El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) presentó acciones penales contra el decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República (Udelar), Pablo Martinis, por “varias irregularidades” en su participación en el proceso de la convocatoria de la última edición de los Premios Nacionales de Literatura que otorga la Dirección Nacional de Cultura del MEC, a través del Instituto Nacional de Letras.
La denuncia fue presentada por la Dirección Nacional de Cultura del MEC el pasado viernes 29 de diciembre. El tema fue comunicado directamente por el ministro Pablo da Silveira al rector de la Udelar, Rodrigo Arim, según confirmó Búsqueda.
El objetivo de los Premios a las Letras del MEC es “reconocer e impulsar la calidad literaria de las obras éditas e inéditas de escritores uruguayos” en diferentes modalidades y categorías. Los montos que reciben los autores de las obras premiadas oscilan entre los $ 50.000 y los $ 75.000, y este martes 2 fueron comunicados los ganadores de los premios.
El ministro Da Silveira decidió “no homologar el fallo en la categoría Ensayos de ciencias de la educación (modalidad obra édita) de los Premios Nacionales de Literatura” al comprobar “varias irregularidades” detectadas en el proceso de selección de una obra colectiva en la que participó el decano de la Facultad de Humanidades y que finalmente resultó premiada.
Según un informe de la Dirección Nacional de Cultura “se verificaron varias irregularidades que vician el proceso” de esa convocatoria. Entre ellas, se señala que Martinis, como “coordinador y coautor” de la obra “estaba claramente alcanzado por una de las inhibiciones previstas en las bases” del concurso.
Entre las “limitaciones y restricciones generales”, las bases establecen que “no podrán participar personas vinculadas o involucradas en la gestión” de esta convocatoria “en ninguna de las etapas del llamado, ya sea de forma directa o indirecta”.
En una resolución sobre los fallos de las premiaciones firmada por el ministro Da Silveira, a la que accedió Búsqueda, se señala que este hecho “no fue percibido por los funcionarios de la Dirección Nacional de Cultura, quienes aceptaron la postulación de la obra cuando hubieran debido rechazarla”.
A su vez, la obra premiada “no se incluyó en el listado público” de materiales que competían en su categoría, “lo que privó a los demás participantes de la posibilidad de denunciar la irregularidad”. Pese a no haber sido incluida en ese listado, la obra aparece en “el paquete entregado al tribunal” que finalmente la declaró ganadora.
Por otra parte, “uno de los miembros del tribunal” —la académica Andrea Díaz, profesora grado 5 en Filosofía de la Educación, designada por la Facultad de Humanidades—, “estaba en clara situación de conflicto de interés”, dado que había sido “propuesta” por el decano, según la resolución ministerial, “a pesar de lo cual no se excusó participando de manera directa en la selección de la obra”.
Informado de esta situación, Da Silveira ordenó “remitir copia del informe y documentación presentada al Área Jurídico Notarial” para “informar sobre los antecedentes aportados por la Dirección Nacional de Cultura en cuanto a los presuntos incumplimientos de la normativa vigente, así como sobre las responsabilidades funcionales que eventualmente existan”.
Las obras presentadas para esta convocatoria son evaluadas por un tribunal integrado por tres miembros en cada categoría: uno designado por el MEC, otro por la Academia Nacional de Letras y otro por la Universidad de la República. La Udelar elige a sus jurados a instancias de cada facultad, de acuerdo a las categorías.
En el caso de la categoría Ensayos de ciencias de la educación, el nombre propuesto por Humanidades para integrar el tribunal fue el de la académica Andrea Díaz, según surge de la nómina de nueve docentes designados para representar a la Udelar en los tribunales de los Premios Nacionales a las Letras. En 2022, Díaz había sido excluida de un curso de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) sobre laicidad por diferencias con su evaluación y lecturas propuestas, según informó entonces la diaria.
La nota oficial dirigida por la Facultad de Humanidades a la titular de la Dirección Nacional de Cultura del MEC, Mariana Wainstein, en la que propone los jurados por la Udelar está fechada el 20 de mayo de 2023 y firmada por el decano.
El libro presentado al llamado del ministerio, en el que participó Martinis como compilador, se llama ¿Se acabó el recreo? El proyecto educativo conservador. Su contenido es crítico con la llamada transformación educativa en curso, impulsada por la ANEP y apoyada por el MEC. Martinis escribió también la introducción y el cierre de la obra.
En la presentación de la obra deben acreditarse dos cartas: una firmada por cada autor en la que autoriza su participación en calidad de coautor, y una declaración jurada en la que asegura que no cae en ninguna de las causas de inhibición previstas en las bases. En su declaración jurada, fechada el 5 de junio de 2023, Martinis expresó ser “autor” de la obra édita ¿Se acabó el recreo?, inscripta en la convocatoria Premios a la labor literaria e intelectual-Premios Nacionales de Literatura en la categoría Ensayo de ciencias de la educación. Asimismo, el decano declaró no encontrarse “comprendido dentro de las inhibiciones, prohibiciones y limitaciones” previstas en las bases, acorde al artículo 239 del Código Penal.
La Dirección Nacional de Cultura del MEC decidió emprender la acción penal contra el decano por entender que “formó parte de manera decisiva” del proceso de la convocatoria y así “faltó a su palabra” en la declaración jurada, lo que es un delito previsto en el Código Penal. Desde el MEC negaron cualquier “afán persecutorio” contra Martinis. Sostuvieron que se trató de “una acción ineludible” de parte de los funcionarios obligados por ley a denunciar el caso. Dijeron que tampoco es el único denunciado por el MEC en esta edición.
Además el ministerio señaló “conflicto de interés” en la actuación de la integrante del jurado propuesta por Humanidades, por Díaz, al entender que “debió excusarse de evaluar el libro en el que participó su jefe”, por Martinis. “Sin embargo, no lo hizo y, con su voto, el libro ganó el premio”, argumentaron desde el MEC.
La denuncia penal es una medida que en el entorno universitario consideran “excesiva” y “salida de contexto”, que, en todo caso, la achacan a “un malentendido”. Argumentaron que el decano no propone los nombres de los integrantes de los tribunales sino que consulta a las unidades académicas y que luego comunica las designaciones. Otras fuentes adjudicaron “intencionalidad política” en la acción ministerial.
Consultado por Búsqueda, tanto Da Silveira como Arim y Martinis —los tres se encuentran de licencia— se excusaron de hacer declaraciones públicas en esta instancia. La Facultad de Humanidades está “en consultas” con la Dirección Jurídica de la Universidad para hacerse con “todos los insumos” del caso.
En este período de gobierno, Martinis —que fue el responsable de la Dirección Sectorial de Planificación Educativa de la ANEP durante el primer gobierno del Frente Amplio, entre 2007 y 2010— ha sido especialmente crítico de la conducción educativa en temas como el del reconocimiento a la formación docente promovida oficialmente por el MEC, que es uno de los ejes centrales de la agenda del gobierno de la educación, según Da Silveira.
