Durante años el Partido Colorado llevó adelante la Fundación Propuestas, más conocida como Fundapro, para tener su propio registro de la seguridad en el país.
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáFue un contrapunto y un actor relevante en la discusión sobre las políticas que pretendía implementar el Ministerio del Interior dirigido por Eduardo Bonomi. Sus números formaban parte del debate en la ciudadanía y se ganó un espacio en la opinión pública. Un camino similar pretende recorrer el Frente Amplio pero desde sus ámbitos orgánicos con la creación de “grupos de trabajo” que funcionarán bajo la premisa de realizar “seguimiento de las políticas públicas” que aplique el gobierno de Luis Lacalle Pou.

En concreto, el presidente de la coalición de izquierda, Fernando Pereira, propuso ante la Mesa Política frenteamplista el 23 de mayo “construir un grupo de seguimiento de ‘incumplimientos de campaña’” que dará insumos a la dirección de la fuerza política, según dijeron a Búsqueda presentes en la reunión. Este espacio de trabajo se enfocará en los anuncios realizados en el marco de las elecciones de 2019 porque, en opinión de Pereira, “ese conjunto de promesas fue lo que permitió a esta coalición llegar al gobierno”. Los grupos estarán integrados por dirigentes frenteamplistas especializados en cada temática.
En ese encuentro de la Mesa Política también se definieron los lineamientos del Plenario Nacional del próximo sábado 4, donde se aprobará el “plan político” que marcará el rumbo de la orgánica frenteamplista y se dará trámite a nueve casos analizados por el Tribunal de Conducta Política (TCP).
En el borrador del plan político de seis páginas, al que accedió Búsqueda, se afirma que “el Frente Amplio y la coalición conservadora representan dos proyectos de país” y que para retomar el gobierno la actual oposición debe consolidarse ante la opinión pública como “la alternativa”. El gobierno —dice el texto— “expresa los intereses de grupos minoritarios privilegiados de la sociedad uruguaya que buscan imponer” un “modelo concentrador y excluyente”, que se refleja en patente en la Ley de Urgente Consideración y “en el recorte social del presupuesto nacional”.
En contraposición, se asegura que “es necesario fortalecer la perspectiva” de que el Frente Amplio “es alternativa de gobierno nacional, departamental y municipal”, lo que “supone establecer marcos, nuevos consensos sociales”, “nuevas alianzas” y “una dirección de cambio” contenida en un programa. Ese proceso, señalan, debe potenciar “el crecimiento productivo cuidando los sistemas naturales y mejorando el empleo sin dejar a nadie atrás y promoviendo formas más sostenibles de producción y consumo”.
En concreto se propone trabajar sobre siete ejes, entre los que se menciona “generar las condiciones” para que los uruguayos —incluidos quienes viven en el exterior— “puedan ejercer sus derechos cívicos”; el respaldo orgánico al plan El Frente Amplio te Escucha; la “elaboración del programa” basado en un “intercambio permanente con la sociedad”.
Se destaca también entre los ejes el “desarrollo organizativo”, que apunta a incrementar “la capacidad de acción política” del Frente Amplio. En este sentido, se pretende “aumentar el despliegue” con metas concretas: llegar a 500 comités de base a nivel nacional, que participen de forma orgánica al menos 15.000 militantes, que haya “una vinculación permanente” en los comités de 45.000 frenteamplistas y que se fortalezcan las finanzas desarrollando “mecanismos que permitan facilitar el aporte”.
En el corto plazo, se plantea la próxima Rendición de Cuentas como una instancia que reflejará “la existencia de dos proyectos del país” y en la que el “desafío” para el Frente Amplio es “desenmascarar la unidad de acción” de la coalición de gobierno, que “es la que posibilita la imposición de ese modelo conservador y excluyente”. Como temas centrales se señalan “la carestía, la inseguridad ciudadana, la situación del Puerto de Montevideo, la reforma de seguridad social, las empresas públicas y la educación pública”.
A ellos se suman también “las carencias de alimentación, el aumento de la pobreza, el desempleo, el empleo precario, la rebaja de los salarios y jubilaciones, los aumentos de las tarifas públicas y los combustibles”.
El Plenario Nacional tendrá como tarea definir qué medidas aplicar en nueve casos que analizó el TCP, cuyos dictámenes con recomendaciones fueron entregados a los sectores para fijar posición. La mitad de los casos que se discutirán el sábado 4 corresponden a situaciones de violencia de género.
En uno de ellos el TCP actuó de oficio a raíz del planteo público de una mujer que había sido despedida de su cargo político en una intendencia sin que nadie le brindara motivos. Acorde al relato, el jerarca frenteamplista en cuestión, en el marco de una reunión en un comité de base en la que la presunta víctima estaba presente, contó públicamente por qué la había echado y cuestionó su trabajo. El episodio fue considerado como violencia basada en género por el hecho de exponer su situación ante otros dirigentes sin hacerlo previamente y de forma privada con la mujer involucrada al momento de despedirla y pese a que lo solicitó varias veces. Para este caso el TCP recomendó sancionar al dirigente.
Otro caso refiere a la situación de un dirigente que, en su ámbito personal, como dueño de una pizzería, fue denunciado ante la Policía por intento de violación a una empleada. Además, se constataron denuncias ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por ser “omiso en los pagos salariales”. El dirigente en cuestión también fue denunciado por amenazar con arma de fuego y actos de violencia a otros dirigentes. Para esta persona el organismo recomendó su expulsión del Frente Amplio.
Otros casos corresponden a situaciones en las que el TCP sostuvo que no tenía injerencia para analizarlos porque corresponden a cuestiones internas de cada sector.
El lunes 30 el Secretariado Ejecutivo frenteamplista resolvió que se eliminen de los informes los nombres de los implicados y de los organismos específicos que denunciaron. Además, conformaron un grupo de cuatro representantes de los sectores y cuatro de las bases para que recomienden “las soluciones adecuadas” para cada uno y llegar así con una definición coordinada al plenario.
El sábado 4 también se concretará el ingresó formal del sector Plataforma, liderado por el exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Álvaro García.