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¿El aumento del gasto público que se dio en los últimos años sumó presiones sobre los precios de la economía? De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), no significativamente. Pero según nuevos cálculos hechos por especialistas del Fondo Monetario Internacional (FMI) la repuesta es la contraria: la inflación en Uruguay “no es inmune” a la política fiscal.
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La discrepancia sobre este punto había quedado sobre la mesa en las reuniones que las autoridades y técnicos del gobierno mantuvieron a fines de setiembre y comienzos de octubre pasado con la misión del organismo financiero internacional que estuvo en Montevideo para realizar el monitoreo anual de la economía del país. Entonces la delegación matizó los elogios al manejo macroeconómico con algunas observaciones en tono de alerta: la inflación sigue siendo alta (8,5% al cierre de 2013). A la vez, una política fiscal “más estricta” puede contribuir a contener las presiones sobre los precios, junto con una moderación de los aumentos salariales, señaló entonces la jefa de la misión del FMI, Oya Celasun.
El viernes 10 el Fondo divulgó en Washington una serie de documentos y análisis preparados por integrantes de esa misión y otros de sus técnicos. Uno de esos estudios cuantifica el impacto inflacionario de la política fiscal.
Si bien Uruguay ha tenido éxito en reducir la inflación a un solo digito después de décadas de altos niveles, en los últimos años se ubicó por encima del techo del rango meta fijado por el gobierno y mostró “una moderada pero persistente tendencia al alza desde 2010”, afirma el economista Camilo Tovar en uno de los documentos.
La inflación en Uruguay “no es inmune” a la política fiscal, señala, y fundamenta eso con cálculos. Estima que una mejora de 1% del Producto Bruto Interno —PBI— en el superávit fiscal primario (antes del pago de intereses de la deuda) reduce la inflación en 0,4% después de cuatro trimestres.
Según las cifras del MEF, el superávit fiscal primario se estabilizó en torno a 0,8% del PBI en períodos de 12 meses, mientras que el déficit global lo hizo en un nivel ligeramente por encima de 2%.
La inflación también se ve afectada por aumentos puntualmente significativos en el gasto público discrecional (salariales y otros no salariales, excluidas las transferencias a la seguridad social), conforme con el análisis del FMI.
“Por lo tanto, una política fiscal más restrictiva podría ayudar a la política monetaria a reducir la inflación”, concluye Tovar en tono de recomendación.
El equipo económico de gobierno ha rechazado que el gasto público sea un factor inflacionario; tampoco lo son los aumentos salariales reales concedidos en los últimos años.
“El recorte del gasto es un tema muy delicado, sobre todo en un marco de desaceleración de la economía, cuando hay una situación internacional compleja. Una medida de recorte del gasto podría tener consecuencias en el sector real de la economía, en el crecimiento económico”, dijo el director de la Asesoría Macroeconómica del MEF, Andrés Masoller, entrevistado por radio El Espectador el 7 de enero de 2013.
“Por otra parte —agregó el jerarca—, hemos realizado estudios que marcan que una reducción del gasto no tiene un efecto significativo sobre la inflación, de modo que tendría un costo importante en materia social, en materia de reducción de planes importantes de este gobierno, pero no tendría el impacto esperado. Por lo tanto sería una medida muy ineficiente para lograr el objetivo, que es la reducción de la inflación”.
Minería.
Victor Kitange, otro miembros del staff del organismo internacional, abordó otro ángulo de la cuestión fiscal uruguaya: la tributación que recae sobre la minería de gran porte.
“El régimen fiscal de la minería actual en Uruguay se considera capaz de capturar para el gobierno una participación equitativa, sin dejar de ser competitivo para la inversión”, sostiene el economista. De todos modos, sugiere algunas fórmulas para fortalecer la base imponible.
Kitange calcula que los ingresos que obtendría el Estado uruguayo asociados a la eventual explotación de hierro por parte de la minera Aratirí en Uruguay sería de U$S 26.269 millones en los 27 años del proyecto.
Competitividad.
El FMI sostiene en otro análisis elaborado por Garth Nicholls, que entre 2000 y 2012 las exportaciones uruguayas mostraron un crecimiento “robusto” —tanto en valores como en volumen—, básicamente por ganancias de competitividad. De esa forma, agrega, Uruguay elevó de 0,036% en 2000 a 0,06% en 2012 su participación en las exportaciones mundiales de productos.
No obstante esos datos, el autor señala que solo el 6,9% del crecimiento se explica por la introducción de nuevos productos y mercados. Hubo un “ligero” cambio en la composición de la canasta exportadora basada en bienes primarios y también habría aumentado el valor agregado de algunos productos, como la carne, señala el especialista.
Proyecta que a mediano plazo, el déficit de la cuenta corriente se reducirá a cerca de 3,5% del Producto Bruto Interno debido a una baja de la factura petrolera —por el cambio en la matriz energética y la mayor oferta mundial de crudo— y por el incremento de las exportaciones que se producirá cuando Montes del Plata empiece a fabricar pasta de celulosa en la localidad de Conchillas, en Colonia.
Nicholls analizó la evolución del tipo de cambio real en Uruguay con distintos modelos, que sugieren que el peso está “ligeramente más fuerte que su nivel de equilibrio” (entre 0% y 10%).
El experto del FMI observó que en los últimos dos años los salarios en Uruguay aumentaron 13% anual, mientras que los precios de exportación lo hicieron 9%, lo que contribuyó a una caída en la rentabilidad del sector exportador, especialmente para el sector manufacturero.
Tierra.
El técnico del FMI Juan Yépez preparó otro estudio en el que concluye que casi la mitad del incremento del precio de los campos agrícolas ocurrido entre 2000 y 2010 puede ser explicado por la dinámica de las cotizaciones de las materias primas en el mundo.
Un aumento de la productividad general y en el sector agrícola, con el apoyo de fuertes entradas de inversión extranjera directa, también habrían operado como un “motor clave” en la valorización de las tierras de uso agropecuario, señala.
