Al menos un diputado oficialista, el aliado de los comunistas Doreen Ibarra, también opina que, igual que 13 años antes, este no es el momento político para una tarea tan compleja.
Ibarra propuso tratar el tema en un congreso de la fuerza política y llamó la atención acerca de las consecuencias que traería la decisión, sobre todo si se tiene en cuenta que, según una encuesta reciente, apenas el 25% de la opinión pública la apoya.
Igual que el médico y diputado frenteamplista por Maldonado, Darío Pérez, luego que se introdujeron ciertas mejoras, como el control a automovilistas y la incorporación obligatoria del asunto en los planes de estudio oficiales, Ibarra no puso obstáculos para acatar a la mayoría de su bancada alineada detrás del proyecto.
De Woodstock a Montevideo.
El movimiento para despenalizar la marihuana y otras drogas “blandas” tuvo gran fuerza en Estados Unidos en torno al movimiento pacifista contra la guerra de Vietnam, cuyo paradigma es el festival de Woodstock (Nueva York) realizado por primera vez en 1969. Sin embargo, los sucesivos gobiernos federales desoyeron las opiniones de expertos y siguieron con la política tradicional de “guerra a las drogas”.
Según explicó a Búsqueda una de las redactoras de la norma aprobada en noviembre pasado en el pequeño estado de Washington, Alison Holcomb, en su país hasta ahora primó el concepto racista de que “los blancos beben alcohol mientras que las demás drogas, incluida la marihuana, son propias de negros e inmigrantes.”
Holanda, un país que se caracterizó por la apertura comercial y mental, donde el consumo de sustancias tiene una fuerte tradición, se convirtió en pionera en la materia desde la década de 1970, aunque en realidad no legalizó la marihuana y otras drogas “blandas” sino que hizo un pacto para suspender la pretensión punitiva del Estado bajo determinadas condiciones en los célebres “coffee shop” (ver recuadro). Los resultados holandeses y los más recientes de Portugal y Estados Unidos demuestran éxitos o al menos perspectivas en materia criminal y carcelaria porque permiten concentrar los recursos en casos más relevantes que los en general pacíficos fumadores de porros o incluso quienes los venden.
En junio del año pasado, a propuesta del ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, y en medio de un paquete de medidas para mejorar la convivencia luego de la conmoción que provocó la difusión en televisión del asesinato a sangre fría de un empleado de la cadena de cervecerías La Pasiva, el Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley de artículo único en el cual se resumía la idea de un monopolio para la marihuana al estilo del que tuvo Ancap con el alcohol entre 1931 y 1996.
Sin embargo, tomando las experiencias ibéricas de las autonomías de Catalunya y País Vasco, los diputados oficialistas sumaron al proyecto una idea que contempla también la formación de los llamados clubes canábicos para permitir plantar a particulares para consumo propio y finalmente acordaron que en lugar de producir, el Estado otorgue licencias, según explicó el diputado socialista suplente Nicolás Núñez, junto a Sebastián Sabini (Movimiento de Participación Popular), uno de los pioneros en esta reivindicación.
En realidad, un proyecto para legalizar la plantación en pequeña escala ya había sido presentado por el diputado nacionalista Luis Lacalle Pou. Lacalle y la mayoría de los blancos, colorados e independientes, estarían de acuerdo con esa medida pero no en la producción y venta masiva. Los legisladores del Frente, sin embargo, entienden que eso no alcanza porque, como sostuvo esta semana el diputado Sabini durante un debate en la Junta Departamental de Montevideo, “la mayoría, como los consumidores de leche, no tienen ni quieren una vaca en el fondo de su casa”.
“Efecto góndola”.
Los promotores de la regulación se apoyan en los supuestos beneficios en materia de seguridad pública y salud de la experiencia holandesa y portuguesa pero también la más reciente de los estados de Washington y Colorado en los Estados Unidos, convertidos en pioneros en permitir el consumo “recreativo” junto a otros 17 del mismo país que lo hacen por razones “médicas”.
El argumento más aceptado es contrarrestar el llamado “efecto góndola” que se produce cuando los consumidores de marihuana concurren a las “bocas” clandestinas, donde además de esta sustancia se ofrecen otras más “duras” como la cocaína o la pasta base.
Si el Frente Amplio logra aprobar la ley y poner en marcha el novedoso sistema, Uruguay daría un paso más que la mayoría de los casos conocidos hasta ahora en el mundo, porque, aunque no logre eliminar el tráfico ilegal, pasaría a regular toda la cadena y de hecho el Estado se convertiría en competidor del narcotráfico disputando un mercado que, solo en marihuana, se estima entre U$S 20 y 30 millones anuales, según dijo a Búsqueda el secretario de la Junta Nacional de Drogas (JND), Julio Calzada.
El artículo 2° del proyecto que hoy jueves 6 sería aprobado por la comisión de adicciones de Diputados dispone que “el Estado asumirá el control y regulación de las actividades de importación, exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición a cualquier título, almacenamiento, comercialización y distribución del cannabis o sus derivados, o cáñamo cuando correspondiera, a través de las instituciones a las cuales otorgue mandato legal”. Para cumplir con esta misión el proyecto prevé la creación del Instituto de Regulación y Control de Cannabis quien tendría a cargo otorgar las licencias para la producción, distribución y venta.
Guiño a Vázquez.
Con el apoyo de la fundación socialdemócrata alemana Fesur y de una serie de personalidades como el ex intendente de Montevideo Mariano Arana y el ex prosecretario de la Presidencia y presidente de la JND durante el gobierno de Batlle, Leonardo Costa, se lanzó el 9 de mayo pasado la plataforma “Regulación Responsable”.
Arana y Costa, entre otros, buscando ampliar la idea de que solo los “fumones” apoyan el proyecto, aseguraron que no consumieron ni tienen pensado consumir cannabis pero que defienden la regulación de la marihuana como alternativa a la actual normativa de drogas que, paradójicamente, permite el consumo pero persigue la comercialización e indirectamente fomenta el narcotráfico.
Los integrantes de esta “plataforma” de la sociedad civil parecen hacer un guiño al ex presidente y virtual candidato del Frente, Tabaré Vázquez, cuando afirman que “en Uruguay, el tabaco ha sido exitosamente controlado y regulado por el gobierno” y que “dicha regulación ha determinado un marcado descenso de su consumo entre jóvenes” algo que “demuestra que se puede regular una sustancia potencialmente dañina con éxito”.
“Ruleta rusa”.
Además de la discusión acerca de la viabilidad práctica de la nueva norma, uno de los argumentos contrarios a la regulación sostiene que, aún involuntariamente, es un mensaje a la sociedad de que la marihuana es inocua.
El ex jugador de basquetbol Horacio “Tato” López, en principio de acuerdo con el proyecto, entrevistó en su libro “Lo no dicho sobre la adicción” al jefe de Psiquiatría del Hospital Británico, Guillermo Castro, contrario a la regulación.
“Cuando liberamos una droga que es adictiva no importa el tiempo de consumo. Hay personas que pueden consumir una vez por semana(…), las variables son múltiples, pero hay una ruleta rusa que es la teoría del encendido genético. No sabemos cuál va a ser el porcentaje de esos que se van a volver adictos a esta sustancia, pero es una sustancia peligrosa con la cual no podemos experimentar”, opinó Castro.
Cuando se presentó por primera vez el proyecto, en julio del año pasado, la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay emitió una declaración contraria al consumo y reclamó ser escuchada. La corporación de los psiquiatras partía de la base de que “desde el punto de vista médico es desaconsejable toda acción que facilite el uso del cannabis” y que una señal de que se trata de algo inocuo o positivo “aumenta el riesgo de efectos nocivos para la salud”. En términos similares se expresó el Sindicato Médico del Uruguay.
Aún así, médicos como el subsecretario del MSP, Leonel Briozzo, y la ex integrante del Grupo de Cavia, especializada en tratamiento de adicciones, Raquel Peyraube, son partidarios de la regulación.
Peyraube dijo a Búsqueda que después de muchos años de experiencia en reducción de daños, está convencida de que la regulación es la mejor solución.
Ismael Piñero, que dirige la organización no gubernamental Ser Libre, donde “Tato” López se formó como operador terapéutico, dijo a Búsqueda que los argumentos de Peyraube son “convincentes pero falsos”, porque “la legalidad de las drogas hace que aumente el consumo”. Piñero sostiene que se debe educar para evitar el consumo de sustancias como el tabaco, el alcohol y los psicofármacos.
Piñero y el psicólogo de la Fundación Manantiales, Pablo Rossi, entre otros, opinan que la regulación que se propone la política del gobierno traerá como consecuencia mayor accesibilidad y menor percepción de riesgo, dos de los puntos cruciales detectados a nivel internacional. Este criterio es compartido por la mayoría del Partido Nacional.
Para Sabini, en cambio, se trata de una cuestión de derechos y no de un juicio moral. El proyecto apunta a acotar la estigmatización y el avasallamiento de los derechos de los usuarios en lugar de penalizar a todos los potenciales consumidores.
Ubicado en la vereda de enfrente, durante el debate que se realizó el martes 2 ante los ediles de Montevideo, el diputado Gustavo Borsari prometió que, en caso de aprobarse la ley, su partido buscará la convocatoria a un plebiscito.
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2013-06-06T00:00:00
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