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Algunas organizaciones empresariales y el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT trabajan a contrarreloj para presentar, a fin de mes, los proyectos sobre formación o investigación en negociación colectiva que pretenden desarrollar este año con financiamiento del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), bajo el denominado “literal Ñ”. Tendrán que llenar un formulario para la postulación, presentar toda la documentación de acreditación y los demás requisitos que esta administración estableció en el nuevo reglamento operativo para postular a este apoyo económico, tras las “debilidades” que la Auditoría Interna de la Nación (AIN) encontró en el control de esas partidas y por las que el Poder Ejecutivo resolvió topear.
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Pero mientras los beneficiarios se adaptan a cumplir con los nuevos requisitos publicados por el instituto recientemente, el “fastidio” por la “injusticia” del no reconocimiento de algunos gastos realizados en el pasado, y la afectación de la imagen de los actores sociales, tensionó el ambiente del Consejo Directivo en las últimas semanas, dijeron a Búsqueda fuentes empresariales.
El martes 18 la Cámara de Industrias (CIU), que integra el Consejo Directivo del Inefop, presentó un recurso de “reposición” contra la resolución del instituto que en marzo pasado aprobó el informe final del auditor externo contratado (UHY Gubba & Asociados) para revisar los gastos del “literal Ñ” y reliquidarlos.
Dicha auditoría concluyó no admitiendo gastos por $ 12,5 millones entre los años 2016 y 2019 y otros $ 4,3 millones del 2020 que en total involucran a una docena de instituciones, según surge de la respuesta a una solicitud de acceso a la información realizada por Búsqueda al Inefop.
De acuerdo al resumen de gastos observados por la consultora, la CIU figura con $ 3,9 millones: $ 3,2 millones de 2016-2019 y otros $ 738.000 del 2020.
“La injusticia de no aceptar nuestros descargos se basa en un grave error de interpretación respecto a la actividad de la cámara”, dijo a Búsqueda el presidente de los industriales, Alfredo Antía.
Explicó que los auditores identifican toda la actividad de formación que realiza la CIU como vinculada a negociación colectiva, lo que es “absolutamente incorrecto”. Y aclaró que la “mayoría” de los cursos que dicta la gremial son financiados con recursos propios.
Antía señaló que le “preocupa” que se rechacen los descargos de la cámara “sin abundar en fundamentos e impidiendo defender” sus derechos, lo que “afecta la imagen y trayectoria” de la gremial. Ante ello, informó que el recurso de reposición presentado, en caso de “confirmación del acto, pasa directamente a un Tribunal de Apelaciones en lo Civil”, al ser el Inefop un órgano descentralizado.
El viernes 7 la gremial de industriales ya había rechazado por escrito la respuesta del auditor a sus descargos y solicitado al Inefop la “revisión” de la resolución del Consejo Directivo, informó Antía. En esa oportunidad, la cámara señaló “gruesos errores jurídicos y conceptuales” de UHY Gubba & Asociados y una “injusta valoración” de los argumentos aportados.
Gastos observados
El análisis de la AIN sobre el uso del “literal Ñ” en los últimos años del anterior período de gobierno concluyó que “en su mayoría” las partidas entregadas a organizaciones empresariales y al PIT-CNT se emplearon en “gastos de funcionamiento” (desde pagos por “cenas en local nocturno en la madrugada” hasta “compras en supermercados”, “service de vehículos”, catering y “clínica odontológica”). Y advirtió que no hubo “ningún seguimiento ni evaluación” por parte del instituto, lo que agravó su ya “delicada situación financiera”. El instituto siguió la recomendación de la AIN de suspender los pagos y, además, contrató un consultor externo para revisar las rendiciones de cuenta ya aprobadas y determinar los gastos indebidos, para realizar una “reliquidación” (Búsqueda Nº 2.094 y 2.095).
Tras realizar su informe preliminar, recibir los descargos y la documentación adicional presentada por los actores sociales involucrados en los gastos observados entre 2016 y 2019 (que en primera instancia eran de $ 30,8 millones), el auditor externo terminó no admitiendo un total de $ 12,5 millones que involucraban a una docena de entidades, según la resolución Nº 045/21 del Consejo Directivo del Inefop, del 2 de marzo.
En esa resolución, que será recurrida por la CIU, las instituciones beneficiarias del “literal Ñ” quisieron dejar constancia que a su juicio sus descargos no fueron atendidos, “en la medida en que los gastos estaban todos referidos a la negociación colectiva”, señala el documento.
En el caso del 2020, los gastos observados por el consultor externo fueron por $ 4,3 millones e involucraron a siete instituciones.
Como resultado de la auditoría externa, los montos ya pagados por el Inefop que tras la auditoría no fueron admitidos bajo el concepto de formación o investigación en materia de negociación colectiva generaron un crédito a favor del instituto por $ 16,8 millones.
Pago a cuenta
De acuerdo al detalle que obtuvo Búsqueda, las organizaciones con gastos pagados por el Inefop y que quedarán a cuenta de futuras rendiciones por el concepto del “literal Ñ” son: Cuesta-Duarte (con gastos no admitidos por $ 8,1 millones); la CIU ($ 3,9 millones); la Confederación Uruguaya de Cooperativas ($ 2,2 millones); la Cámara de Comercio y Servicios ($ 865.000); la Cámara de Turismo ($ 651.000); la Cámara de Transporte ($ 409.000); la Confederación Empresarial del Uruguay ($ 213.000); las Cooperativas Agrarias Federadas ($ 106.000); el Centro de Almaceneros, Baristas, Autoservicistas y Afines ($ 102.500); la Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas ($ 48.000); la Liga de la Construcción ($ 28.000); y la Cámara de la Industria de la Construcción del Este ($ 8.000).
Sobre la forma de pago de dichos montos por parte de cada gremial al instituto, el director general del Inefop, Pablo Darscht, indicó que se acordó en el Consejo Directivo que sean “descontados de futuros proyectos” que presenten las respectivas organizaciones.
Agregó que para el año en curso el monto a destinar para la financiación de proyectos por el “literal Ñ” no podrá exceder los $ 37,6 millones, según surge de aplicar el criterio establecido por el gobierno ante la necesidad de incorporar “criterios de mayor eficacia” en los recursos que se otorgan.
En 2019, según el informe de la AIN, el gasto por este concepto había totalizado unos $ 53 millones y en 2020 originalmente tenía aprobado destinar un monto mayor ($ 63 millones).