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    El Frente Amplio aprobó “el nuevo impuesto al agro”; la oposición dice que es un tributo “ideológico” y que no resuelve problemas

    Un hombre alto, flaco, de cabeza redonda y nariz larga, vestido con sobretodo y guantes negros. El personaje de historietas argentino “Fúlmine” siempre llevaba un paraguas —también negro— para cubrirse de la lluvia. Sus pensamientos e ideas siempre presagiaban la mala suerte y las desgracias. La figura de esta vieja caricatura fue la que utilizó el diputado frenteamplista de Colonia, Mario Perrachón, para señalar la postura que adoptaron los legisladores de la oposición en la discusión del proyecto de ley que reimplanta el Impuesto al Patrimonio para el sector agropecuario.

    La norma surgió como alternativa al Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) cuyos principales artículos fueron declarados inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia (SCJ). El proyecto fue acompañado solo por la bancada del Frente Amplio; los blancos y los colorados criticaron la propuesta por construir “un impuesto ideológico” que ocasionará problemas en un sector que ha sido “puntal” para el desarrollo y crecimiento de la economía uruguaya.

    El diputado del Frente Amplio Gonzalo Mujica fue el miembro informante y dijo que el proyecto muestra el compromiso del gobierno por “democratizar uno de los factores de producción más importantes del país, que es la tierra”. A pesar de eso admitió que no solucionará “del todo” los “problemas de concentración de la tierra”, pero es un “gran paso”.

    La iniciativa determina que se elimine la exoneración del Impuesto al Patrimonio para las explotaciones agropecuarias cuyo valor supere los 12 millones de Unidades Indexadas (UI). La tasa del impuesto es progresiva de acuerdo al valor de los campos. Para las explotaciones agropecuarias cuyo valor sea superior a 12 millones de UI y hasta 30 millones de UI la alícuota será de 0,7%. Para la franja que va de 30 millones a 60 millones de UI la tasa pasa a ser de 1%. El tercer escalón que comprende los emprendimientos valorados entre 60 millones y 150 millones de UI recibirá una alícuota de 1,3%, mientras que los casos donde el valor de los activos afectados sea superior a 150 millones de UI tendrán una alícuota de 1,5%.

    Este es uno de los proyectos que el Poder Ejecutivo definió como “de gran importancia”. Ya tenía la aprobación de la Cámara de Senadores y comenzó a discutirse en el plenario de la Cámara de Representantes en la sesión del martes 11. En las horas previas, los diputados aprobaron el proyecto de ley que habilita el traspaso de trabajadores del banco venezolano Bandes al Banco República, y se dedicaron a recordar los 10 años de la guerra de Irak.

    “Ante el clamor popular, mocionamos para continuar con el debate en la sesión de mañana”, dijo el coordinador de la bancada del Frente Amplio, Roque Arregui, tras discutir con los legisladores de todas las colectividades y acordar la suspensión para poder ir a ver el partido de la selección uruguaya de fútbol contra la venezolana.

    “Gran auxilio”.

    El proyecto generó debate en la interna del gobierno. Impulsado por los más afines al presidente José Mujica, recibió duras criticas desde los sectores cercanos al vicepresidente Danilo Astori. De todos modos, tras la controversia la bancada oficialista cerró filas en apoyo a la propuesta del Poder Ejecutivo.

    A pesar de esto los diputados del Frente Líber Seregni (FLS) —sector que lidera Astori— marcaron sus discrepancias con el objetivo de fondo del proyecto en el debate en la Cámara de Representantes. El diputado Jorge Pozzi (FLS) dijo que “con toda franqueza” no sabe si va a solucionar la concentración de la tierra, aunque “sí va a ayudar a atender los problemas de caminería rural”. “Tampoco los va a solucionar pero sí va a dar una mano. Es mejor tener unos millones de dólares a no tener nada”, remarcó el diputado, que negó que sea un “impuesto ideológico” como criticaron varios legisladores opositores.

    Para el representante frenteamplista de Cerro Largo, Yerú Pardiñas, la propuesta se enmarca en una estrategia de responsabilidad del gobierno para ayudar a las administraciones departamentales. “No es una solución definitiva pero sí es un gran auxilio”, aclaró.

    El diputado de Flores del Partido Nacional, Ricardo Berois, dijo que el ICIR era un impuesto que afectaba a los grandes productores, pero la nueva alternativa “es mucho peor” porque alcanza a más productores agropecuarios. Aclaró que su oposición al proyecto no es para defender a ningún sector en concreto sino a “los intereses del país: acá no se viene hacer lobby para ningún sector”.

    Berois añadió que las consecuencias “van a ser espantosas” porque —a su entender— el Frente Amplio se “equivoca cuando mira una realidad desde una ideología”. “Este impuesto es altamente imprudente”, remarcó. Su alusión a un “impuesto ideológico” fue repetida por varios diputados blancos y colorados.

    El representante de Rivera por el Partido Colorado, Richard Sander, remarcó que se trata de una “nueva definición del gobierno inoportuna”, que no logrará soluciones “ni para la caminería, ni para la concentración”. Su compañero de bancada y representante de Salto, Marcelo Bistolfi, criticó al oficialismo “por hacer alharaca” de lo “bien que le va al agro” en Uruguay desde los últimos años. El diputado acotó que el gobierno frenteamplista no es el responsable de que la soja se venda a valores altos y su precio continúe en alza, al igual que otras materias primas. “Eso fue un empuje internacional”, aseguró.

    Luego opinó que en Uruguay se vivirá lo mismo que ocurrió en Argentina cuando el gobierno del ahora fallecido Néstor Kirchner comenzó a diseñar políticas “equivocadas para el agro”. “Acá tendríamos que hacerle un monumento al gobierno argentino, porque fueron ellos los que nos trajeron los productores para impulsar el agro en Uruguay. Ellos escaparon de ese país porque las reglas de juego eran un desastre y ahora nosotros hacemos lo mismo”, enfatizó.

    Su colega departamental, el oficialista Andrés Lima, dijo que le llama la atención cómo los legisladores blancos y colorados del interior votan en contra de una ley que va a beneficiar a su departamento e incluso a intendentes de su filiación política, que negociaron con el presidente Mujica la propuesta.