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En la interna del Frente Amplio se dice que el proyecto de “corresponsabilidad de crianza”, conocido en el debate público como de tenencia compartida, podría ser uno de los más “nefastos” que apruebe el actual gobierno. La oposición tiene claro que hará todo lo posible para frenar su aprobación en el Parlamento, o al menos amortiguar sus efectos, que, sostiene, podrían ser “gravísimos” para la población infantil.
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El lunes 11, previo a la votación de esa iniciativa legal en la Comisión de Constitución y Códigos del Senado (aunque finalmente se aplazó una semana), la Mesa Política frenteamplista deliberó acerca del asunto. Sin que el organismo se expidiera al respecto, los integrantes del cuerpo decidieron comenzar a evaluar todas las acciones políticas posibles, tanto en el ámbito nacional como el internacional, y algunos dirigentes dejaron entrever la posibilidad de que en caso de que la ley se apruebe se pueda realizar algún tipo de denuncia ante organismos internacionales, bajo el entendido de que la normativa viola varias convenciones internacionales que Uruguay ha refrendado en su legislación.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Frente Amplio, Adriana Barros, dijo a Búsqueda que esa posible impugnación internacional está arriba de la mesa: “Primero tiene que aprobarse, pero si se llega a aprobar, si cometen ese disparate que puede propiciar el abuso infantil, tomaremos todas las medidas necesarias, y esa es una posibilidad”. De igual forma lo hizo la presidenta de la Comisión de Género y Feminismos, Patricia González, que sostuvo que tanto organizaciones sociales como su colectividad política están dispuestas a llevar a cortes internacionales la ley, que definió como una “aberración al derecho de familia”.
Por ejemplo, la senadora del Espacio 1001, Silvia Nane, considera que es necesario discutir esta eventualidad. “No es que lo está manejando el Frente Amplio, pero es evidente que hay que manejarlo, porque se llevan por delante los derechos de niños, niñas y gurises”. El proyecto, así como está, sostuvo, no pasa un “control de convencionalidad” de la Convención sobre los Derechos del Niño. Ese argumento lo expuso el abogado Pablo Rodríguez Almada en una columna publicada en la diaria el 19 de julio. El jurista, especializado en derecho constitucional y derechos humanos, sostiene que la norma no fue sometida a un control de convencionalidad y que violentaría tanto la Convención sobre Derechos del Niño como la Convención Americana de Derechos Humanos. Con base en esta lectura, el senador Charles Carrera sostiene que el proyecto es “inconstitucional”, en la medida que “las normas internacionales de derechos humanos tienen raigambre constitucional, según el juego de los artículos 7, 72 y 332 de la Constitución”.
En tanto, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo a Búsqueda que actualmente el tema internacional “no está planteado”, lo que “no quiere decir que no se vaya a hacer en algún momento, y si se hace”, aseguró que estaría “de acuerdo”. No obstante, sostuvo que es “elemental” en la actividad política “no bailar más rápido que la música” y esperar los avances legislativos. De igual forma, González dijo que “antes de pensar en lo internacional hay que dar cuenta primero de lo nacional”.
Esa tesitura la maneja, por ejemplo, el senador de Asamblea Uruguay José Carlos Mahía. Para el legislador, lo preciso ahora es “dar el debate metro a metro y en cada cámara, porque de lo contrario se van a dar cosas como laudadas, y no se puede dar por sentado algo cuando el proyecto aún no se aprobó, porque es la esencia de la actividad política y del Parlamento”.
María Eugenia Roselló. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
A contracorriente
A pesar de esto, desde la perspectiva del Frente Amplio el escenario a estos efectos no termina de ser alentador. Los senadores de Ciudadanos, el sector colorado que venía mostrando reparos al proyecto de ley impulsado por Cabildo Abierto y parte de la bancada nacionalista, acordaron modificaciones a su articulado a través de su coordinadora de bancada, Carmen Sanguinetti.
En la Cámara Baja, la coalición exhibe algunas grietas más, pero hasta ahora no son suficientes para dejar la ley sin mayoría. El diputado del Partido Independiente, Iván Posada, se mostró en contra del proyecto, así como la diputada colorada María Eugenia Roselló. En una bancada bicameral de Ciudadanos, ella junto con el diputado Felipe Schipani fueron los únicos que manifestaron reparos con la iniciativa, aunque la propia legisladora eligió no hablar más públicamente del tema hasta que el proyecto llegue a Diputados.
Sin embargo, según pudo saber Búsqueda, el lunes 25 la diputada visitó al secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, acompañada de la exsenadora frenteamplista Margarita Percovich y de la integrante de la Intersocial Feminista Andrea Tuana, para darle de primera mano su visión contraria al proyecto.
Varios son los artículos del proyecto cuestionados por el Frente Amplio. El más criticado es el 4º, que permite continuar con el régimen de visitas aun cuando recaigan medidas cautelares sobre alguno de los padres. Solo se suspenderán, dice la redacción, “en el caso en que se encuentre en riesgo el interés superior del niño o adolescente”, y dicha suspensión “será transitoria y sujeta a revisión periódica”. Otro que genera varias críticas es el 3°, que modifica el Código de la Niñez y la Adolescencia para llevar la tenencia al principio de “corresponsabilidad de crianza” y hace “prevalecer” a este por sobre el interés superior del niño.
Estos y otros cuestionamientos también han sido reiterados por organizaciones locales e internacionales. Por ejemplo, el Comité de los Derechos del Niño del Uruguay, junto con varias organizaciones sociales como la Intersocial Feminista, Anong y la Red Procuidados, se expresaron el 10 de julio en un comunicado denunciando que el proyecto contiene aspectos que “atentan contra el interés superior del niño”, como las visitas de padres con medidas cautelares.
Cuatro días después, Unicef Uruguay, a través de su representante Francisco Martínez Benavidez, envió una carta a la Comisión de Constitución y Legislación destacando que la nueva versión del proyecto contiene aspectos como la “referencia al interés superior del niño”, pero también advirtiendo por “algunos aspectos” en los que el texto podía “afectar” los derechos de niños, niñas y adolescentes.
La impugnación internacional a esta normativa, no obstante, no sería tan fácil. Según explicaron especialistas en el área a Búsqueda, no puede ser promovida por un partido político sino que debe darse a iniciativa de la sociedad civil. A su vez, explicaron, la denuncia debe ser realizada no de forma genérica a la ley sino sobre un caso concreto en el que alguien se haya visto damnificado por la aplicación de la norma.
