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El Frente Amplio trabaja en definir nuevas “herramientas” legales para facilitar el acceso a la vivienda y, con ese objetivo, los dirigentes de la Unidad Programática de Vivienda afinan una propuesta que aumenta los impuestos a los bienes inmuebles deshabitados. Al mismo tiempo agilizan la aprobación de una ley que reincorpora al mercado las viviendas abandonadas, proyecto que fue elogiado en un informe técnico por las autoridades de la Intendencia de Montevideo (IM).
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El integrante de la Unidad Programática de Vivienda del partido de gobierno, Mauricio Guarinoni, dijo a Búsqueda que están trabajando en varias direcciones para “garantizar el fin social de los bienes inmuebles” que no están siendo habitados. Informó que existe un gran numero de viviendas deshabitadas y abandonadas por sus propietarios que “no cumplen con el fin para el que fueron construidas”.
“Nosotros hacemos hincapié en este fin social y por lo tanto estamos en condiciones —y así se hace en otras partes del mundo— de aumentar los impuestos a esos bienes que están especulando con la suba de precios para ser alquilados o vendidos a mayor valor”, explicó. En ese sentido aclaró que el objetivo de la medida no es recaudatorio, sino de “reorientar el mercado”.
“La idea es que para los propietarios de las viviendas resulte más beneficioso ajustar los precios de los alquileres y/o las ventas a la baja, antes que mantenerlas desocupadas. Que sea mucho más beneficioso alquilar o vender, que tener (una vivienda) dos o tres años buscando lograr un mayor precio”, agregó.
Guarinoni dijo que la intención es que esta iniciativa forme parte del próximo programa de gobierno del Frente Amplio. Al mismo tiempo el dirigente —que es diputado suplente por Asamblea Uruguay— junto a su colega Alfredo Asti han presentado un proyecto de ley para “reincorporar al mercado las viviendas que han sido abandonadas”.
El proyecto de ley busca dar un marco regulatorio para que determinados bienes inmuebles en estado de abandono, pasen a configurarse en viviendas “en la calidad de vacante, y su preceptivo ingreso al patrimonio del Estado como bien fiscal”. Luego de cumplir con los procesos judiciales de “declaración de abandono”, podrán ser rematadas o vendidas.
La exposición de motivos del proyecto recuerda una investigación de la Facultad de Arquitectura donde detalla que en Montevideo hay 133 hectáreas vacantes. Esto equivale a unas 133 manzanas, y un potencial de uso residencial para 33.250 personas, según el estudio.
Uno de los artículos del proyecto establece que “los inmuebles declarados abandonados que resulten vacantes y sean aptos para vivienda o con potencial para el desarrollo de programas de vivienda”, ingresarán a la cartera del Ministerio de Vivienda o de los gobiernos departamentales correspondientes.
Las autoridades de la Intendencia Municipal de Montevideo fueron consultadas sobre el proyecto y lo respaldaron con informes técnicos. En un escrito, el director general de Planificación de la Intendencia, Juan Pedro Urruzola, opinó que la existencia “de un considerable número de inmuebles abandonados por sus propietarios da cuenta de una profunda irracionalidad social”. Es por eso que el jerarca concluyó que el proyecto planteado por los legisladores es de “alto interés para las políticas urbanas departamentales”.
