El Frente Amplio castigó a su diputado Víctor Semproni por haber bloqueado en 2011 la eliminación de la “ley de caducidad”

Sin embargo, mientras unos pedían un castigo severo y ejemplarizante contra el diputado, otros lograron imponer su propuesta de una sanción de menor intensidad con el argumento de que el objeto de la medida no debía ser Semproni sino el “mensaje” a los demás frenteamplistas, para evitar casos similares en el futuro.

Desde que el asunto entró en escena comenzaron gritos y caóticas discusiones que llevaron a la presidenta del Frente Amplio, Mónica Xavier, a reclamar de manera permanente “silencio”, “respeto”, “tranquilidad” y a pedir que tomaran asiento los presentes, coincidieron tres delegados de base de Montevideo ante consultas de Búsqueda.

El Tribunal de Conducta Política (TCP) del Frente Amplio analizó la actitud de Semproni y la encuadró como una violación de los mecanismos de unidad de acción interna, pero es el Plenario el que debía resolver qué sanción concreta se debía aplicar.

Al planteo de la Presidencia, de cuatro meses, se contrapuso el de “las bases” y los órganos de conducción departamentales, que pedían dos años. Cada propuesta tuvo dos defensores que argumentaron ante los presentes.

La primera que expuso fue la representante del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) Mariela Barboza, quien con un discurso enérgico criticó a Semproni y le atribuyó la responsabilidad de “hipotecar el futuro” en materia de derechos humanos. Sin embargo, puso énfasis en que sería “vergonzoso” sancionarlo por solo cuatro meses que en su mayoría coincidirían con el receso parlamentario de verano.

Luego, el dirigente Jorge Meroni, del MPP, se preocupó por dejar en claro que su sector —que integra el Espacio 609 al igual que el grupo de Semproni— fue el que remitió el caso del diputado al TCP, pero advirtió: “Nosotros para nada compartimos su actitud, pero no se puede olvidar de que lamentablemente nos quedan más de dos años de gobierno y hasta que no cambiemos la ley que marca que las bancas no son de la fuerza política sino de quien sea electo o electa, hay que tener en cuenta ese dato, porque no queremos que nos pase lo que nos pasó con Jorge Saravia, que por suerte se fue, pero se quedó con la banca”. En síntesis, eso es lo que planteó el dirigente, según relataron fuentes sectoriales a Búsqueda.

Minutos después, un dirigente de Salto no solo pidió dos años de suspensión, sino también que Semproni “pida perdón” y haga “autocrítica” en público, pero el ambiente se complicó cuando el dirigente del Partido Obrero Revolucionario (POR) Raúl Campanella relativizó la magnitud del desacato de Semproni con el argumento de que “lo que hizo fue representar la posición del Poder Ejecutivo”: protestas y hasta insultos lo interrumpieron, mientras Xavier intentaba reencauzar la controversia.

En rigor el presidente José Mujica había marcado, en público y en privado, que consideraba un error que se eliminara la “ley de caducidad”. El 14 de abril del 2011 declaró que abriría un “panorama complicado” porque sería una medida que “tensiona todo” (Búsqueda Nº 1.607). Y pocos días después, menos de dos semanas antes de la votación, apareció de manera sorpresiva en el Parlamento, reunió a los diputados del Frente Amplio, y les comentó su “discrepancia” con la medida. “Voy a ser más claro: le estamos fabricando una espada a la derecha para que nos corte la cabeza, nos decapite. Los mejores oradores que hay en el mundo nos pueden dar vuelta ese argumento a los ojos comunes de la gente en una dura campaña electoral”, les dijo (Búsqueda Nº 1.609).

Días después el Frente Amplio siguió su camino, pero Semproni se rebeló en línea con Mujica. Bloqueó la eliminación y se defendió en público. Viejo militante de izquierda, que integró la guerrilla tupamara, detenido en dictadura, donde por torturas perdió un testículo y estuvo al borde de la muerte, reivindicó su decisión por un “dictado” de su “conciencia”, e incluso aseguró que su postura salvó al Frente Amplio de la imposibilidad de apelar alguna otra vez en la historia al mecanismo de consulta popular.

Lo que no se dice.

Con una necesidad de 140 votos —cuatro quintos de los integrantes— las dos mociones presentadas el sábado 24 fracasaron, la de cuatro meses con 86 votos y la de dos años con 70.

En ese contexto, el senador Rafael Michelini jugó su carta: “Lo central es que tiene que haber sanción, porque si no lo hacemos nos equivocamos y mucho, pero tiene que haber un equilibrio. Y la sanción debe ser doble; hay una parte que se dice, que es la sanción en sí misma, y otra que no se dice: es el mensaje, la señal de que vamos a estar vigilantes”, dijo, y propuso seis meses de suspensión.

Mientras varios dirigentes alertaban que los participantes se retiraban y que estaban “a punto” de quedarse sin quórum, y cuando Xavier advertía que la indecisión podía llevar a que Semproni no fuera sancionado, una última votación aprobó los seis meses. En rigor el efecto de la suspensión es más simbólico que real, dado que el grupo de Semproni, Congreso Frenteamplista, no fue aceptado hasta el momento como sector de la coalición.