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Un total de 7.483 educadores de primaria, primera infancia y profesores de enseñanza media llenaron el formulario que los habilitará a participar en la Prueba de Reconocimiento Universitario de la Formación Docente, promovida por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), para rendir en diciembre. Los educadores que aprueben la evaluación recibirán la certificación de licenciado en Pedagogía y así obtendrán el reconocimiento universitario de su formación.
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La cifra de inscriptos a esta prueba gratuita, llamada Docente Acreditado, representa a casi una cuarta parte de los educadores en ejercicio. A los docentes que ya cuentan con maestrías o doctorados se les reconocerá su calidad de universitarios sin necesidad de examinarse y aquellos que no aprueben el escrito, elaborado por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed), podrán seguir ejerciendo su profesión sin la acreditación del título.
Este mecanismo para el reconocimiento universitario de la formación docente deriva de una “doble certificación” de títulos expedidos por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), el organismo que tiene competencia constitucional para hacerlo –como ente autónomo a cargo de la formación de los educadores–, y el MEC, con potestad de emitir títulos universitarios, a partir de la llamada Ley de Urgente Consideración (LUC) y de una reglamentación instrumentada por el Poder Ejecutivo. Se trata de uno de los ejes centrales de la agenda del gobierno en educación, según el ministro Pablo da Silveira.
La iniciativa oficial implica en los hechos una respuesta a las propuestas frustradas del Frente Amplio de plasmar un instituto universitario de educación y luego una universidad de la educación, al no alcanzar las mayorías especiales requeridas en el Parlamento para la creación de un nuevo ente autónomo. Para superar el bloqueo político y lograr que la formación docente tenga un carácter universitario es que la actual administración planteó esta alternativa de certificación de títulos, gestionada entre el MEC y la ANEP.
No obstante, esta vía es resistida por un número importante de docentes, políticos y académicos, que así lo hicieron saber en una carta pública divulgada semanas atrás, por entender que está “muy lejos” de saldar el reclamo histórico de los educadores.
Entre quienes tienen esa postura está el decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE) de la Universidad de la República (Udelar), Pablo Martinis, para quien la alternativa planteada por el actual gobierno es una “mala solución” para la construcción de una formación docente universitaria de calidad.
“La propuesta del MEC es una mala solución porque no interviene en el proceso de formación de los docentes, sino que establece un procedimiento evaluatorio discutible, limitándose a la certificación de los conocimientos”, dijo a Búsqueda Martinis, que también fue el máximo responsable de la Dirección Sectorial de Planificación Educativa de la ANEP durante el primer gobierno del Frente Amplio, entre 2007 y 2010.
El decano argumentó que el mecanismo instrumentado presenta varios niveles de dificultad. “Primero, porque el MEC ingresa en un ámbito de definiciones de política de formación que no está dentro de las competencias que la Constitución y la ley le asignan”, afirmó. A su vez, siguió, “porque se le está pidiendo a otro instituto, que no es universitario –como el Ineed– que valore en una prueba única si las personas que postulan poseen efectivamente nivel universitario. Además, “esto se hace sin considerar aspectos vinculados a la investigación y la extensión universitaria”. Por todo esto, concluye que “es un instrumento muy débil para acreditar la formación de los docentes, y menos de carácter universitario”.
“Termina siendo un procedimiento administrativo que tampoco resuelve el tema de fondo, y envía un mensaje pésimo a la comunidad educativa”, dijo, y subrayó que “no se construye institucionalidad universitaria por decreto”.
Martinis cuestiona la decisión de recurrir a un instituto internacional en este proceso. “¿No hay en el Uruguay un acumulado universitario público en políticas formativas para aportar en este sentido? ¿Tenemos que ir a buscarlo a un instituto internacional?”, se preguntó. Su planteo refiere a la “asistencia técnica” que recibió el instituto evaluador uruguayo de su par colombiano para el diseño de la prueba.
Propuesta
El decano de Humanidades cuestionó “especialmente” que el Poder Ejecutivo no haya explorado una “articulación” con el sistema universitario público, con la Udelar o la Universidad Tecnológica del Uruguay. Así el gobierno apartó la posibilidad de que participen las instituciones terciarias que tienen la competencia para expedir títulos universitarios, según la Constitución y la ley, dijo Martinis, lo cual consideró “absolutamente incomprensible”.
La posición de la Udelar es la de apoyar y ser parte de construcción de un sistema terciario público de calidad que incluya la formación de docentes y de educadores, sostuvo su representante, doctor en Ciencias Sociales (Flacso) y grado 5 del Instituto de Educación de su facultad, que además integra el Sistema Nacional de Investigadores.
Martinis explicó a Búsqueda que la universidad “apuesta a una colaboración con la ANEP”, a través del Consejo de Formación en Educación (CFE), a fin de “explorar la posibilidad de avanzar en conjunto” para el reconocimiento de títulos universitarios en formación docente. En concreto, planteó un “acuerdo entre la ANEP y la Udelar, con base en la tradición institucional” de ambos entes autónomos de la enseñanza. Citó planes y programas conjuntos que funcionan “muy bien” y avalan su propuesta. La idea es “conjugar las dos tradiciones institucionales más ricas del país en la formación de los planteles docentes, en la búsqueda de caminos alternativos” al propuesto por el gobierno, indicó, “apostando a la colaboración y no a la competencia”.
“La educación pública debe cooperar entre sus propios entes autónomos, lo que no incluye al MEC”, apuntó, y añadió que ya está a discusión de la Asamblea General del Claustro de la universidad un plan de estudios de carácter universitario de formación en educación como “un camino sustentable en el mediano plazo”.
“Discusión entre izquierdas”
Entretanto, el consejero electo por los docentes en el Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP, Julián Mazzoni, confirmó a Búsqueda que presentará en los próximos días un recurso de inconstitucionalidad contra el mecanismo que activó la LUC, que le dio al gobierno la posibilidad de acreditar como universitaria la formación docente.
Frente a los cuestionamientos, las autoridades educativas defienden que el MEC respeta “escrupulosamente la autonomía de ANEP”. El director de Educación del ministerio, Gonzalo Baroni, afirmó que los docentes y no docentes que cuestionan el mecanismo implementado por el gobierno responden a “cierto grupo que estuvo y que está asociado al Frente Amplio”, y que estos “no pudieron ni crear una universidad de la educación” ni institucionalizar un cambio en la formación docente del país.
En respuesta a las críticas del decano Martinis, el director de Educación del MEC replicó: “¿Por qué la Facultad de Humanidades no crea una carrera de formación docente?”.
Más allá de la discusión política, que el profesor tenga un título terciario mejora en promedio los resultados de lectura de los liceales, según el último informe Aristas Media del Ineed. “Los estudiantes cuyos docentes de Literatura o Idioma Español tienen educación terciaria completa obtienen en promedio resultados más altos en las pruebas de lectura que aquellos cuyos docentes no culminaron la educación terciaria o tienen educación media completa como máximo nivel educativo alcanzado”, señala.
El informe agrega que “en el caso de que el docente tenga posgrado –completo o incompleto–, este efecto es aún mayor”.
