el nivel municipal (lo que se buscó con la ley 18.567 de 2009 en Uruguay) no mejora la gestión del Estado —porque la sociedad exige un responsable central y no confía en niveles de gobierno atomizados— pero sí la distorsiona fomentando caudillismos locales. No genera los pretendidos efectos de participación, ni control ciudadanos; solo atomiza la gestión del Estado. Esa es la experiencia en América Latina y Europa. Y también que las descentralizaciones exitosas han sido las económicas, hacia los beneficiarios y con una estructura de gestión que equilibra funciones descentralizadas con funciones centralizadas. 400.000 niños mayas —equivalente a toda la población escolar del Uruguay— han sido escolarizados en Guatemala gracias a la creación y gestión de escuelas por parte de los padres de familia en comunidades rurales casi inaccesibles y bajo la rectoría del Ministerio de Educación. (http://siteresources.worldbank.org/INTENBREVE/Newsletters/20862906/85-FEB06-EDGuatemala_SP.pdf). En muchas áreas puede ser eficaz descentralizar, donde la pertinencia de los servicios públicos se haya vuelto un imperativo y la gestión por parte de los beneficiarios de las mismas sea posible y efectiva para incrementar esa pertinencia. Y se puede realizar con base en diversos mecanismos financieros de gestión, como por ejemplo los vouchers condicionados a metas de políticas que delegan al beneficiario decidir en cuál de los múltiples (primera condición) y certificados (segunda condición) oferentes del servicio público en cuestión coloca el subsidio.
Pero en cualquier caso, antes de descentralizar, el Estado debe fortalecer primero sus sistemas centrales de gestión, puesto que no puede delegar el poder que no controla.
Para delegar funciones de administración de recursos a los beneficiarios, la gestión central de la política debe tensar y fortalecer todos los otros sistemas (informarse e informar, normar, estandarizar, planificar, coordinar, financiar y refinanciarse, supervisar, controlar y evaluar) en un sentido centralista, a fin de contrarrestar la fuerte delegación otorgada a los beneficiarios en el sistema de administración.
Descentralizar es mucho más que reformar. Primero, se tiene que reformar la gestión del Estado para luego poder descentralizar con seriedad y responsabilidad. Con la actual estructura de gestión del Estado, descentralizar no es serio, ni mucho menos responsable. O se transforma en un desastre, o bien no tiene ninguna relevancia y pasa a ser otro anuncio electoral como “la madre de todas las reformas”. Cinco años de vigencia e inoperancia de la ley 18.567 de descentralización municipal lo confirman.
