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    El INAU fortalece seguridad en centros de reclusión de menores infractores para evitar fugas por su “importante superpoblación”

    Mejorar la seguridad. Ese fue el objetivo que los integrantes del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) se impusieron luego de que el Consejo de Ministros habilitara al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) a recurrir a un régimen de excepción para efectuar contrataciones directas que permitan mejorar la infraestructura de los hogares que albergan a menores infractores y evitar las fugas.

    Mediante esa herramienta, el Sirpa, que funciona como una comisión delegada del Directorio del INAU, contrató a una empresa privada para instalar un cerco perimetral en dos centros abiertos —con menores medidas de seguridad— ubicados en la Colonia Berro, de donde en los últimos tiempos se habían producido fugas. Asimismo, la misma compañía reparará los perímetros de otros hogares ubicados en la Berro.

    “Lo primero que hicimos fue atender la seguridad”, dijo a Búsqueda el director del Sirpa, Robert Alonso, y agregó: “Las fugas si se dan que sea por fallas humanas, pero no puede ser que ocurran por falta de un (cerco) perimetral”.

    La decisión del Sirpa se dio en el marco de un decreto del Poder Ejecutivo que habilita al INAU a la contratación directa sin seguir el mecanismo regular, que obliga a solicitar tres cotizaciones a empresas.

    En el decreto firmado el 4 de octubre, el gobierno señala que existe una “importante superpoblación” en los establecimientos que pertenecen al Sirpa, lo que “responde fundamentalmente a una sensible disminución en el número de las fugas verificadas en los últimos años”.

    En el texto se afirma que “dadas las actuales condiciones de alojamiento y las particularidades del objeto a contratar, no es posible dar cumplimiento” a la exigencia de solicitar tres cotizaciones, “sin que se resienta seriamente el servicio y la atención de los adolescentes internados por disposición judicial”.

    Además, el Poder Ejecutivo señala que se deben encarar “en forma urgente las contrataciones de las obras o servicios necesarios para mitigar la situación actual planteada” y ante la posibilidad de que se apruebe un proyecto de ley que establece modificaciones al Código de la Niñez y la Adolescencia.

    A fines de junio, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento varios proyectos de ley para mejorar la seguridad pública. Uno de ellos establece modificaciones al Código de la Niñez y Adolescencia, creando un régimen especial para los menores que cometen delitos graves. Si se aprueba la iniciativa, la privación cautelar de libertad será preceptiva hasta el dictado de la sentencia definitiva y estas medidas tendrán una duración no inferior a los doce meses. Una vez ejecutada la sentencia de condena, el cese de la privación de libertad solo se podrá solicitar después de cumplida la mitad de la medida impuesta. Además, el proyecto indica que las medidas de privación de libertad deberán ser cumplidas en establecimientos especiales, separados de los adolescentes privados de libertad por el régimen general.

    Esta medida puede llevar a que aumente la cantidad de adolescentes internados, según los cálculos de las autoridades del INAU y trabajadores del organismo.

    El tema preocupaba a los jerarcas del INAU y el Sirpa debido a que hace casi un año que se había presentado un plan con los nuevos centros de reclusión, pero prácticamente no se avanzó en su concreción. Por eso, desde hacía varias semanas, las autoridades del INAU reclamaban al Poder Ejecutivo una medida de excepción para atender la situación de “emergencia” que vive el sistema (Búsqueda Nº 1.674).

    Además de la mejora en seguridad, las autoridades del Sirpa esperan que antes de fin de mes el Ministerio del Interior les entregue el predio de La Tablada —ubicado en el norte de Montevideo— para trasladar allí a los adolescentes más peligrosos y comenzar a reparar el hogar Ser de la Colonia Berro.

    Las obras de refacción en varios hogares de la Colonia Berro, de la Tablada, la adaptación del Batallón Nº9, y en el centro ubicado en Bulevar Artigas y General Flores, permitirán tener unos 300 lugares más para recibir a adolescentes.

    Además, el Sirpa proyecta poner en marcha tres centros regionales en Soriano, Lavalleja y Tacuarembó para atender a 120 adolescentes.

    Capacitación.

    Alonso dijo que con la mejora de la seguridad encaminada, ahora se quiere “apostar a las medidas no privativas de libertad” para mejorar la situación de los adolescentes y evitar que reincidan en los delitos.

    Asimismo, las autoridades iniciaron cursos de capacitación para funcionarios y analizan el trabajo en otros países como Bélgica, Chile y España.

    Alonso informó que con los funcionarios se trabaja en qué tipo de medidas educativas se pueden aplicar, así como tareas de seguridad y formas de convivencia con los adolescentes. A modo de ejemplo, dijo que se les explica los alcances del Código de la Niñez y la Adolescencia porque se encontraron con trabajadores que “no sabían cuáles son los derechos” de los menores.

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