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La Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores tiene a estudio cuatro casos de juicios políticos solicitados por las Juntas Departamentales de Colonia, Soriano y Lavalleja. Los jerarcas involucrados son los ediles blancos Israel Acuña (Soriano), Pablo Sánchez (Colonia) y Javier Urrusty (Lavalleja), y el alcalde de Florencio Sánchez, Alfredo Sánchez, también del Partido Nacional y padre del edil coloniense.
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Todos los juicios se enmarcan en el artículo 296 de la Constitución, que establece que tanto los intendentes como los integrantes de la Junta pueden ser acusados por las juntas departamentales ante la Cámara de Senadores por un tercio de los votos. Para que los imputados sean finalmente destituidos del cargo, el Senado deberá contar con dos tercios de los votos, lo que implica, dada la actual composición del Parlamento, que el juicio tendrá que ser apoyado por integrantes del oficialismo y de la oposición.
“La cámara se tiene que expedir rápido y en algunos casos existen elementos objetivos donde ya hay procesamientos”, sostuvo el senador frenteamplista Charles Carrera, cuya bancada pide que los temas sean tratados con celeridad en el Senado. En una misma línea, el también frenteamplista e integrante de la comisión José Carlos Mahía pidió “acelerar” el tratamiento de estos casos.
En el oficialismo admiten que la intensa agenda de la comisión, que suele ser la más cargada a nivel legislativo de la Cámara Alta, ha impedido el tratamiento de estos pedidos de las juntas departamentales. El senador cabildante Guillermo Domenech sostuvo que la comisión estuvo tratando otros temas “más importantes”, como el proyecto de ley para darle prisión domiciliaria a los presos mayores de 65 años, pero reconoció que es necesario “darle curso” a los pedidos de las juntas, que “no se pueden relegar”.
En una misma línea se pronunció la senadora nacionalista Carmen Asiaín, que además propuso abordar las denuncias cuando se retome el funcionamiento de la comisión, y tratar los pedidos de forma conjunta y a la brevedad, pero también cumpliendo “el debido proceso” y “escuchando a las partes”.
El único caso que no precisaría del pronunciamiento del Senado para laudarse es el de Urrusty, quien renunció en abril a su cargo, luego de que la Junta le iniciara el juicio político y enviara los antecedentes a la Justicia. El edil había intentado cobrar un viático de combustible que no había utilizado.
El caso de Acuña es el más reciente. El edil filmó con su celular a una compañera de su bancada sin su consentimiento, Tatiana Loitey, mientras se duchaba en un hotel de Paysandú, durante el congreso de ediles celebrado en diciembre.
Luego de que se conociera el hecho, Acuña renunció al Partido Nacional pero no a su banca, y la Junta Departamental de Soriano votó por unanimidad el envío del caso al Senado. Para este caso, Asiaín dijo a Búsqueda que se abstendrá de pronunciarse, en la medida que también integra la Comisión de Ética del Partido Nacional, que se expedirá al respecto, a pesar de que el edil ya renunció al partido.
En tanto, Domenech dijo a Búsqueda que prefiere no prejuzgar sobre el caso, aunque a priori supone que la conducta del edil, de comprobarse, sería “bastante indecorosa”. Por su parte, Carrera sostuvo que en este y en el resto de los casos la bancada de la oposición va a apoyar la destitución de los involucrados, aunque entiende que también hay que darles el derecho a los acusados de que sean escuchados.
“Las mil gauchadas”
El caso del alcalde Sánchez, quien se autodenominaba “el hombre de las mil gauchadas” durante su campaña, y su hijo, Pablo Sánchez, tuvo más polémica en cuanto a su discusión. Ambos fueron apartados de sus cargos en la medida que fueron condenados a prisión por delitos de fraude y asociación para delinquir. Si bien la condena les impide ejercer cargos públicos por dos años ninguno de los dos renunció al cargo, por lo que en la Junta se teme que vuelvan a asumir una vez que concluya la sanción.
El pedido de juicio político, no obstante, llegó al Senado solo con los 11 votos de los representantes frenteamplistas en la junta. En la sesión en que se debatió el caso, el edil nacionalista Julio Basanta aseguró que su partido, mayoritario en el cuerpo, votaría el juicio político, pero una vez que el legislativo departamental se hiciera con la sentencia y que una comisión investigadora presentara toda la prueba ante la Junta Departamental para enviarla al Senado.
Sin reglamento claro
En la sesión de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado del 9 de noviembre, Carrera, que oficia como presidente del cuerpo, propuso solicitar un informe a la división jurídica del Parlamento para que se les informe cómo proceder ante este tipo de situaciones.
La respuesta llegó el 25 de noviembre, en un informe firmado por los abogados Alberto Canessa y Graciela Berriel. Allí se sostiene que no existe “ningún procedimiento a seguir” en estos casos, dado que las reglas “no están detalladas en la Constitución ni en la ley ordinaria ni en el reglamento interno del Senado”. Por eso, se sugiere utilizar el antecedente parlamentario de un juicio político a dos ediles de Maldonado llevado adelante en abril de 1992, donde se optó por utilizar reglas que “dieran mayores garantías a los acusados”, recoge el informe de un testimonio del ex senador frenteamplista José Korzeniak, realizado a la Cámara en aquel año. Así, hubo un funcionamiento con dos “etapas básicas”: una de indagatoria y otra en la que se le dio un plazo a las partes interesadas para que aportaran las “pruebas que consideraran pertinentes”. Finalmente, la comisión de Constitución y Legislación de aquel entonces arribó a sus conclusiones y las llevó al plenario de la Cámara.
Según dijo Korzeniak en aquel entonces, en la medida que la Constitución habla de causales del juicio político como la “violación a la Constitución u otros delitos graves”, se buscó determinar qué implicaba un delito grave. La Comisión que abordaba el tema, acorde al informe, entendió que “delito grave para el Senado, como causal de juicio político, es aquel que horada y hiere el ejercicio de la propia función pública, sobre todo cuando es una función resultado de una elección por el Cuerpo Electoral”.
