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Brasil se prepara para vivir un momento determinante en su futuro político. El miércoles 24, el Tribunal Regional Federal de 4º Turno de Porto Alegre decidirá si ratifica o revoca la primera sentencia que condenó al expresidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. Si mantiene el fallo, el líder del Partido de los Trabajadores podría verse inhibido de participar como candidato en las próximas elecciones de octubre, en las que aparece como favorito, y quedaría a un paso de la cárcel.
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Su partido político sabe la importancia de la jornada y por eso les pidió a sus aliados en la región que acompañen a Lula ese día. El planteo parece ser un éxito y el Partido de los Trabajadores anuncia una “invasión” a la ciudad. Tanto que la Alcaldía de Porto Alegre pidió ayuda al Ejército para que garantice la seguridad el día del fallo.
En Montevideo el Frente Amplio recibió el llamado y, luego de analizarlo en la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales (Carifa), decidió enviar una delegación oficial para que transmita el apoyo institucional de la fuerza política. La comitiva estará integrada por el secretario político del Frente Amplio, Gonzalo Reboledo, la vicepresidenta de la fuerza, Sandra Lasso (Movimiento de Participación Popular) y Cecilia Chiflet en nombre de la Carifa. Además, varios sectores del oficialismo enviarán su representante: el Partido Socialista, la Lista 711, Casa Grande, el Partido por la Victoria del Pueblo y el Partido Obrero Revolucionario ya confirmaron que integrarán la delegación.
Reboledo dijo a Búsqueda que el Frente Amplio “reconoce la falta de sustancia en las denuncias” contra Lula y que “si no hay impedimentos judiciales, es necesario para la salud democrática de Brasil que quienes quieran puedan participar” en las próximas elecciones, previstas para octubre del 2018. “Y Lula debe poder hacerlo porque no se comprobó ninguna de las denuncias que le han hecho”, agregó.
Lasso insistió en la inocencia del expresidente. “Primero vamos a esperar cuál es la resolución de la Justicia. Pero nosotros seguimos convencidos de que no hay pruebas de lo que lo han acusado y que es inocente”, dijo.
La delegación del Frente Amplio participará el lunes 22 en la conferencia internacional de los partidos progresistas y de izquierda. El martes 23 integrará la plenaria de las de las mujeres por la democracia con la exmandataria brasileña Dilma Rousseff. Y el miércoles 24 formará parte de la vigilia y acto público frente al Tribunal.
El expresidente José Mujica, amigo personal de Lula, ha mostrado su respaldo a su par brasileño desde el primer momento. “La pelea continúa a pesar de los jueces y la prensa”, dijo en julio, cuando Lula recibió la sentencia del juez Sergio Moro. Y en las últimas semanas Mujica acompañó con su firma un manifiesto titulado: Unas elecciones sin Lula son un fraude. La misiva también fue respaldada por los exmandatarios Cristina Fernández, de Argentina, y Rafael Correa, de Ecuador.
Se espera que Mujica también asista el miércoles para acompañar a Lula, pero desde el Frente Amplio aún no han confirmado que el exmandatario vaya a viajar a Porto Alegre. La vicepresidenta Lucía Topolansky, por su parte, descartó asistir.
Dirigentes del PIT-CNT también concurrirán a Porto Alegre para dar su respaldo. La relación entre el Partido de los Trabajadores y la central sindical es muy fluida; incluso, Lula iba a abrir la Jornada Continental el 16 de noviembre, pero finalmente no pudo asistir.
En el marco de la Operación Lava Jato, el expresidente brasileño fue condenado por el juez Sergio Moro a nueve años y medio de cárcel por los delitos de corrupción y lavado de dinero. Pese a la condena, Lula aún podrá ser candidato presidencial en 2018 siempre que la sentencia sea impugnada en la apelación, instancia a la que podrá recurrir en libertad.
Lula fue condenado porque presuntamente la empresa constructora OAS le compró y refaccionó un apartamento tríplex ubicado en Guarujá, un balneario de São Paulo, a cambio del otorgamiento de ventajas para contratos con la petrolera estatal Petrobras. “Entre los delitos de corrupción y lavado hay concurso material, motivo por el cual las penas sumadas llegan a nueve años y seis meses de reclusión”, determinó Moro, que valuó los beneficios recibidos ilegalmente por Lula en aproximadamente 3,7 millones de reales (algo más de un millón de dólares).
Tanto Lula como el Partido de los Trabajadores sostienen que las cinco causas penales que lo tienen como acusado fueron ideadas para evitar que se postule a la presidencia en las elecciones, donde algunas encuestas de opinión ya lo colocan como favorito para recuperar el cargo que ostentó de 2003 a 2010.
Cuando Moro condenó a Lula en primera instancia, en Uruguay algunos grupos del Frente Amplio, como el MPP y la 711, se acoplaron a la misma explicación. El sector del ex vicepresidente Raúl Sendic alertó sobre la “dudosa resolución judicial” y “las dificultades que atraviesa la democracia” en Brasil. Desde el MPP siempre se insistió en que Lula es inocente y que su condena es “política”, para buscar “dejar afuera de la competencia electoral al candidato que tiene la mayor intención de voto en las encuestas”.
La última encuesta de Datafolha, publicada por el diario brasileño Folha do São Paulo el 3 de diciembre, ubicó al líder del Partido de los Trabajadores con el 34% de la intención de voto en primera vuelta, el doble que su principal rival, el diputado de derecha Jair Boslonaro. De acuerdo con el estudio de opinión pública, Lula sería electo presidente con comodidad en una eventual segunda vuelta.
Si el juez João Pedro Gebran confirma la sentencia de primera instancia, la defensa de Lula podrá apelar y acudir a instancias superiores para evitar que sea enviado a la cárcel de inmediato.