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El Frente Amplio no debe denunciar a Irene Moreira por abuso de funciones y si gana tendría que derogar el delito, dice Pereira
“Todos los gobernantes van a tomar una decisión que va a estar al borde del abuso de funciones” y “no pueden estar sometidos a que cualquier error te pueda significar, luego, tener un juicio penal”, opina el presidente de la coalición de izquierda
Fernando Pereira en la sede del Frente Amplio en Montevideo. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
La caída de la ministra de Vivienda, Irene Moreira, por entregar de manera directa un apartamento a una militante de su partido parecía darle munición sencilla de usar a la oposición. Era un caso fácil de explicar y que podía tener consecuencias judiciales, evaluaban algunos de sus legisladores en conversaciones informales. Sin embargo, dos semanas después de su renuncia, el Frente Amplio todavía no tiene resuelto cómo proceder.
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El presidente de la coalición de izquierda, Fernando Pereira, dijo a Búsqueda que están analizando qué pasos dar y se mostró partidario de no denunciar a Moreira en la Justicia si la acusación solo apunta a tipificar el delito de abuso de funciones.
“Hay que evaluar. Por un lado, hay una posición del Frente Amplio de no judicializar la política, a la cual yo suscribo fuertemente. Y, por otro lado, hay que ver cuáles temas sí hay que judicializar”, dijo.
Consultado acerca de si a Moreira se la podría acusar de abuso de funciones, el presidente del Frente Amplio dijo que le parecía que sí. Añadió en seguida que todos los partidos han planteado en algún momento que ese delito debía ser derogado del Código Penal, pero que los tiempos políticos nunca se alinearon. “Para nosotros y para el resto de los partidos debía eliminarse, lo que pasa es que en un momento cambió el viento y les convino y no lo cambiaron”, describió.
Pereira dijo que es partidario de que el Frente Amplio no denuncie a Moreira salvo que consiga más información. En ese sentido, afirmó que un camino intermedio sería crear una comisión investigadora en el Parlamento para que analice la gestión de la exjerarca.
—¿Solo con el delito de abuso de funciones ustedes no van a la Justicia?
—Yo creo que no. Lo estamos considerando, pero creo que no.
El Parlamento, a instancias de diversos partidos, ha discutido en las últimas legislaturas eliminar el abuso de funciones. El artículo 162 del Código Penal establece que cometerá un delito “el funcionario público que con abuso de su cargo cometiere u ordenare cualquier acto arbitrario en perjuicio de la Administración o de los particulares, que no se hallare especialmente previsto en las disposiciones del Código o de las leyes especiales”.
Por ese delito fueron condenados en los últimos años, entre otros, el exvicepresidente Raúl Sendic y el expresidente del Banco República Fernando Calloia. Además, el fiscal del caso que investiga presuntas irregularidades cometidas por exdirector de la Ursec, Nicolás Cendoya, recurrió a esa figura penal para pedir su prisión.
El delito es cuestionado por actores del sistema de Justicia porque no describe una conducta precisa. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia votó a favor cada vez que debió fallar acerca de su constitucionalidad.
Consultado acerca de si el Frente Amplio debería insistir con la derogación del delito de abuso de funciones en caso de ganar las elecciones en 2024, Pereira respondió que sí. “Los gobernantes no pueden estar sometidos a que cualquier error te pueda significar, luego, tener un juicio penal. Todos los gobernantes van a tomar una decisión que va a estar al borde del abuso de funciones. Todos. Luego, si es dolo, si hay apropiación indebida, si hay enriquecimiento ilícito, no tiene nada que ver con el abuso de funciones. El abuso de funciones es una decisión que de repente no cumplió con toda la normativa del organismo en el que uno trabaja”, justificó.
“Insisto con esto: judicializar la política es sacar del ámbito de la política y colocar en la Justicia temas que son de índole política. Entonces, terminamos colocándoles a los fiscales problemas que no podemos resolver en la vida cotidiana de la política y eso es un daño a la institucionalidad”, agregó.
—Pero la entrega de un apartamento, si el Frente Amplio no encuentra otro presunto delito más que el abuso de funciones, ¿no es judicializable?
—¿Es política darle una bolsa de portland a alguien por afinidad partidaria? Después tenés que medir cuáles son los niveles: ¿es una casa?, ¿es una chapa?, ¿es una canasta de alimentos?, ¿es una canasta que lleva adentro una lista? ¿Dónde se coloca el límite para que esto no sea un conventillo? La realidad es que la ministra Moreira cometió un grave error que ella considera que no lo es.
En esa línea, la bancada de senadores del Frente Amplio busca tener la mayor cantidad de información “arriba de la mesa” antes de tomar una definición política respecto de Moreira, dijeron a Búsqueda fuentes parlamentarias. Por eso, cursó un pedido de informes y una solicitud de acceso a la información pública sobre la entrega de viviendas que hizo la cartera durante la gestión de la actual senadora y esposa del líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. “Si se comprueba que hubo ilícitos los vamos a denunciar, pero hay que constatarlos, y eso se hace a través de información y no con recortes de prensa”, dijo un senador frenteamplista.
Los colorados sabían.
Esta semana la exministra defendió su decisión de entregar el apartamento de manera directa a la militante cabildante. “Había un marco legal para hacerlo”, dijo Moreira el lunes 15 en Informativo Sarandí.
“La ciudadana cumplía con todos los requisitos, los técnicos dieron el sí y no hubo pérdida de dinero para el ministerio, ningún funcionario se quedó con un peso”, sostuvo.
La senadora dijo que las normas habilitaban a la entrega de viviendas siguiendo el mecanismo que ella utilizó y por el que el ministerio otorgó beneficios en más de 70 casos desde el 2009.
En Cabildo Abierto quienes defienden a Moreira sostienen que el viceministro Tabaré Hackenbruch, integrante del Partido Colorado, estaba al tanto de que ese procedimiento estaba vigente. Para fundamentarlo, citan una circular aprobada en julio del 2022 titulada Procedimiento para realizar adjudicaciones directas en los complejos habitacionales y comunicada al subsecretario. Manini citó esa circular cuando defendió a Moreira en una conferencia de prensa previa a que el presidente Luis Lacalle Pou la echara. Los cabildantes entienden que el documento establece un proceso claro y que los colorados lo conocían y no plantearon reparos, según los informantes.
